Eugenio Martinez Villagomez

Expediente 1172/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1172/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Eugenio Martinez Villagomez

Actuaciones

  1. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE VEINTITRES DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Vista la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, y otra autoridad, contra los actos siguientes: "4. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE LE RECLAME.. De la Ordenadora: El ilegal auto de fecha 08 de octubre del año en curso dentro del incidente de ejecución de sentencia del expediente número 584/2005 y vinculado con el auto de fecha 02 de octubre del 2019, con efectos de mandamiento de ejecución sin fianza la sentencia interlocutoria dictada en el cuadernillo. De la Ejecutora: La indebida ejecución que se pretenda realizar del ilegal auto de fecha 8 de octubre del año en curso, y del cual se vincula con el auto de fecha 2 de octubre de la presente anualidad, en donde se ordena ejecutar sin fianza la sentencia interlocutoria dictada en el cuadernillo." Precisado lo anterior, el suscrito considera este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a este principio, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El Juicio de Amparo", 27a. Edición, Editorial Porrúa, página 383, manifiesta lo siguiente: "El principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente." Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que los actos combatidos en la presente vía constitucional no tienen el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éstos pudo hacer valer el recurso de revocación, previsto en el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán aplicable al juicio de origen (esto es, el que se debe de aplicar de acuerdo a la fecha de la presentación de la demanda que lo originó), de manera supletoria por así establecerlo el artículo 927 del Código Familiar para el mismo Estado también aplicable al año de dicho expediente (2005). Se sostiene lo anterior, en base al contenido de los ordinales invocados, que dicen: "Artículo 688. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte.". "Artículo 927. Son aplicables a los procedimientos del orden familiar, las disposiciones contenidas en el Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles del Estado." De los preceptos legales trascritos, resulta evidente que en el presente caso, procede el recurso de revocación antes aludido, el cual constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación, el cual se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo aplicable a la fecha en que se inició el juicio de origen y de manera supletoria al artículo 927 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de esa misma vigencia. Motivo por el cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, el ahora quejoso se encontraba obligado a agotar dicho medio de defensa (recurso de revocación) mediante el cual, pudo ser nulificado el acto de autoridad de que se duele. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en dicho precepto legal, ya que: 1. Los actos reclamados son provenientes de un tribunal judicial; 2. El citado recurso de revocación, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo aplicable a la fecha en que se inició el juicio de origen, de manera supletoria al Código Familiar de la Entidad, también aplicable al año de dicho expediente; 3. Ese medio de defensa, se da dentro del procedimiento en que se emitió el acuerdo reclamado y, 4. Por virtud del referido recurso, los proveídos reclamados pueden ser nulificados por el Juez responsable. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor (recurso de revocación); para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo. Puntualizado lo anterior, es permisible sostener que el medio idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama es el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, aplicable a la fecha en que se inició del procedimiento de origen y de manera supletoria al Código Familiar para el Estado de Michoacán de esa misma vigencia, por lo que al no haber procedido así el solicitante de garantías no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, contra los actos reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, y otra autoridad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por autorizadas para tal efecto a las personas que indica, virtud a que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, y otra autoridad, contra los actos siguientes: "4. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE LE RECLAME.. De la Ordenadora: El ilegal auto de fecha 08 de octubre del año en curso dentro del incidente de ejecución de sentencia del expediente número 584/2005 y vinculado con el auto de fecha 02 de octubre del 2019, con efectos de mandamiento de ejecución sin fianza la sentencia interlocutoria dictada en el cuadernillo. De la Ejecutora: La indebida ejecución que se pretenda realizar del ilegal auto de fecha 8 de octubre del año en curso, y del cual se vincula con el auto de fecha 2 de octubre de la presente anualidad, en donde se ordena ejecutar sin fianza la sentencia interlocutoria dictada en el cuadernillo." Precisado lo anterior, el suscrito considera este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a este principio, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El Juicio de Amparo", 27a. Edición, Editorial Porrúa, página 383, manifiesta lo siguiente: "El principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente." Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que los actos combatidos en la presente vía constitucional no tienen el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éstos pudo hacer valer el recurso de revocación, previsto en el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán aplicable al juicio de origen (esto es, el que se debe de aplicar de acuerdo a la fecha de la presentación de la demanda que lo originó), de manera supletoria por así establecerlo el artículo 927 del Código Familiar para el mismo Estado también aplicable al año de dicho expediente (2005). Se sostiene lo anterior, en base al contenido de los ordinales invocados, que dicen: "Artículo 688. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte.". "Artículo 927. Son aplicables a los procedimientos del orden familiar, las disposiciones contenidas en el Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles del Estado." De los preceptos legales trascritos, resulta evidente que en el presente caso, procede el recurso de revocación antes aludido, el cual constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación, el cual se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo aplicable a la fecha en que se inició el juicio de origen y de manera supletoria al artículo 927 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de esa misma vigencia. Motivo por el cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, el ahora quejoso se encontraba obligado a agotar dicho medio de defensa (recurso de revocación) mediante el cual, pudo ser nulificado el acto de autoridad de que se duele. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en dicho precepto legal, ya que: 1. Los actos reclamados son provenientes de un tribunal judicial; 2. El citado recurso de revocación, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo aplicable a la fecha en que se inició el juicio de origen, de manera supletoria al Código Familiar de la Entidad, también aplicable al año de dicho expediente; 3. Ese medio de defensa, se da dentro del procedimiento en que se emitió el acuerdo reclamado y, 4. Por virtud del referido recurso, los proveídos reclamados pueden ser nulificados por el Juez responsable. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor (recurso de revocación); para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo. Puntualizado lo anterior, es permisible sostener que el medio idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama es el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, aplicable a la fecha en que se inició del procedimiento de origen y de manera supletoria al Código Familiar para el Estado de Michoacán de esa misma vigencia, por lo que al no haber procedido así el solicitante de garantías no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, contra los actos reclamados al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, y otra autoridad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por autorizadas para tal efecto a las personas que indica, virtud a que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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