Esther Escobedo Brito
Expediente 1241/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Esther Escobedo Brito
- Pedro Hernández Desión
- Heriberto Díaz Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1241/2022-IX. Puebla, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja Q-217/2022, que en su único punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja". En consecuencia se tiene por recibida la ejecutoria de mérito y se ordena acusar el recibo correspondiente. Por cuanto hace a las copias certificadas de este expediente, se ordena destruir las mismas en el proceso correspondiente más próximo, toda vez que solo son una reproducción de los autos de este juicio. Ahora, vistos los autos de este expediente en que se actúa, se advierte que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós se desechó de plano la demanda de amparo presentada por los quejosos. Luego, dicho auto ha quedado firme dado el sentido de la ejecutoria dictada por la superioridad. Por tanto, se provee: Anotaciones Internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A"; realice las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración Documental En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Inexistencia de documentos susceptibles de devolución. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, y a las autoridades responsables (salvo a la que deben devolverse constancias), porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; por oficio al Tercer Tribunal Colegiando en Materia Penal del Sexto Circuito (acuse de recibo); y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1241/2022-I. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, con firma electrónica (evidencia criptográfica) del secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En éste, comunica el acuerdo de trece de diciembre del año en curso, donde el magistrado presidente del citado tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por +++++++++++, contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; y acusa recibo de los anexos remitidos. Dicho recurso fue radicado con el número de queja Q-217/2022 de su índice. Además, solicita que se ponga a su disposición para consulta la versión electrónica del presente expediente. Se toma el debido conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, y como lo solicita, se instruye a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado, que proceda a hacer disponible el expediente electrónico relativo a este juicio, a fin de que pueda ser vinculado con el tribunal solicitante -con el recurso de queja Q-217/2022 de su índice- y de esta manera consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Se descarta informar esa vinculación al tribunal de alzada, porque así lo señaló en el oficio de cuenta. Notifíquese
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1241/2022-I. Puebla, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso de cuenta, signado por los quejosos ++++++++++++++, a través del cual interponen recurso de queja y formulan agravios contra el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Además, señalan las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda1 . En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios así como copia certificada de la totalidad del presente expediente, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Informe de la queja. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copia de todo lo actuado en este juicio -como lo solicitaron los quejosos-, y del escrito en el que obran los agravios, al oficio que se dirija al tribunal de alzada. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para los quejosos, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1241/2022-I. Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por ++++++++++++++++++++++, contra un acto de la ".Licenciada Lina Claudia Ordoñez Pérez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla.". En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Exhortación para la tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al defensor del quejoso a que continúe la actuación en el presente juicio, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda formulada por los quejosos, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: ".La resolución pronunciada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en autos de la Causa Penal número +++++++++++++++++, por la JUEZA DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, con sede en ATLIXCO, PUEBLA, mediante la cual revocó parcialmente el proveído de doce de octubre de dos mil veintidós y dejó firme la diversa determinación en la cual tuvo por cerrado el plazo de investigación complementaria concedido a los suscritos PEDRO HERNÁNDEZ DESIÓN, ESTHER ESCOBEDO BRITO y HERIBERTO DÍAZ ESCAMILLA.". Reclamo que los quejosos reiteraron a lo largo de sus conceptos de violación, donde insistieron con diversos argumentos que solicitan el amparo contra la referida determinación, donde la jueza responsable revocó parcialmente el proveído de doce de octubre de dos mil veintidós y dejó firme la diversa determinación en la cual tuvo por cerrado el plazo de investigación complementaria concedido a los quejosos, en la causa penal +++++++++++++++++. Sin embargo, la determinación combatida por los quejosos no encuadra en los actos de imposible reparación, que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto en el trámite de una causa penal, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona.3 Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la determinación reclamada por los quejosos, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la determinación atribuida al juez responsable, está circunscrita a dejar firme el auto que tuvo por cerrada de la etapa de investigación complementaria, en la causa penal 155/2021, instruida contra los quejosos. Sólo que la determinación reclamada, de ninguna forma repercute en los derechos sustantivos de los quejosos, pues el declarar firme el auto que tuvo por cerrada la etapa de investigación complementaria, encuadra en un acto procesal que no tiene el carácter de irreparable. Sobre todo porque si la eventual sentencia definitiva que se pronunciara en la causa penal, resulta favorable a los intereses del quejoso, ninguna repercusión habrá tenido la determinación que pronunció la jueza responsable, en el acuerdo reclamado. Ello impide considerar que la determinación combatida en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados en la demanda y los conceptos de violación, reflejan que la determinación quedó circunscrita al declarar firme el auto que tuvo por cerrada la investigación complementaria. Lo cual permite afirmar que la determinación combatida, no determinó una ruta específica de análisis para el hecho con apariencia de delito por el cual fueron vinculados los quejosos, en la causa penal, y esa resolución tampoco determina que vaya a declararse la plena culpabilidad de éstos en la fase de juicio oral, ni siquiera se advierte que haya generado (la determinación) una restricción a los derechos que asisten a aquéllos como imputados. Incluso, aún y cuando se haya decretado el cierre de la investigación, esto no supone la conclusión de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la carpeta de investigación; pues para ello tiene razón de ser la etapa intermedia y el descubrimiento probatorio. En efecto, la citada determinación no impuso restricciones a los derechos sustantivos que tienen los quejosos en la causa penal, porque la jueza responsable nunca estableció restricciones al derecho que éstos tienen con sus defensores, para seguir interviniendo en el trámite hacia la audiencia intermedia, y como se dijo, nunca implicó (la determinación combatida) que se vaya a declarar la materialidad del delito o la plena responsabilidad penal de aquéllos, según se desprende del contenido de la demanda. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la determinación reclamada, pues la jueza responsable nunca afectó derechos sustantivos de los quejosos. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra la mencionada determinación, permiten descartar que esta hubiera trascendido a derechos sustantivos de los quejoso, como imputados en la causa penal. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental de los quejosos, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que la determinación atribuida a la jueza responsable (el único acto combatido), representa un acto de mero impacto a derechos procesales en la causa penal, es decir, una violación procesal que si llegara a trascender al dictado de la sentencia definitiva, podrá alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. [.] X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas.". De ahí que no pueda considerarse que la determinación reclamada, haya afectado derechos sustantivos de los quejosos en el trámite de la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación, conforme a la técnica del juicio de amparo indirecto. Entonces, debe estimarse que la determinación combatida en la demanda, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y, por ende, no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente comprende la declaración de firmeza del auto que tuvo por cerrada la etapa de investigación complementaria, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Así, debe concluirse que los quejosos pretenden combatir una determinación que sólo generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que la determinación combatida por aquellos, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" ajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por los quejosos, dado que la determinación reclamada a la jueza responsable no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, autorizados y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio procesal de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ++++++++++++++++++++, Estado de Puebla. Sin que pueda tenerse como domicilio para oir y recibir notificaciones el correo electrónico proporcionado por los quejosos, pues dicho medio no está contemplado en la Ley de Amparo para tales efectos. Por otro lado, +++++++++++++, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque así los quejosos así lo solicitaron y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, +++++++++++++++++++, quedan autorizados en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque los quejosos así lo solicitaron. Asimismo, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico. Por consiguiente, se instruye que se habilite a los quejosos el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: RatioLeg. Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a los quejosos, que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al defensor del quejoso el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a los quejosos (en el domicilio procesal señalado en la demanda); y cúmplase
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