Eustacio Pérez García

Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
659/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Eustacio Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente, con esta fecha se ordenó su archivo como definitivo; asimismo, que mediante interlocutoria pronunciada el once de septiembre de este año, por una parte se concedió y por la otra se negó la suspensión definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto por una parte se concedió y por la otra se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es conservable hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General. III. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. V. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 659/2023, promovido por ********************, contra el acto de las autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico en este asunto consiste en analizar la omisión de dar respuesta al escrito donde solicitó la devolución del automóvil tipo ********************, marca ********************, línea********************, modelo********************, número de serie ********************, placas de circulación ********************del Estado de Oaxaca; y si con ello se transgrede el derecho tutelado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la Policía Municipal de San Juan Bautista Atatlahuca, le quitó el automóvil tipo ********************, marca ********************, línea********************, modelo********************, número de serie ********************, placas de circulación ********************del Estado de Oaxaca; por lo que acudió ante la autoridad municipal para pedirle de manera verbal le fuera devuelto el citado vehículo, y al hacerle caso omiso, fue que presentó un escrito el uno de mayo de dos mil veintitrés, solicitando se lo devolvieran; argumenta el quejoso que hasta el día de la presentación de la demanda dicho escrito no le había sido respondido ni mucho menos le notificaron esa respuesta. Es por ello que acude a esta instancia constitucional en defensa de su derecho de petición. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, y turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en esa misma fecha. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, registró la demanda con el número 487/2023, se declaró impedido para conocer de la referida demanda y ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este mismo circuito en turno, para que calificara los hechos y determinara la procedencia del impedimento planteado. Mediante ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el impedimento 19/2023 planteado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, calificó de legal dicho impedimento. La demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional el treinta de junio de dos mil veintitrés, donde quedó registrada con el número 659/2023, se aceptó la competencia; se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto atribuido al Síndico y Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Atatlahuca, Etla, Oaxaca, y como acto reclamado, la violación a su derecho de petición al no dar contestación a su escrito de petición, presentado el uno de mayo de dos mil veintitrés, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se había atendido; asimismo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El quejoso señaló como derecho fundamental violado el contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades responsables tienen su residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: "La negativa a darle contestación a su escrito presentado el uno de mayo de dos mil veintitrés, donde solicita la devolución del vehículo tipo ********************, marca ********************, línea********************, modelo ********************y número de serie ********************, placas de circulación ********************del Estado de Oaxaca." De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza del citado acto reclamado, en relación con las autoridades responsables. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir sus informes justificados, el Síndico y Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Atatlahuca, Etla, Oaxaca, negaron el acto que se les atribuyó, agregando que mediante oficio 23/2023 de veinticuatro de mayo del año en curso, la autoridad municipal dio contestación al escrito del aquí quejoso ********************, lo cual le fue notificado el diecinueve de septiembre del año que transcurre, por conducto de su autorizado ********************; por tanto, se tiene por cierto el acto aquí reclamado. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito18, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de esa actuación se patentiza con la constancia que remitió la autoridad responsable y que se ordenó agregar en esta propia fecha, a la que se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2º. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclamó la omisión de dar respuesta al escrito donde solicitó la devolución del automóvil tipo ********************, marca ********************, línea********************, modelo********************, número de serie ********************, placas de circulación ********************del Estado de Oaxaca, el cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se había atendido. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que las autoridades municipales, el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dieron contestación a la petición del aquí quejoso, lo cual le fue notificado al impetrante del amparo hasta el diecinueve de septiembre del año que transcurre, por conducto de su autorizado ********************, a través de la cual, le informaron que dicho vehículo no se encuentra a su disposición ni resguardo, sino a disposición de la Fiscalía General del Estado dentro de la carpeta de investigación ********************, por lo que deberá acudir ante dicha dependencia a realizar los trámites correspondientes para la devolución del referido vehículo. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión de dar respuesta a una petición formulada el uno de mayo de dos mil veintitrés, la cuál, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se le había dado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberle dado respuesta a su petición, se destruyeron los efectos de lo reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la negativa ficta aducida no hubiera existido, pues ya no existe silencio por parte de la autoridad, sino que está ya se pronunció sobre la solicitud de la parte quejosa, lo que ya no se estima que invade la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte afectada al promover el juicio de amparo, era que cesara el silencio de la responsable en relación a que se le diera respuesta a su petición, lo cual, se satisfizo, toda vez que el veinticuatro de mayo del año en curso, la autoridad responsable dio respuesta a la referida petición, lo cual le fue notificado el diecinueve de septiembre del año que transcurre por conducto de su autorizado ********************. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" No pasa inadvertido que en el caso, no se requirió al quejoso para que ampliara su demanda en relación a la respuesta dada por la autoridad, pues se estima que dada la naturaleza de la contestación, a nada practico conduciría, pues el vehículo se encuentra a disposición de la autoridad ministerial por la investigación de la comisión del posible hecho constitutivo del delito en la carpeta de investigación ********************; lo que constituye actos desvinculados de los reclamados en este juicio; aunado a que, se le hizo saber que puede acudir ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a solicitar la devolución del vehículo. VII. DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto atribuido a la autoridad responsable, en términos de lo razonado en el apartado VI de este fallo constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual, ********************, quien aduce acudir en representación de las autoridades responsables, sin que se le haya designado como delegado ni acredite dicha representación, pretende cumplir con el requerimiento formulado a dichas autoridades el pasado trece de septiembre; no obstante, no cumple dicha prevención en virtud que solamente acompaña copia simple de la documental solicitada. Por tanto, con apoyo en lo establecido en el artículo 143 de Ley de Amparo, en relación con el diverso 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este proveído, remitan copia certificada, donde se acredite que el aquí quejoso quedó legalmente enterado del contenido del oficio 23/2023 de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, o en su caso del diverso 83/2023 de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento que tengan para ello, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. NOTIFÍQUESE.

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