Etzna Gabriela Hernandez Amaro
Expediente 886/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Etzna Gabriela Hernandez Amaro
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Juzgado informa. Agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio 18506/2023, al que se adjuntó el expediente original del juicio de amparo 886/2023 del índice de este juzgado. Asimismo, informa que se avocó al conocimiento del asunto. Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General- ; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Con base en la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, en términos del ordinal 19, fracción I inciso b), del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de seis meses. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque en el proveído inicial esta autoridad se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer. Aunado a que, si la parte quejosa deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte desea conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe un oficio remitido por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que anexa la demanda promovida por *, en representación de * y el menor de edad de iniciales *, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Se acusa de recibo. Luego, se instruye librar el oficio de acuse de recibo para el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y remitirlo por interconexión. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Se descartan hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo. Previo a proveer lo relativo a la competencia planteada de la demanda de amparo, es necesario emitir un pronunciamiento en torno a la urgencia del acto reclamado que pudiera considerar la parte promovente. Lo anterior con motivo de que la demanda de amparo fue recibida durante la guardia a cargo de la respectiva secretaria de este juzgado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, pese a dicha circunstancia debe descartarse la urgencia del caso de que se trata, por las razones que esta juzgadora advierte. De la lectura integral efectuada a la demanda, permitió visualizar que la directa quejosa señaló como actos reclamados * Sin embargo, del apartado de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, permite advertir que el reclamo de la parte quejosa deriva de un despido "injustificado" del cual dice ser objeto *, como auxiliar 1, puesto de confianza definitivo, plaza 20639, numero único de empleado 28968, de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, lo cual, sostiene repercute en la precariedad económica, en el derecho a la lactancia y guardería de su menor de edad, y de acceso a la salud, como de atención médica de la adulta mayor de edad. Por tanto, argumenta que al no realizársele el pago de salarios caídos, y de lo cual dependen económicamente para su subsistencia *, refiere que los llevará a morir de hambre, de ello hace desprender los diversos actos de incomunicación, intimidación y tortura De ahí que se descarten las hipótesis de actos urgentes, previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque si bien aquella pretende reclamar un despido que califica como injustificado y como consecuencia la falta del pago de salarios caídos, lo cierto es que ello no converge en algún acto de hipótesis de urgencia. Es menester precisar que el despido que califica como injustificado, del que se duele no es un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no implica una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza -lo que en el caso particular no acontece-, además, la parte quejosa tampoco se encuentra privada de su libertad fuera de procedimiento judicial, o sea sujeta de deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, conforme dispone el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, en la especie, el acto reclamado por la promovente no corresponde a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por ello resulta inviable considerar la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa. * Lo anterior incluso así fue considerado por el juez de Distrito declinante en el asunto que se recibe 823/2023, en el que indicó que si bien el promovente enuncia diversos actos que constituyen aquéllos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Federal; y el numeral 15 de la Ley de Amparo, no se aprecia que los mismos tengan ejecución o estén por ejecutarse en los términos indicados en la demanda. Por ende, esta juzgadora estima oportuno realizar descartar correctamente la urgencia que planteo la parte quejosa, conforme a todos los datos que se desprende del asunto. Incompetencia legal por razón de materia. Como se refirió con anterioridad, la parte promovente (*y el menor de edad de iniciales *), indicó que reclama: Sin embargo, como se estableció, la lectura integral3 de la demanda de amparo permitió detectar que los actos reclamados estriban en lo siguiente: ? El despido injustificado de la cual dice ser objeto la directa* , del que fue objeto como auxiliar 1, puesto de confianza definitivo, plaza 20639, numero único de empleado 28968, de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, lo cual, repercute en la precariedad económica, en el derecho a la lactancia y guardería de su menor de edad, y de acceso a la salud, como de atención médica de la adulta mayor de edad. Actos que atribuye a las autoridades siguientes: A. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; B. Secretario de Salud Federal; C. Gobernador del Estado de Oaxaca; D. Titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, Secretariado del Ejecutivo de Seguridad Pública del Gobierno del Estado; E. Titular de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; F. Secretario de Administración y, G. Todos los Jueces que pertenecen al décimo tercer circuito. En ese sentido, esta juzgadora considera que los actos reclamados son de naturaleza laboral, porque el acto que se reclama se trata de un despido injustificado (lo que implica el pago de salarios caídos, así como las demás consecuencias que manifiesta la parte promovente) del cual se manifiesta es objeto la directa quejosa *, lo que es atribuido, entre otras, al Titular de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; por consiguiente, la competencia para conocer de la demanda de cuenta recae en un juzgado de distrito especializado en materia de trabajo. Al efecto, conviene indicar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y, 56 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en ese sentido, conviene decir que, en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los juzgados que conozcan del amparo en materia penal * De lo anterior, se obtiene que los asuntos de competencia de los juzgados que conozcan del amparo en materia penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son: a) resoluciones judiciales del orden penal; b) actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal y, c) actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. En los cuales no encuadran los actos que reclama el quejoso en el presente controvertido constitucional, porque como se observa, éstos tienen su naturaleza laboral. Cabe indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para determinar la competencia por materia de un juicio de amparo, no solo debe tomarse en cuenta la naturaleza del acto reclamado, sino también la de la autoridad responsable, dejando a un lado los motivos de inconformidad expresados, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, sino que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. Al efecto, toda vez que la naturaleza de los actos como de la autoridad responsable Titular de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, es intrínsecamente laboral, resulta inconcuso que la competencia para conocer de la demanda de derechos fundamentales que se recibe, radica en el juez de distrito especializado en materia de trabajo, y no esta juzgadora federal. Máxime que no se hace referencia a que los actos deriven o tengan relación con alguna carpeta de investigación, proceso penal, o cualquier otro expediente de índole penal. Por lo que, en virtud de lo hasta aquí expuesto y considerado, la Titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se declara que no es competente legalmente en razón de materia para conocer de la demanda de cuenta. En consecuencia, se ordena girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, acompañándole el original del presente juicio de amparo, a efecto de que lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, al que corresponda, por los motivos expuestos. Se solicita de manera atenta y respetuosa al Juez de Distrito al que le sea turnado el presente asunto, se sirva acusar recibo por interconexión y, en su caso, comunicar si acepta la competencia declinada. Cuaderno de antecedentes. Previa copia que se obtenga de las constancias, fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente, dado que el original del presente juicio habrá de remitirse por la declaración de incompetencia legal. Anotaciones internas. Se ordena a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal por materia. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Domicilio procesal y autorizados (restringidos) de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales a la parte quejosa se efectuarán por lista, porque así lo solicitó expresamente. Luego, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, únicamente como medios de contacto para comunicaciones no procesales, pues la ley de la materia no prevé dichos medios de comunicación para oír y recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Se autoriza acceso al presente expediente. Luego, se instruye a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que ponga a disposición del juzgado al que sea turnada la demanda de cuenta de la que se declina competencia, el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Relacionar con Expediente de Origen" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así pues, se instruye al Oficial Judicial A proceda a verificar la habilitación correspondiente en este asunto.
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