Esther Martínez Leyna

Expediente 418/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
418/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • Esther Martínez Leyna
  • Tesorero Municipal de Morelos, Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    En once de mayo de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del tres al diez de mayo de dos mil diecisiete, sin contar los días ocho y nueve del mes y año en curso, por corresponder a sábado y domingo, y cinco de los corrientes, por ser inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintisiete de abril del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 418/2017. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, que desechó la demanda de garantías promovida por Esther Martínez Veyna; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.

  2. Principal

    CUENTA. El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña, da cuenta a la Juez con lo siguiente: Escrito de demanda de derechos suscrita por Esther Martínez Veyna, registrado con el folio 5590 y siete copias que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado J. Guadalupe Hurtado Esparza, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Esther Martínez Veyna, contra actos del Tesorero Municipal de Morelos, Zacatecas y otra, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 418/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Tesorero Municipal de Morelos, Zacatecas: El requerimiento de pago del crédito fiscal contenido en un oficio sin número y sin fecha de emisión, por la cantidad de ciento setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 82/100 moneda nacional, derivado del procedimiento administrativo ASE-PFRR-128/2013. De los Notificadores adscritos al departamento de procedimientos legales y ejecución fiscal dependientes de la Tesorería Municipal de Morelos, Zacatecas: La notificación del crédito fiscal. La ejecución del requerimiento de pago. El posible embargo que se pueda hacer sobre bienes de su propiedad, como consecuencia de dicho crédito. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías respecto del requerimiento de pago del crédito fiscal determinado en el procedimiento administrativo de ejecución, derivado de la resolución dictada en el procedimiento ASE-PFRR-128/2013 por concepto de sanción resarcitoria; y como consecuencia, su notificación y el posible embargo que se pudiera practicar para garantizarlo, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece los siguientes supuestos: El acto reclamado carezca de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. El recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado. Luego, el artículo 1 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, dispone lo siguiente: "Artículo 1.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo forma parte del Poder Judicial del Estado es el organismo que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones." Por su parte, el artículo 19 en la fracción III de la ley en cita señala: "Artículo 19.- El Tribunal es competente para conocer: III.- De los juicios de nulidad de las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales del Estado de Zacatecas o de sus Municipios, en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido por el fisco; las que impongan multa por infracción a las disposiciones fiscales; violación al procedimiento administrativo de ejecución o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal, distintas a las anteriores; .". De los preceptos transcritos se desprende que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo forma parte del Poder Judicial del Estado, y que es el organismo que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados estatales, municipales e intermunicipales y los particulares. Dicho tribunal está dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. Será competencia del tribunal el juicio de nulidad de las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales del Estado de Zacatecas o sus municipios; en los que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den bases para su liquidación, las que impongan una multa por infracción a las disposiciones fiscales, violación al procedimiento administrativo de ejecución o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal. En la especie, del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados esencialmente en el requerimiento de pago por la cantidad de ciento setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 82/100 moneda nacional, por concepto de crédito fiscal; su notificación y el posible embargo que se pueda practicar con motivo de éste. Conforme a lo anterior, es evidente que los mencionados actos son de carácter administrativo al ser emitidos por una autoridad del municipio de Morelos, Zacatecas, que causa un agravio ya que se cuantificó un crédito fiscal en su contra, por tanto, dicha determinación debe ser impugnada previamente a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, Luego, resulta inconcuso que la parte quejosa antes de acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el medio de defensa ordinario procedente, contra el requerimiento de pago reclamado; es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. En tales condiciones, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues los actos que se reclaman no tienen carácter de definitivo, ya que son susceptibles de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual la ocursante está en aptitud de promover, al tratarse de un acto emitido por el Tesorero Municipal de Morelos, Zacatecas y los notificadores de su adscripción, que forman parte de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, por lo que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; y, por tanto, que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda en cuestión. Cabe agregar que de acuerdo con los artículos 55 a 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas los actos impugnados a través del juicio de nulidad son suspendibles. Los citados artículos son del tenor siguiente: "CAPÍTULO VI DE LA SUSPENSIÓN ARTÍCULO 55. La suspensión de los actos impugnados podrá ser concedida por el Tribunal, lo que se comunicará de inmediato a la autoridad demandada para su cumplimiento. ARTÍCULO 56. El actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada hasta en tanto no se resuelva el asunto. No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, se contravengan disposiciones de orden público o si se dejare sin materia el procedimiento. Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso al domicilio que habiten, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia o el acceso al domicilio. Excepcionalmente y bajo su más estricta responsabilidad, se podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios, en cualesquiera de las fases del procedimiento hasta antes de que se dicte sentencia. La suspensión podrá ser revocada por el Tribunal en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó. ARTÍCULO 57. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión si quien la solicita garantiza su importe ante la Secretaría del ramo o ante la Tesorería Municipal que corresponda, en alguna de las formas establecidas por las disposiciones fiscales aplicables. ARTÍCULO 58. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía, cuyo monto le señale el Tribunal. ARTÍCULO 59. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero perjudicado da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la impugnación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiere otorgado el actor. Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra los que determinen fianzas o contrafianzas procede el recurso de Revocación. De lo anterior destaca que: El Tribunal podrá conceder la suspensión de los actos reclamados y deberá comunicarlo de inmediato a las responsables. El actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada hasta en tanto no se resuelva el asunto. No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, se contravengan disposiciones de orden público o si se dejare sin materia el procedimiento. Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso al domicilio que habiten, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia o el acceso al domicilio. Excepcionalmente y bajo su más estricta responsabilidad, se podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de que se dicte sentencia. La suspensión podrá ser revocada por el Tribunal en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía, cuyo monto le señale el Tribunal. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero perjudicado da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la impugnación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiere otorgado el actor. Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra los que determinen fianzas o contrafianzas procede el recurso de Revocación. De ahí que se pueda concluir que los requisitos que prevé la citada ley administrativa para la procedencia de la suspensión no son mayores a los que establece la Ley de Amparo. Se estima así, ya que del contenido integral de los artículos transcritos se desprende que la suspensión deberá pedirse por la parte actora y lo podrá hacer en cualquier etapa del juicio, que no deberá seguirse perjuicio al orden público e interés social, De igual forma se puede advertir la obligación del Tribunal de proveer de inmediato sobre su procedencia. Es así, ya que si conforme al artículo 45 de la ley en comento se establece que se dará cuenta con las demandas en el término de veinticuatro horas, entonces si con ésta se pide la suspensión, se resolverá en el mismo tiempo sobre dicha medida. Además se prevén los casos en los que, para la eficacia de la medida, se fijara fianza y los casos en que procederá la contrafianza. Máxime que se establece de forma expresa que la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute el acto hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva. Sirve de apoyo de lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia XV.4o. J/6, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". En el caso, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad consistente en que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, ya que el requerimiento de pago que se impugna contiene los artículos en que se funda, aunado a que constan los motivos por los cuales se impuso. Cubriéndose así la garantía de legalidad, puesto que aunque la fundamentación del requerimiento de pago fuera inexacta o indebida, tal circunstancia no actualiza la excepción al principio de definitividad. Finalmente, respecto a dicho requerimiento de pago tampoco se alegan exclusivamente violaciones directas a la constitución, pues de la lectura de la demanda se desprende que la quejosa alega violaciones formales, ante la aplicación de diversos preceptos del Código Fiscal Municipal; por tanto, los promoventes no estaban exentos de promover el juicio de nulidad previo a la promoción del de amparo. También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En tales circunstancias, se concluye que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el requerimiento de pago que se reclama y consecuencia su notificación y posible embargo no tienen carácter de definitivo, ya que son susceptibles de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado, el cual la parte quejosa se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por ser actos en su contra. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Esther Martínez Veyna. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones al licenciado J. Guadalupe Hurtado Esparza toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, sin embargo, toda vez que éstos no constituyen propiamente un domicilio, la notificación del presente proveído así como las subsecuentes aún las de carácter personal, practíquense a la parte quejosa, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en la fracción III, inciso a) del artículo 27, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Finalmente, sin que haya lugar a pronunciarse respecto a que opere en beneficio del quejoso la suplencia de la queja porque se tratan derechos de un menor de edad, lo anterior, toda vez que del contenido de la demanda de derechos no se advierte tal circunstancia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.

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