Eusebio Bonilla Carrillo

Expediente 336/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
336/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Eusebio Bonilla Carrillo
  • Fiscal General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido y firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, por medio del cual, hace del conocimiento que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************la cual dio origen al juicio de amparo ********************de su índice; asimismo, solicita se le informe si se encuentra escrito pendiente de acordar, en específico, alguno en el que el quejoso o su defensor, hayan interpuesto recurso en contra del auto por el que se desechó la demanda. Al respecto, se tiene por hecha tal comunicación de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, hágase del conocimiento del homólogo oficiante, que al día en que se recibe el oficio que se atiende, no existe ocurso alguno pendiente de proveer. Notifíquese: por oficio al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad y por lista a la parte quejosa, así como a su defensor.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, que se remitieron en atención al proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés, con motivo del conocimiento previo planteado asimismo, informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para seguir conociendo de la demanda que promovió ******* por propio derecho. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora bien, el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, el juzgado de distrito de mérito aceptó la competencia que le fue declinada para seguir conociendo del juicio de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otro lado, de la certificación a que alude la cuenta se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de los cuales, envía la respuesta a la consulta formulada por este órgano jurisdiccional para dilucidar qué Juzgado debe conocer del juicio en que se actúa; de la que se advierte que determinó que le corresponde al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en esta Ciudad, el conocimiento del presente asunto. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, previo cuaderno de antecedente remítase al Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, los autos originales del juicio de amparo en que se actúa para que provea lo conducente y solicítese atentamente que de no tener inconveniente legal alguno ordene a quien corresponda expida a la brevedad el acuse de recibo respectivo. Notifíquese: por oficio al Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad y, por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se provee: se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en autos a la parte quejosa, en relación a que en caso de ser omisa en aclarar su escrito de demanda, únicamente se analizaría la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta respecto de los siguientes actos reclamados: La omisión de ejercer acción penal en contra de Alberto Rodríguez Ordoñez, y/o José Alberto Rodríguez Gil, Alan Omar Rodríguez Rivas y/o Omar Rodríguez Montes de Oca, (alias el alacrán), Ofelia Rodríguez Ordoñez, Patricia Rodríguez Ordoñez, Luisa Génesis Zavala Rodríguez, Brenda Galilea Aguilar Gómez, José Manuel Saucedo Ortiz (alias el 50), por los delitos de: falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, privación de la libertad, lesiones, robo, y ataque peligroso con arma de fuego, así como la omisión de informar al centro estatal de medidas cautelares del Estado de México (el riesgo de peligrosidad de sustracción de la acción de la justicia de los hoy imputados). Los proveídos de veintitrés de junio y cinco de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictados en la causa de control 210/2020, del índice de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en los que se le negó el carácter de víctima al quejoso. En ese sentido se precisa que Eusebio Bonilla Carrillo solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por los actos reclamados que enseguida se precisan: Autoridad responsable Fiscal General para la atención de delitos vinculados a la Violencia de Género, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Director General del Centro Estatal de Medida Cautelar del Estado de México. Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Actos reclamados La omisión de ejercer acción penal en contra de Alberto Rodríguez Ordoñez, y/o José Alberto Rodríguez Gil, Alan Omar Rodríguez Rivas y/o Omar Rodríguez Montes de Oca, (alias el alacrán), Ofelia Rodríguez Ordoñez, Patricia Rodríguez Ordoñez, Luisa Génesis Zavala Rodríguez, Brenda Galilea Aguilar Gómez, José Manuel Saucedo Ortiz (alias el 50), por los delitos de: falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, privación de la libertad, lesiones, robo, y ataque peligroso con arma de fuego, así como la omisión de informar al centro estatal de medidas cautelares del Estado de México (el riesgo de peligrosidad de sustracción de la acción de la justicia de los hoy imputados). Los proveídos de veintitrés de junio y cinco de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictados en la causa de control 210/2020, del índice de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en los que se le negó el carácter de víctima al quejoso. Improcedencia de la Demanda No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese sentido, en cuanto al primero de los actos reclamados que señaló la parte quejosa como la omisión de ejercer acción penal por parte del agente responsable, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Así las cosas, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar, que aún en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En el caso concreto, la parte quejosa promueve demanda de amparo en contra de los actos reclamados, consistentes en: La omisión de ejercer acción penal en contra de Alberto Rodríguez Ordoñez, y/o José Alberto Rodríguez Gil, Alan Omar Rodríguez Rivas y/o Omar Rodríguez Montes de Oca, (alias el alacrán), Ofelia Rodríguez Ordoñez, Patricia Rodríguez Ordoñez, Luisa Génesis Zavala Rodríguez, Brenda Galilea Aguilar Gómez, José Manuel Saucedo Ortiz (alias el 50), por los delitos de: falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, privación de la libertad, lesiones, robo, y ataque peligroso con arma de fuego, así como la omisión de informar al centro estatal de medidas cautelares del Estado de México (el riesgo de peligrosidad de sustracción de la acción de la justicia de los hoy imputados). Sin embargo, contra tales actos, el quejoso se encuentra obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." (Lo resaltado no es de origen) Sobre este tópico la Primera Sala del Alto Tribunal ha señalado que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido -como en el caso lo es la quejosa- puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado. La propia Sala ha establecido que los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde a los jueces de control resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Las anteriores consideraciones están contenidas en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro y contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por otra parte, se considera que en relación con el segundo de los actos reclamados consistente en los proveídos de veintitrés de junio y cinco de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictados en la causa de control 210/2020, del índice de la jueza responsable en los que se le negó el carácter de víctima al quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los siguientes casos de excepción. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Así, de la lectura del escrito demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que le fueron notificados los proveídos de veintitrés de junio y cinco de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictados por las autoridades responsables, el día de su publicación en el boletín judicial, es decir, el veinticuatro de junio y seis de julio, todos de dicha anualidad. Lo cual, se acredita con el dicho de la parte quejosa, ya que por el simple hecho de haberlo manifestado en su escrito aclaratorio, constituye una confesión expresa con valor pleno que causa certeza en virtud de la firma que lo calza. Lo anterior hace prueba plena en contra del solicitante de amparo, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Al respecto, es aplicable, la jurisprudencia P./J.12/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, para computar el término de quince días que concede la Ley de Amparo para interponer la demanda correspondiente, debe acudirse a la ley que rige el acto reclamado, esto es, al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 82, de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal de conformidad con su numeral 8, la cual señala: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." En ese tenor, atendiendo a la normativa en comento, cabe decir que el quejoso manifestó que fue notificado por boletín de ambas resoluciones que por ésta vía combate, el veinticuatro de junio y seis de julio, todos de dos mil veintiuno; en consecuencia, atendiendo al precepto antes citado, el término con el que contaba el quejoso para interponer demanda de amparo se computa de la siguiente manera: El veinticinco de junio y el siete de julio del año dos mil veintiuno, surtieron efectos las notificaciones por boletín judicial. Consecuentemente, el término para interponer la demanda de amparo respecto del primer proveído inició el veintiocho de junio, y feneció el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de julio, todos del dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles. Por su parte, en relación con el segundo proveído, el término para interponer la demanda de amparo inició el ocho de julio, y feneció el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de julio, todos del dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles Ahora bien, considerando los datos antes narrados y que el solicitante del amparo presentó su demanda de manera electrónica el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, se concluye que la demanda de amparo es evidentemente extemporánea. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el solicitante del amparo, al no haber sido impugnado por esta vía constitucional dentro del término legal de quince días. Es indudable si se toma en cuenta que ese hecho de ninguna manera podría ser desvirtuada con algún medio de prueba que eventualmente ofreciera la parte quejosa durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia de mérito, que prevé el artículo 61, fracciones XIV y XX, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: personalmente al quejoso por conducto de su autorizado, y al defensor público Tomás Cruz Loredo.

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