Eustorgio Martínez Martínez

Expediente 733/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
733/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Eustorgio Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. ... NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y A LOS TERCEROS INTERESADOS.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 733/2023, promovido por ******************** e********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de ******************** e********************, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlos de la libertad personal, pues refieren que existe una orden de aprehensión dictada en su contra. Por ello, estiman que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, del informe justificado que rindió el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, se desprende que en la causa penal ********************, de su estadística, se libró orden de aprehensión en contra de ******************** e********************, como probables responsables en la comisión del hecho que la Ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Asimismo, en la audiencia inicial celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, se vinculó a proceso al quejoso ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la Ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Por otro lado, en la audiencia de ampliación de término constitucional celebrada el dos de octubre de la presente anualidad, dentro de la causa penal ********************, se vinculó a proceso a la quejosa********************, por su probable comisión en el delito delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, asimismo, se le impuso las medidas cautelares de presentación periódica y la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. El quejoso señaló como autoridades responsables a las siguientes: Juez de Control del Distrito Judicial de Cuicatlán, en el Estado de Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de la Villa de Etla, con sede en San Francisco Tanivet. Juez de Control del Distrito Judicial de Ejutla, Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Como acto reclamado: la orden de aprehensión, dictada en sus contras, así como la ejecución de dicho mandamiento de captura. La demanda quedó registrada con el número ********************y fue admitida el veinte de julio de la presente anualidad; asimismo, se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se acumuló el juicio de amparo ********************de la estadística de este juzgado, al expediente en que se actúa. La audiencia constitucional tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, las partes quejosas reclaman de las autoridades responsables, lo siguiente: La orden de aprehensión, dictadas en sus contras. La ejecución de dicho mandamiento de captura. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables, negaron la existencia del acto reclamado, como se advierte del cuadro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME JUSTIFICADO Juez de Control del Distrito Judicial de Cuicatlán, en el Estado de Oaxaca Negó el acto reclamado Juez de Control del Distrito Judicial de Ejutla, Oaxaca. Negó el acto reclamado Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Negó el acto reclamado En ese contexto, si los inconformes no desvirtuaron la negativa que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto dichas responsables. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, la autoridad responsable Juez de Control de San Francisco Tanivet, Oaxaca, aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, en virtud que refirió que en la causa penal ********************, de su estadística, se libró orden de aprehensión en contra de ******************** e********************, como probables responsables en la comisión del hecho que la Ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Informó que en la audiencia inicial celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, se vinculó a proceso al quejoso ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la Ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Asimismo, que en audiencia de ampliación de término constitucional, celebrada el dos de octubre de la presente anualidad, dentro de la causa penal ********************, se vinculó a proceso a la quejosa********************, por su probable comisión en el delito delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, asimismo, se le impuso las medidas cautelares de presentación periódica y la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares. VII. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, es procedente estudiar las causales de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la orden de aprehensión atribuida al Juez de Control de San Francisco Tanivet, Oaxaca, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que de las constancias existentes en este juicio de amparo, se advierte que: ? El treinta de junio de dos mil veintitrés, se emitió la orden de aprehensión en contra de los quejosos, en la causa penal ********************, por su probable participación en la comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. ? En la audiencia inicial celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, se vinculó a proceso al quejoso ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la Ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. ? Así también, en la audiencia de ampliación de término constitucional celebrada el dos de octubre de la presente anualidad, dentro de la causa penal ********************, se vinculó a proceso a la quejosa********************, por su probable comisión en el delito delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, asimismo, se le impuso las medidas cautelares de presentación periódica y la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares. En ese orden de ideas, se actualizó un cambio de situación jurídica, que hace improcedente este juicio de amparo, por lo siguiente: Al dictarse auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, a ambos quejosos y la imposición de las medidas cautelares únicamente a********************, consistentes en la presentación periódica y la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen al acto reclamado, orden de aprehensión y su ejecución, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución, por no reclamarse por vicios propios, atento a la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 163-168 Primera Parte, Séptima época, visible en la página 134, con registro 232437, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS". VIII. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** e********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en los apartados V y VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexos señalados en la cuenta, por medio del cual el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, informa que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se llevó acabo la audiencia inicial en la causa penal*** de su estadística, mediante el cual**, solicitó se resolviera su situación jurídica, por tanto, fue vinculado a proceso por el hecho que la ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además, no se le impuso alguna medida cautelar. Por otro lado, informa que ********************solicitó la ampliación del término constitucional, por tal motivo, señaló las nueve treinta horas del dos de octubre de dos mil veintitrés, para su desahogo, mediante el cual fue vinculada a proceso por el hecho que la ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además, se le impuso las medidas cautelares de presentación periódica y el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. En consecuencia, téngase al Juez de Control informando el cambio de situación jurídica de **************. Por otro lado, agréguese el oficio de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa que el dos de octubre de dos mil veintitrés, la quejosa ********************fue vinculada a proceso por el hecho que la ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además, se le impuso las medidas cautelares de presentación periódica y la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares. Finalmente, téngase a la Representación Social informando el cambio de situación jurídica de la quejosa ********************. NOTIFÍQUESE.

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