Eustolia Rojas Hernández
Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eustolia Rojas Hernández
- ABRAHAM RÍOS ROJAS y Otros.
- Edgar Ríos Rojas
- EUSTOLIA ROJAS HERNÁNDEZ y Otros.
- Abraham Ríos Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso de la quejosa Eustolia Rojas Hernández, mediante el cual, solicita copia certificada del informe justificado rendido por la autoridad responsable; así como, la devolución de las documentales que exhibió como pruebas en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza expedir copia certificada de la documental que solicita, misma que será entregada previa identificación de las personas que autoriza para recibirla y razón de entrega que se deje en autos para debida constancia; también, se indica a la parte quejosa que dicha copia, podrá ser obtenida una vez que reanude actividades el centro de fotocopiado que presta servicio a este edificio sede del Poder Judicial de la Federación, el cual se encuentra temporalmente suspendido. Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, con el usuario y haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel) tiene acceso al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para poder consultar el expediente electrónico generado el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto. Aunado a lo anterior, de la consulta al expediente electrónico puede obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/202012, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, debido a que tales documentos electrónicos cuenta con evidencia criptográfica de los firmantes", por lo que se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por otro lado, en relación a la devolución de las documentales que solicita, hágase saber a la parte quejosa que mediante diligencia respectiva, se autoriza la devolución de las mismas a las personas que autoriza para tal efecto, previa copia certificada que se deje en autos, identificación y razón de entrega. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 602/2021, promovido por ********************en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES ********************aducen ser la primera concubina y los restantes hijos del extinto ******************** y/o Juan Ríos Ruiz. Por citatorios de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, signados por el Alcalde Constitucional de San Agustín Etla, Oaxaca, requirió la comparecencia de Eustolia Rojas Hernández y Abraham Ríos Rojas, en el predio denominado "El Chillar", ubicado en privada de independencia número 15, en San Agustín Etla, Oaxaca, propiedad de la ciudadana Edna Guadalupe Ríos Piza, el día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno a las dieciocho horas, solicitando acreditaran su derecho de propiedad del referido inmueble, con el objetivo de llevar a cabo una "diligencia relacionada con dicho predio". TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Dicho libelo constitucional se turnó el mismo día a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 602/2021; se admitió a trámite el treinta y uno de mayo siguiente; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa reclama del Alcalde Único Constitucional de San Agustín Etla, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca, lo siguiente: La diligencia de apeo y deslinde que la autoridad responsable de uno de junio de dos mil veintiuno en el predio ubicado en privada de independencia número 15 en San Agustín Etla, Oaxaca. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Alcalde Único Constitucional de San Agustín Etla, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado atribuido por los quejosos Eustolia Rojas Hernández, Abraham Ríos Rojas y Edgar Ríos Rojas. En dicho informe, la citada responsable señaló que efectivamente giro dos misivas a Eustolia Rojas Hernández y Abraham Ríos Rojas con el fin de solicitarles su presencia en el predio denominado el chilar ubicado en privada de independencia número 15 en San Agustín Etla, Oaxaca, propiedad de Edna Guadalupe Ríos Piza, a las dieciocho horas del jueves de veintisiete de mayo del actual con el fin de realizar una diligencia de deslinde en el referido predio. Dicha diligencia refiere fue solicitada por la ciudadana Edna Guadalupe Ríos Piza; sin embargo, por la oposición que manifestaron los aquí promoventes del amparo, no se llevó a cabo en la fecha antes señalada (veintisiete de mayo de dos mil veintiuno), por lo que la responsable, solicitó a las partes que al ser familiares llegaran a un acuerdo, y una vez hecho lo anterior, se lo hicieran saber, sin que a la fecha de la presentación de su informe justificado las partes involucradas hayan solicitado nuevamente la diligencia en cuestión. Bien, la parte quejosa para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, ofertó las documentales siguientes: Copia certificada del acta de defunción del finado Juan Ríos Ruiz, expedida por el Oficial del Registro Civil de la Villa de Etla, Oaxaca. Copia certificada de las anotaciones marginales del registro 322 de veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y cinco. Originales de los citatorios con número de oficios PMSAE/AQM/047/2021 y PMSAE/AQM/050/2021 de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Alcalde Constitucional de San Agustín Etla, Oaxaca, dirigido a dos de los peticionario de amparo de nombres Eustolia Rojas Hernández y Abraham Ríos Rojas. Copia simple de las credenciales para votar de los solicitantes del amparo Eustolia Rojas Hernández, Abraham Ríos Rojas y Edgar Ríos Rojas. Copia simple de un recibo de impuesto predial folio 0260354 a nombre de ******************** respecto de predio ubicado en "sitio solar" en San Agustín Etla, Oaxaca. Placas fotográficas insertas en el escrito de alegatos registrado con folio 9621. Dichos documentos resultan jurídicamente insuficientes por sí solos para desvirtuar la negativa de la autoridad señalada como responsable a la que se le atribuye una diligencia de apeo y deslinde de uno de junio de dos mil veintiuno, practicada sobre el predio denominado "El Chillar", ubicado en privada de independencia número 15, en San Agustín Etla, Oaxaca, el cual aducen ser poseedores. Tocante a la documentales precisadas en los incisos a) y b), aun valoradas a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como se adelantó no desvirtúan la negativa de las autoridades responsables, ya que de las primeras documentales, sólo acreditan lo que ahí se contiene. Es decir, la fecha, lugar, destino y motivo del fallecimiento del extinto Juan Ríos Ruiz (acta de defunción), así como el que el entonces Juez Registrador de Etla, Oaxaca, el veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y cinco, realizó el registro 322/965 relativo a un acto de compraventa entre Joaquín Ríos Pacheco (vendedor) y Ricardo Ruiz Alcántara, quien compra para el menor de catorce años de edad ********************, respecto a un "sitio solar" con ubicación en el distrito judicial de Etla, Oaxaca (acta de registro). Respecto a los originales de los citatorios con número de oficios PMSAE/AQM/047/2021 y PMSAE/AQM/050/2021 de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Alcalde Constitucional de San Agustín Etla, Oaxaca, dirigido a dos de los peticionario de amparo de nombres Eustolia Rojas Hernández y Abraham Ríos Rojas, de misma manera, solo acredita lo ahí expuesto; es decir, que el aludido alcalde solicitó su comparecencia para realizar una diligencia de deslinde a petición de Edna Guadalupe Ríos Piza. Las documentales que en copia simple exhiben los quejosos, señaladas en los incisos d) y e), aún valoradas en términos del numeral 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solo acreditan de manera indiciaria que son ciudadanos mexicanos, con credencial para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, con domicilio ubicado en calle independencia 16, colonia Centro, código postal 68247, en San Agustín Etla, Oaxaca. Así como la presunción que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se realizó el pago de impuesto predial respecto de un "sitio solar" ubicado en San Agustín Etla, Oaxaca, a nombre de Ríos Ruiz Juan Roque. Finalmente, las placas fotográficas insertas en el escrito registrado con folio 9621, de cuyo contenido únicamente se advierten diversas personas reunidas en un predio, los cuales aducen los quejosos, corresponden a la ejecución de los actos reclamados; sin embargo, al carecer de certificación de funcionario facultado para ello, en relación con la localización y fecha del evento citado, así como de los funcionarios que en ellos intervienen, con fundamento en el artículo 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo se les otorga valor indiciario, insuficiente para acreditar la existencia de los actos reclamados señalados, pues los hechos que aparentemente describen, no permiten evidenciar que efectivamente se trate de los actos combatidos, ordenados por las responsables o ejecutados por ellas, en el lugar y fecha que indican los quejosos y menos aún, que la autoridad aquí señalada como responsable lo haya ordenado o ejecutado. Es aplicable, por el criterio que contiene, la tesis sin número, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 284, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, que dispone: "FOTOGRAFÍAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo." Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe mencionar que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por ende, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad y acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Bien, no obstante que en el presente asunto quedó probada la inexistencia del acto que se le atribuye a la autoridad responsable, los solicitantes del amparo no exhibieron documento alguno que acredite algún derecho de posesión y/o propiedad sobre el inmueble que refieren poseer. De igual forma, no obsta el hecho que los solicitantes bajo protesta de decir verdad, aduzcan que son cónyuge e hijos respectivamente del extinto ******************** y que el inmueble en cuestión es de su propiedad, porque se encuentra en trámite el juicio sucesorios intestamentario de bienes de su padre finado; empero, dicha circunstancia no acredita, derecho de propiedad alguna sobre dicho bien. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 3a./J. 27/90 de la entices Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************en términos del apartado V de esta resolución. Notifíquese personalmente
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