Eunice Guido Orozco

Expediente 724/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
724/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Eunice Guido Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de julio de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por -, con el carácter que tiene debidamente reconocido en autos, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le realizó en proveído de veintiuno de junio del año en curso; ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".ACTOS RECLAMADOS. A). DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS SE RECLAMA: A). DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. > El haber ordenado de manera ilegal, inconstitucional e inconvencional el inicio de un procedimiento Administrativo en forma de Juicio en contra de mi persona, sin habérseme dado la garantía de audiencia; > El haber ordenado al Actuario Notificador adscrito a la oficina del Secretario de Educación se abstuviera de notificarme el inicio del procedimiento administrativo seguido en contra de mi persona; > La emisión de la Resolución dentro del Procedimiento Administrativo seguido en contra de mi persona, y en la cual se decretó la duplicidad de mi plaza laboral, la retención de mis salarios, y la supresión de la plaza que hasta hoy vengo ejerciendo; y > El haber ordenado por escrito y de manera verbal a sus subordinados la ejecución de la resolución emitida en tal procedimiento administrativo en el cual se omitió emplazarme legalmente. B). DEL DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. > El haber participado de manera ilegal, inconstitucional e inconvencional dentro del Procedimiento Administrativo seguido en contra de mi persona, y en la cual se decretó la duplicidad de mi plaza laboral, la retención de mis salarios, y la supresión de la plaza que hasta hoy día vengo ejerciendo; y > El haber ordenado por escrito y de manera verbal a sus subordinados la ejecución de la resolución emitida en tal procedimiento administrativo, en el cual se omitió emplazarme legalmente. C). DEL ENLACE JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. > El haber participado de manera ilegal, inconstitucional e inconvencional en el procedimiento Administrativo en forma de Juicio en contra de mi persona, sin habérseme dado la garantía de audiencia; > El haber rubricado la resolución emitida en tal procedimiento administrativo, en el cual se omitió emplazarme legalmente; y > El haber ordenado por escrito y de manera verbal a sus subordinados la ejecución de la resolución emitida en tal procedimiento administrativo en el cual se omitió emplazarme legalmente; y como consecuencia de lo anterior SE OMITA EL PAGO DE MI SALARIO VIA CHEQUE AL CUAL TENGO DERECHO, por realizar una actividad laboral a favor la responsable Secretaría de Educación en el Estado. D). DEL DIRECTOR DE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. > El haber ordenado por escrito y de manera verbal a sus subordinados la ejecución de la resolución emitida en tal procedimiento administrativo, en el cual se omitió emplazarme legalmente; y como consecuencia de lo anterior la SUPRESIÓN DE LA PLAZA LABORAL, que hasta hoy día vengo ostentando. B). DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS, SE RECLAMA: A). DEL DIRECTOR DE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. > El pretender de manera inminente y de un momento a otro ejecutar la resolución emitida en tal procedimiento administrativo, en el cual se omitió emplazarme legalmente; y como consecuencia de lo anterior la SUPRIMIR LA PLAZA LABORAL que hasta hoy día vengo ostentando. B). DEL JEFE DE PAGOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. > El pretender de manera inminente y de un momento a otro ejecutar la resolución emitida en tal procedimiento administrativo, en el cual se omitió emplazarme legalmente; y como consecuencia de lo anterior OMITIR EL PAGO DE MI SALARIO VÍA CHEQUE AL CUAL TENGO DERECHO. C). DEL JEFE DE DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. > El pretender de manera inminente y de un momento a otro ejecutar la resolución emitida en tal procedimiento administrativo, en el cual se omitió emplazarme legalmente; y como consecuencia de lo anterior OMITA SE DESTRIBUYA EL PAGO DE MI SALARIO VÍA CHEQUE AL CUAL TENGO DERECHO. D). DEL ACTUARIO O NOTIFICADOR ADSCRITO A LA OFICINA DEL SECRETARIO Y A LA OFICINA DE ENLACE JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN O CUALQUEIRA QUE SEA SU DENOMINACIÓN Y QUE TENGA POR OBJETO EMPLAZAR O NOTIFICAR EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHAOCÁN. > El haber cumplido cabalmente con la orden que le dio el Secretario de Educación en el Estado de que omitiera mi emplazamiento al Procedimiento Administrativo seguido en contra de mi persona. > El haber omitido mi emplazamiento al Procedimiento Administrativo seguido en contra de mi persona.". Ahora respecto del mismo, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por su parte los numerales 61, fracción XIV en relación con los artículos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor; y c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Ahora, del libelo constitucional, se desprende que la peticionaria de garantías, refiere bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el día treinta y uno de agosto de dos mil quince (pues así lo manifestó en su escrito aclaratorio), momento en que se enteró que no se había generado el pago correspondiente a dicha quincena, pues se había duplicado ilegalmente su clave presupuestal. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa se enteró del acto reclamado, desde la fecha que se precisó en el párrafo que antecede, esto es el treinta y uno de agosto de dos mil quince, tal hecho surtió efectos al día siguiente, de ahí que, el término de quince días que prevé la ley, empezó a computarse a partir del dos de septiembre de dos mil quince y feneció el veinticuatro del mismo mes y año; por tal motivo, es incuestionable que resulta extemporánea la demanda de garantías, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el veinte del mes y año que transcurre, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". En consecuencia, procede desechar la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, este Juzgado determina que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la interpretación armónica y sistemática, se desprende que el presente juicio es improcedente si el acto reclamado no se adecua a las hipótesis normativas que establecen los citados dispositivos legales, es decir, si el acto combatido no constituye acto de autoridad para los efectos del amparo. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en la página 39, del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el último de los preceptos en cita se establece qué debe entenderse por "autoridad" en el juicio de amparo. Definición que fue ampliada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del criterio antes invocado, del que se obtiene que las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Consecuentemente, jurisprudencialmente se ha sustentado que, para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Es aplicable la jurisprudencia XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Bajo el anterior marco referencial, en el presente asunto también se actualiza la causal de improcedencia invocada por este órgano jurisdiccional, en razón de que el acto que la parte quejosa no cumple con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad que debe tener todo acto de autoridad administrativa para hacer procedente su revisión por la vía del juicio de amparo. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, el inicio de un procedimiento administrativo debido a la duplicidad de plaza que se generó en su perjuicio, y por ende, la omisión de pago de su salario por parte de las autoridades responsables, sin embargo, por principio de cuentas debe decir que tal circunstancia no le acarrea perjuicio inmediato alguno, pues el inicio de dicho procedimiento así como la omisión de pago por parte de la responsable a la quejosa, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que solamente constituye una determinación tomada por la autoridad correspondiente, en calidad de su patrón -o bien de la dependencia encargada de pagarle en cuanto trabajadora-, lo que deriva de una relación meramente laboral y por consecuencia dicha responsable tiene la libertad de decidir sobre las cuestiones laborales de sus trabajadores. Asimismo, del acto reclamado se advierte que fue emitido por la autoridad señalada como responsable, respecto a la relación laboral que tiene con la ahora quejosa; empero, la retención no va dirigida a la inconforme en calidad de gobernado, sino en función del vínculo laboral que aquélla tiene con ésta; es decir, dentro del marco de una relación patrón-trabajador, en el cual la patronal determinó realizar lo que aquí se reclama. Así, el acto que reclama la parte inconforme no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se ubica en un plano de coordinación característico de las relaciones laborales pues el Secretario de Educación en el Estado, no actúa en un esquema de supra a subordinación mediante la emisión de actos de naturaleza legislativa o administrativa, sino dentro de una relación laboral con la particular quejosa. Brinda apoyo a lo anterior por analogía la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347 del Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Por tal motivo, al estar frente a una relación de coordinación, es inconcuso que en su caso también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II, de dicha legislación y se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Educación en el Estado y otras autoridades; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número I-724/2019-C, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que calare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V, 112, 114, fracción I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise y aclare el año a que refiere en el número "4" del capítulo "HECHOS", virtud a que del mismo se advierte lo siguiente: ".el pasado día 31 treinta y uno de agosto del año que corre, siendo aproximadamente." En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Asimismo, se informa que la prevención precisada en párrafos precedentes, deberá desahogarse por el quejoso, por tratarse de un acto personalísimo. Como sustento de lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número 50/2014, sustentada por Primera Sala, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." También deberá exhibir tantas copias sean necesarias, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Finalmente, se tiene al quejoso por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizados para ese efecto a las personas que hace alusión.

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