Eva del Carmen Chacon Cigarroa
Expediente 1210/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eva del Carmen Chacon Cigarroa
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales correspondientes del caso. Ahora bien, en virtud de que obran documentos que se estiman de valor o interés para la parte quejosa, que exhibió como prueba en el escrito inicial de demanda, requiérase a la promovente de amparo, para que en el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca a través de quien legalmente la represente en el local que ocupa este juzgado a recoger las constancias referidas, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ********************, con el que solicita copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo que nos ocupa. En ese sentido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, expídanse a su consta las copias que solicita, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos por persona autorizada, para su debida constancia legal. Notifíquese; por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido legalmente de José Roberto Rodríguez Martínez, Secretario que firma y da fe. *lic Nondehui Lila Miranda Gutiérrez/Eduardo.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por la Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual informa que con fundamento en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y de la circular emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de cinco de septiembre de dos mil veintidós 60/2022, se procedió a la extinción del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Además, precisa que toda vez que el antecedente de donde deriva el acto reclamado en el presente asunto deriva del expediente 71/2020, procedió a su remisión al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, para continuar con el trámite correspondiente con el carácter de autoridad responsable. De lo expuesto, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Ana Lilia Uribe Vázquez, secretaria que firma y da fe.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve *********************************, por propio derecho, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se autoridades y por los actos que a continuación se señalan: Autoridades Responsables Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Encargado del Despacho del Departamento de Secundarias Generales Valle de México de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM). Subjefe Técnico Administrativo del Departamento de Secundarias Generales del Valle de México de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM). Actos Reclamados La omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dirigido al expediente ******************************. La negativa de dar cumplimiento a la reinstalación de su lugar de trabajo ordenada en el expediente ******************************. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1210/2022-II. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y, es indudable, cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie y por cuanto hace al acto reclamado consistente en: La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dirigido al expediente 1555/2018, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.). Respecto de la citada causal de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.48/2016, ha señalado que de conformidad con la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse, de suyo como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. De ahí que el amparo promovido contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso, el juicio será procedente. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Al respecto, se da noticia de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por cuanto hace que el plazo para considerar que se está ante una dilación excesiva, es de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Resulta aplicable por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, que informa: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden, si en este juicio la quejosa alega la omisión en que incurre la responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de no acordar escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós en el expediente *********************************, no excede el plazo de los cuarenta y cinco días naturales para considerar que dicha dilación sea excesiva. En dichas circunstancias, toda vez que no se advierte que exista una abierta dilación dentro del procedimiento de origen o su paralización total, de conformidad con la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dirigido al expediente ********************************. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado que se hace consistir en: la negativa de dar cumplimiento a la reinstalación de su lugar de trabajo ordenada en el expediente **************************************. Subjefe Técnico Administrativo del Departamento de Secundarias Generales del Valle de México de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México y Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues se aprecia que dicha autoridad, en este caso no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el precepto, 5, fracción II, prevé: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De esos preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; pero, no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o dederecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De ese criterio, se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Mientras que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Cabe recalcar que tratándose de las relaciones de coordinación, es común que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica. Esto, se debe a que todos los contratos se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes; por tanto, los derechos y obligaciones son bilaterales, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación en favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En el caso, la quejosa acude al amparo respecto a la negativa de dar cumplimiento a la reinstalación de su lugar de trabajo ordenada en el expediente 1555/2018 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje perteneciente al Estado de México, atribuido al Encargado del Despacho del Departamento de Secundarias Generales Valle de México de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM); Subjefe Técnico Administrativo del Departamento de Secundarias Generales del Valle de México de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México y Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM). Ahora, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se puede advertir que dichas autoridades responsables, tienen el carácter de parte demandada en el juicio de origen. De lo anterior resulta evidente que la relación jurídica existente entre el Encargado del Despacho del Departamento de Secundarias Generales Valle de México de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM); Subjefe Técnico Administrativo del Departamento de Secundarias Generales del Valle de México de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México y Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), con la aquí quejosa, no corresponde a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino de una relación entre particulares. Expuesto lo anterior, es dable concluir que al analizarse el marco legal aplicable, como lo es la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios para el Estado de México, se advierte la existencia de un procedimiento de ejecución en su contra, tal y como ya quedó reseñado en párrafos que anteceden, por lo que las autoridades demandadas en el juicio de origen a quienes se les reclama la negativa de dar cumplimiento a la reinstalación de su lugar de trabajo ordenada en el expediente 1555/2018 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, no tienen la calidad de autoridades para los efectos del juicio de amparo, por los motivos ya expuestos. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción II, 1 fracción I y 5 fracción II ambos de la Ley de Amparo y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata, en relación a los actos reclamados señalados. EXHORTO A LAS PARTES DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Toda vez que la demanda que nos ocupa se presentó de manera física, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa al presentar su escrito de demanda refirió un correo electrónico y número telefónico, y las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, se tienen estos como medios alternativos de comunicación. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Asimismo, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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