Eulogio Villaseñor Linares

Expediente 1035/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1035/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Eulogio Villaseñor Linares

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por - por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Morelia; anótese su ingreso, en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-1030/2019-1. 1. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora de libelo constitucional, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: "a) De la primera autoridad señalada como responsable y en cuanto ordenadora, le reclamo el inconstitucional e ilegal acto de autoridad consistente en el acuerdo visible a fojas 264 bis, de fecha 08 ocho del mes de julio del presente año, en donde dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número -, se señalan las 10:00 diez horas del próximo día 23 veintitrés del presente mes de septiembre del año en curso, para sacar a remate en su primera almoneda, respecto de la parte alícuota de mi propiedad, la cual fue registrada bajo el número 61 del Tomo 5681 de fecha 24 veinticuatro del mes de abril del año 2013 dos mil trece, sirviendo como base la suma de $600.00, seiscientos mil pesos 00/100 m.n. y con postura de las 2/3 partes del importe. b) Al respecto de la propia autoridad señalada como responsable, le reclamo el pretender, ejecutar la orden de remate del bien de mi propiedad.". El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, en el particular, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) Es así, pues tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, ponen de relieve que, el acto reclamado por el promovente es el proveído acuerdo dictado el ocho de julio de dos mil diecinueve, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 364/2015, donde se señalaron las diez horas del veintitrés de septiembre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia de remita en su primera almoneda, respecto de la parte alícuota bien inmueble embargado, acuerdo que fue pronunciado en el procedimiento de remate. Ahora, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, el juicio de garantías, procede respecto de actos emitidos en el procedimiento de remate, también lo es que, ese precepto legal determina que, sólo será procedente contra la última resolución, que es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, el promovente pretende combatir la determinación de ocho de julio de dos mil diecinueve, emitida en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 364/2015, donde se señalaron las diez horas del veintitrés de septiembre en curso, para la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda, respecto de la parte alícuota del bien inmueble embargado, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el del artículo 107, IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, para la procedencia del juicio de amparo, ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería, se reitera, hasta que se emita la última resolución en dicho procedimiento, lo que le daría al impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalándose las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia consultable en la página 1066, del Tomo II, 29 de abril de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, tiene aplicación sobre el particular por analogía la jurisprudencia consultable en la página 16, del Tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION "ÚLTIMA RESOLUCION", A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO". Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste aplicado a contrario sensu, y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el acuerdo de ocho de julio de dos mil diecinueve, emitido en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 364/2015, en el que señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de remate en su primera almoneda, respecto de la parte alícuota del bien inmueble embargado, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución; por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, en cuanto apoderado jurídico de -, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. 2. TRANSPARENCIA. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. 3. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene al impetrante, por ofrecidas como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, las que se ordena formar cuaderno de pruebas por separado; asimismo, se le tiene señalado domicilio en esta ciudad para oír notificaciones personales el que indica en su libelo constitucional, autorizando para tal efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a - toda vez que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su Cédula Profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. 4. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.

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