Estrella Jasso Hernández
Expediente 1404/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1404/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Estrella Jasso Hernández
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito presentado por la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesta la queja hecha valer por la parte quejosa, en contra del referido proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a la circular DFFJ/0012/2020 del Titular General de Gestión Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informe a este juzgado a qué tribunal le corresponderá conocer del presente recurso, para estar en posibilidad de remitirlo. Por tanto, se instruye a la coordinadora de actuarios de la adscripción remita por correo electrónico el oficio de solicitud de turno correspondiente. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A" (SISE) para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que corresponda. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. De igual forma, se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscritos a este juzgado para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Notifíquese: vía correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito y por lista a las partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ******, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: Actos reclamados La resolución determinante por concepto de impuesto predial con folio ****, de treinta de octubre de dos mil veintitrés, del año dos mil dieciocho al dos mil veintitrés, por un monto total de $*** (**** 00/100 m.n.). El citatorio de uno de noviembre de dos mil veintitrés, para la diligencia de pago y embargo del crédito fiscal del impuesto predial, señalada para el seis de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridades responsables Ordenadoras Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México. Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México. Ejecutora Notificadores adscritos a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 1404/2023-IV. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Causal de improcedencia Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. En el caso concreto, los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: La resolución determinante por concepto de impuesto predial con folio NR/TM/SI/EF/40,935/2023, de treinta de octubre de dos mil veintitrés, del año dos mil dieciocho al dos mil veintitrés, por un monto total de $647,294.00 (seiscientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y cuatro 00/100 m.n.). El citatorio de uno de noviembre de dos mil veintitrés, para la diligencia de pago y embargo del crédito fiscal del impuesto predial, señalada para el seis de noviembre de dos mil veintitrés. En ese contexto, previamente al juicio de amparo, el quejoso debió interponer recurso administrativo de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 186, 187 y 194 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o bien, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones I y II, del propio ordenamiento local. Dichos preceptos prescriben: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.) Artículo 194. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad. (.) Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.)." Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no exigen mayores requisitos para otorgar dicha medida que los que establecen los numerales 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, sólo existen ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia PC.II.A.J/3A(10a), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito de rubro y texto: SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Por consiguiente, en virtud de que la quejosa reclama una resolución administrativa que atribuye a diversas autoridades de la misma naturaleza, previamente a acudir al juicio de amparo, debió proceder de la siguiente forma: Debió interponer optativamente el recurso administrativo de inconformidad, previsto en los artículos 186, 187 y 194 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; y después debió agotar el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones I y II, del propio ordenamiento local. O bien, debió agotar de manera directa, pero obligatoria, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, fracciones I y II, del citado ordenamiento administrativo local. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.A.100 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que dice: "JUICIO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES DE TRÁMITE. PARA SU PROCEDENCIA ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE DICHOS ACTOS AFECTEN DERECHOS DE PARTICULARES Y SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a lo dispuesto en el artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el juicio administrativo del que conoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México procede en contra de los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Judicial del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; sobre el particular, se estima que los actos procesales (o de trámite administrativo), tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente y sin que sea factible retrotraer las consecuencias que el mismo produjo, respecto de alguno de los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufrió obtenga posteriormente resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el medio de defensa que se interponga en su contra, pues en el caso la violación subsistiría irremediablemente, por ya haberse ejecutado el acto y, por ende, haber incidido en los derechos sustantivos en comento. En consecuencia, si la resolución de la que se demanda su invalidez, únicamente tiene efectos de carácter formal o intraprocesal, y se constituye como el origen de un procedimiento de índole administrativo que no afecta derechos de particulares que sean de imposible reparación, es procedente desechar por improcedente el juicio administrativo, por no adecuarse plenamente a la hipótesis legal." Además, no se advierte que se actualice la excepción relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación, en virtud que de lo narrado por la quejosa en la demanda de amparo y del anexo que adjuntó a la misma, se desprenden los fundamentos y los motivos, por los cuales las autoridades que señala como responsables consideraron para emitir los actos que ahora se combaten. Tampoco se desprende que se actualice la excepción relativa a que se reclamen únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que las cuestiones planteadas son temas de legalidad. De modo que, en este momento, la parte quejosa se encuentra en plena posibilidad legal de agotar el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance, a efecto de combatir los vicios de legalidad de que pudiera adolecer los actos que reclama y lograr, en su caso, que se declare su invalidez. En ese sentido, al no acatarse el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, éste resulta improcedente en contra del acto reclamado. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que el acto reclamado no es definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Toda vez que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el usuario "****", en términos del Título Séptimo, Capítulo Tercero, artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practiquen la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por dicho medio a través del citado usuario; en el entendido, que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico. Por lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se permita el acceso a la consulta y notificación respectiva. Juicio en línea En términos de lo que establece el artículo 263, tercer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Autorizados para oír notificaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Medios alternativos de contacto Se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico que refiere para entablar comunicación no procesal, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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