Eulalio Bolaños López

Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
696/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Eulalio Bolaños López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se sobreseyó fuera de audiencia. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se provee: con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo queda firme, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos que se estimen de interés o de valor para la parte quejosa y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, por medio del cual remite las constancias de notificación a las partes del laudo dictado en el expediente J.8/900/2012, lo anterior en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once del mes y año en curso; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, este órgano advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la omisión de dictar laudo en el expediente J8/900/2012, del índice de la autoridad responsable, y notificarlo a las partes. Sin embargo, conforme a las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, se advierte que el seis de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó el laudo correspondiente en el expediente J8/900/2012, de su índice, y lo notificó a las partes. Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo que ordenara a la autoridad responsable dictar laudo en el expediente J8/900/2012 y notificarlo a las partes, cuando ya lo hizo. En razón de lo anterior se estima que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, por sí y en representación de la misma. En términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que adjunta la autoridad ya antes mencionada; con las que se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el referido informe por el término continuo y genérico de ocho días. Por otro lado, toda vez que la autoridad oficiante remitió copia certificada del laudo dictado en el expediente J8/900/2012, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, mismo que ordenó notificar de forma personal a las partes, sin que de su informe se advierta tal notificación; en ese sentido, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, para que en el término de tres días, legalmente computados, remita las constancias de notificación del laudo de mérito, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Para dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional programada para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con veinticinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista al resto de las partes.

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