Esther Araceli Mosqueda de Leon

Expediente 898/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
898/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Esther Araceli Mosqueda de Leon

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 898/2021-VIII. Puebla, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por *, por propio derecho contra actos de la facilitador adscrita a la Coordinación General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal El artículo 113 de la Ley de Amparo,2 establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, se desechará de plano....como se observa de su demanda, su principal reclamo va dirigido a la omisión del ente ministerial de aportarle copias auténticas de la carpeta de investigación ***, para ejercer su derecho de defensa en aquella investigación. Para ello, es conveniente citar el artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Del numeral anterior, se desprende que para que un imputado pueda tener acceso a los registros de investigación, deben acontecer los siguientes supuestos: ? Que el imputado se encuentre detenido; ? Que el imputado sea citado a comparecer con tal carácter; o, ? Que el imputado sea sujeto de un acto molestia y se pretenda recibir su entrevista. Una vez acontecida alguna de las hipótesis en mención, se levantará la reserva de los registros de investigación para no dañar el derecho a la defensa del imputado. Sin embargo, en la especie, no acontece ninguna de las hipótesis previamente señaladas. Ello es así, ya que el escrito de tutela constitucional, en específico del apartado de hechos rendidos bajo protesta de decir verdad, se observa que la quejosa dice se actualiza la hipótesis de que aquella, en su carácter de imputada, es objeto de un acto molestia. Dicho acto de molestia lo hace consistir en el oficio que recibió el doce de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la facilitadora que señaló como responsable en su demanda, el cual la citaba a comparecer a una sesión de mediación. Se debe decir que la mencionada citación no constituye un acto molestia, ya que estos son entendidos como aquellos que restringen de forma provisional o preventiva el ejercicio de un derecho, sin que este le sea privado de forma definitiva, y que es una medida provisional que tiene por objeto la protección de determinados bienes jurídicos, en tanto se resuelve si es oportuno o no privar de ese derecho. En efecto, la citación generada por la facilitadora responsable no genera un acto molestia, ya que aquél tiene como finalidad que dos intervinientes puedan solucionar controversias a través del dialogo, mediante procedimientos alternos al proceso penal como la mediación, conciliación y la junta restaurativa. A través de los enunciados mecanismos y en atención a la voluntariedad de los intervinientes de resolver el conflicto de una forma alterna al proceso penal, es posible llegar a un acuerdo mutuo entre aquellos que impida continuar con el proceso penal. En caso de fracasar aquellos, se continuaría con el proceso penal. De ahí se establece que el llegar o no a un acuerdo a través de la mediación como mecanismo alterno de solución de controversias, ninguna consecuencia le causaría Por lo anterior, se colige que la citación a dicho mecanismo alternativo de solución, como lo fue la mediación a la que fue citada la aquí quejosa, no constituye un acto molestia, ya que se reitera que el objeto de la mediación, como mecanismo alterno de solución de controversias, no restringe derecho fundamental alguno de la quejosa de forma provisional o preventiva, ya que dicho medio de comunicación (la citación) sólo le concede la oportunidad de acudir a una sesión de mediación para la solución al conflicto de una forma alternativa, esto es, a través del dialogo, para llegar a un mutua acuerdo entre los intervinientes. De ahí se establece que al no encontrarse en alguna de las hipótesis a que alude el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la reserva de los registros de investigación se debe mantener. Lo anterior no implica que se deje a la impetrante de amparo en un estado de indefensión, ya que en caso de que el fiscal se allegue de los datos necesarios y cite a la aquí quejosa para que sea entrevistada con motivo de esa investigación, o que sea llamada por un juez a través de una orden de comparecencia o aprehensión, actualizaría cualquiera de las hipótesis que prevé el artículo 218, con lo cual el ente ministerial se encontraría en la obligación de levantar la reserva de los registros que obren en la carpeta de investigación a su cargo y proporcione copia auténtica de los mismos a la quejosa para que ejerza su derecho a la defensa. Además, se debe indicar que la impetrante de amparo debe contar con un señalamiento directo de imputada, esto es, que la quejosa sea señalada directamente por la fiscalía como posible autora o partícipe en un hecho que la ley señale como delito, en términos de los artículos 112, 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual no ocurre aún en este caso en particular. Por tanto se afirma que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, Por tanto, de conformidad con el artículo 113, relacionado con la fracción XII del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por la quejosa, dado que sus actos encontraron una causa deimprocedencia manifiesta e indudable (falta de interés jurídico conforme a las razones puntualizadas) ..., se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló en su demanda (ubicado en San Andrés Cholula, Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres Moisés Martín Castillo Guerrero, Karina Yazmín Hernández Morales y Ronnie Raúl Tapia Contreras, porque aquélla decidió otorgarles facultades amplias y fue encontrada la cédula de los nombrados, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, quedan autorizados en términos restringidos las restantes personas que enuncia en su demanda, porque así los designó la quejosa. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del presente juicio que habilite la consulta del expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado por la impetrante de amparo:"". Sobre todo porque la quejosa únicamente pidió el acceso al expediente electrónico con ese nombre de usuario, y este fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en el domicilio particular que aparece en su demanda con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. JUICIO DE AMPARO 898/2021-VIII. Puebla, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por *, por propio derecho contra actos de la facilitador adscrita a la Coordinación General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal El artículo 113 de la Ley de Amparo,2 establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, se desechará de plano....como se observa de su demanda, su principal reclamo va dirigido a la omisión del ente ministerial de aportarle copias auténticas de la carpeta de investigación ***, para ejercer su derecho de defensa en aquella investigación. Para ello, es conveniente citar el artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Del numeral anterior, se desprende que para que un imputado pueda tener acceso a los registros de investigación, deben acontecer los siguientes supuestos: ? Que el imputado se encuentre detenido; ? Que el imputado sea citado a comparecer con tal carácter; o, ? Que el imputado sea sujeto de un acto molestia y se pretenda recibir su entrevista. Una vez acontecida alguna de las hipótesis en mención, se levantará la reserva de los registros de investigación para no dañar el derecho a la defensa del imputado. Sin embargo, en la especie, no acontece ninguna de las hipótesis previamente señaladas. Ello es así, ya que el escrito de tutela constitucional, en específico del apartado de hechos rendidos bajo protesta de decir verdad, se observa que la quejosa dice se actualiza la hipótesis de que aquella, en su carácter de imputada, es objeto de un acto molestia. Dicho acto de molestia lo hace consistir en el oficio que recibió el doce de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la facilitadora que señaló como responsable en su demanda, el cual la citaba a comparecer a una sesión de mediación. Se debe decir que la mencionada citación no constituye un acto molestia, ya que estos son entendidos como aquellos que restringen de forma provisional o preventiva el ejercicio de un derecho, sin que este le sea privado de forma definitiva, y que es una medida provisional que tiene por objeto la protección de determinados bienes jurídicos, en tanto se resuelve si es oportuno o no privar de ese derecho. En efecto, la citación generada por la facilitadora responsable no genera un acto molestia, ya que aquél tiene como finalidad que dos intervinientes puedan solucionar controversias a través del dialogo, mediante procedimientos alternos al proceso penal como la mediación, conciliación y la junta restaurativa. A través de los enunciados mecanismos y en atención a la voluntariedad de los intervinientes de resolver el conflicto de una forma alterna al proceso penal, es posible llegar a un acuerdo mutuo entre aquellos que impida continuar con el proceso penal. En caso de fracasar aquellos, se continuaría con el proceso penal. De ahí se establece que el llegar o no a un acuerdo a través de la mediación como mecanismo alterno de solución de controversias, ninguna consecuencia le causaría Por lo anterior, se colige que la citación a dicho mecanismo alternativo de solución, como lo fue la mediación a la que fue citada la aquí quejosa, no constituye un acto molestia, ya que se reitera que el objeto de la mediación, como mecanismo alterno de solución de controversias, no restringe derecho fundamental alguno de la quejosa de forma provisional o preventiva, ya que dicho medio de comunicación (la citación) sólo le concede la oportunidad de acudir a una sesión de mediación para la solución al conflicto de una forma alternativa, esto es, a través del dialogo, para llegar a un mutua acuerdo entre los intervinientes. De ahí se establece que al no encontrarse en alguna de las hipótesis a que alude el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la reserva de los registros de investigación se debe mantener. Lo anterior no implica que se deje a la impetrante de amparo en un estado de indefensión, ya que en caso de que el fiscal se allegue de los datos necesarios y cite a la aquí quejosa para que sea entrevistada con motivo de esa investigación, o que sea llamada por un juez a través de una orden de comparecencia o aprehensión, actualizaría cualquiera de las hipótesis que prevé el artículo 218, con lo cual el ente ministerial se encontraría en la obligación de levantar la reserva de los registros que obren en la carpeta de investigación a su cargo y proporcione copia auténtica de los mismos a la quejosa para que ejerza su derecho a la defensa. Además, se debe indicar que la impetrante de amparo debe contar con un señalamiento directo de imputada, esto es, que la quejosa sea señalada directamente por la fiscalía como posible autora o partícipe en un hecho que la ley señale como delito, en términos de los artículos 112, 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual no ocurre aún en este caso en particular. Por tanto se afirma que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, Por tanto, de conformidad con el artículo 113, relacionado con la fracción XII del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por la quejosa, dado que sus actos encontraron una causa deimprocedencia manifiesta e indudable (falta de interés jurídico conforme a las razones puntualizadas) ..., se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló en su demanda (ubicado en San Andrés Cholula, Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres Moisés Martín Castillo Guerrero, Karina Yazmín Hernández Morales y Ronnie Raúl Tapia Contreras, porque aquélla decidió otorgarles facultades amplias y fue encontrada la cédula de los nombrados, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, quedan autorizados en términos restringidos las restantes personas que enuncia en su demanda, porque así los designó la quejosa. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del presente juicio que habilite la consulta del expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado por la impetrante de amparo:"". Sobre todo porque la quejosa únicamente pidió el acceso al expediente electrónico con ese nombre de usuario, y este fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en el domicilio particular que aparece en su demanda con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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