Eugenia Sotelo González
Expediente 120/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eugenia Sotelo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El doce de agosto de dos mil veintidós, el suscrito Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifico que: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del quince al veintiocho de junio del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa; asimismo, todas las partes quedaron debidamente notificadas de la sentencia; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por separado; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio en la que se sobreseyó en el presente asunto; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del quince de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, a nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta asentada por el secretario de este juzgado de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a los terceros interesados Juan Antonio Reveles García y Rubén Cortez Magallanes en proveído de veinticinco de febrero del año en curso, a efecto de que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubieran hecho; por tanto, se hace efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el referido auto y se determina que la sentencia de siete de junio del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales se les practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; ello, mientras no señalen domicilio para tal efecto en esta ciudad. NOTIFÍQUESE. .... Doy Fe. SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA a los terceros interesados Juan Antonio Reveles García y Rubén Cortez Magallanes, la sentencia de siete de junio del año en curso: ...Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eugenia Sotelo González, contra el acto que reclamó de la jueza Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, consistente en la resolución interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veintiuno que resuelve el recurso de revocación, dictada dentro del Juicio Oral de Interdicto para retener la posesión, así como la demolición y/o retiro de obra, marcado con número 107/2020; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. ...
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 120/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. En doce de enero de dos mil veintidós fue presentado escrito en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, en el que Eugenia Sotelo González, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Jueza Tercera de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La resolución interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veintiuno que resuelve el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dieciséis de noviembre del mismo año, dictada dentro del juicio Oral de Interdicto para retener la posesión, así como la demolición y/o retiro de obra, promovido por Eugenia Sotelo González, marcado con número 107/2020, del índice de la jueza responsable. Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 120/2022; se admitió a trámite mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional; se emplazó a los terceros interesados mediante despacho diligenciado por la jueza Primero de Primera Instancia y de lo familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; y en once de abril de año en curso, se celebró audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que los actos que la parte quejosa reclama tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, se tiene que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veintiuno que resuelve el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dieciséis de noviembre del mismo año, dictada por la jueza Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dentro del juicio Oral de Interdicto para retener la posesión, así como la demolición y/o retiro de obra, marcado con número 107/2020, de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable jueza Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Lo anterior, se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, relativas a las copias certificadas de las constancias que integran lo actuado a partir de la sentencia definitiva de trece de julio de dos mil veintiuno dentro del juicio Oral de Interdicto para retener la posesión, así como la demolición y/o retiro de obra, marcado con número 107/2020, mismas que obran en autos; cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Cuestión previa. Para mejor comprensión del asunto, es pertinente señalar algunos de los antecedentes del acto reclamado: 1. El trece de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dictó la sentencia definitiva en el juicio Oral de Interdicto para retener la posesión, así como la demolición y/o retiro de obra, marcado con número 107/2020 promovido por Eugenia Sotelo González (quejosa) en contra de Juan Antonio Reveles García y Rubén Cortez Magallanes, cuyos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. La parte actora demostró los elementos de la acción de INTERDICTO PARA RETENER LA POSESIÓN, así como de RETIRO DE OBRA. SEGUNDO. Se condena a JUAN ANTONIO REVELES GARCÍA y RUBÉN CORTEZ MAGALLANES a no volver a perturbar la posesión jurídica que Eugenia Sotelo González tiene sobre un Solar propio para fabricar ubicado en Calle Privada Giraldas, Jerez de García Salinas, Zacatecas, con clave catastral 09-01-33, clave nueva 09-01-10 y con una superficie de 378.00 m2 (trescientos setenta y ocho metros cuadrados). TERCERO. Se condena a JUAN ANTONIO REVELES GARCÍA y RUBÉN CORTEZ MAGALLANES para que afiancen el respeto al derecho de posesión a favor de EUGENIA SOTELO GONZÁLEZ, por lo que dentro del plazo de diez días contados a partir de que les sea notificada esta resolución, deberán ante Órgano Jurisdiccional exhibir una caución en efectivo o fianza por la cantidad de $4,481.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y UNO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Con el apercibimiento que en caso de incumplimiento en afianzar su obligación, les serán impuestos los medios de apremio y/o de ejecución hasta lograr su cumplimiento. Se les conmina a los demandados que en caso de reincidir en perturbar la posesión de la parte actora, se hará efectiva la fianza sin perjuicio de que se hagan acreedores al pago de una multa o arresto en los términos establecidos en la Ley y que legalmente correspondan a la conducta ejecutada. CUARTO. Se condena a los demandados JUAN ANTONIO REVELES GARCÍA y RUBÉN CORTEZ MAGALLANES, para que en la fracción de la barda que conforma el frente del bien inmueble ubicado en la Privada Las Giraldas número once (11), Zona Centro, Jerez de García Salinas, Zacatecas, y que colinda con la Privada Las Giraldas, a su costa y dentro del término de CINCO DÍAS hábiles, RETIREN de la barda LAS MÉNSULAS, MONTENES y TORNILLOS que sostienen EL TEJABAN DE LÁMINAS DE ACERO TIPO TEJA, que mide 3.50 (tres metros cincuenta centímetros) que se encuentra empotrado en la pared de la fachada frontal con taquetes y tornillos, apercibidos que en caso de no hacerlo dentro del término concedido, se procederá a su costa, a su retiro en vía de ejecución. QUINTO. Se absuelve a los demandados JUAN ANTONIO REVELES GARCÍA y RUBÉN CORTEZ MAGALLANES del pago de daños y perjuicios, por no haberse expuesto ni justificado su existencia jurídica. SEXTO.- Se condena a los demandados al pago de gastos y costas del juicio a favor de la parte actora, líquidos y regulados en periodo de ejecución de sentencia. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE." [.]. 2. Mediante escrito de veintiséis de agosto del mismo año, se tuvo al abogado patrono de la actora promoviendo incidente de sentencia ejecutoriada; recayendo proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se acordó de conformidad y se ordenó dar vista la parte demandada para que en el término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera. 3. Por ocurso de veintisiete de septiembre de ese año, el abogado patrono de la actora solicitó que al haber transcurrido el término otorgado a la contraria y sin que haya manifestado nada, se causara ejecutoria la sentencia dictada en autos; en consecuencia, en auto de treinta de septiembre del referido año, se declaró ejecutoriada la citada actuación. 4. Mediante promoción de veintiuno de octubre de esa anualidad, el abogado patrono de la parte actora designó perito para valuar el bien inmueble por el que se debatió la posesión en el procedimiento oral; ante ello, en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, no se acordó de conformidad su petición, en virtud de que la designación que pretendió a fin de establecer la cuantía de ese asunto, con base al valor del inmueble involucrado, no se procedente conforme a derecho, toda vez que ese procedimiento no se debatía la propiedad de un bien raíz, sino solamente la posesión. 5. Ante ello, dicho profesionista interpuso recurso de revocación ante tal determinación; consecuentemente, la interlocutoria correspondiente se emitió el tres de diciembre siguiente, admitiendo y resolviendo de plano dejar incólume el auto combatido. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Antes del estudio de los conceptos de violación expuestos por el solicitante de derechos fundamentales, por ser una cuestión de orden público y preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la procedencia de la acción constitucional. En ese sentido, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Como se ve, el primero de los citados artículos establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de nuestra Carta Magna o de dicha ley reglamentaria. A su vez, el diverso artículo 107, fracción IV, del mismo cuerpo normativo dispone, que en contra de actos emitidos por tribunales judiciales fuera de juicio o después de concluido el mismo, el amparo indirecto sólo procede, tratándose de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y en los procedimientos de remate, aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Bien, como ya se vio, el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en la resolución de tres de diciembre de dos mil veintiuno, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de dieciséis de noviembre de ese mismo año, por el que no se acordó de conformidad tenerle por designado perito para valuar el bien inmueble, dentro del juicio Oral de Interdicto para retener la posesión, así como la demolición y/o retiro de obra, marcado con número 107/2020. Con lo anterior se pone de manifiesto que si bien se trata de una interlocutoria dictada por la responsable después de concluido el juicio, en específico dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, cierto es también, que ésta no constituye la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, es decir, en el acto reclamado no se decide en definitiva la liquidación de los conceptos aludidos, por lo que es indudable que el acto combatido no es definitivo, porque se insiste, en él no se decidió la incidencia en mención, de lo que se deduce que constituye un actuación intermedia emitida durante el trámite del referido incidente de liquidación, en contra de la cual no procede el amparo indirecto, dado que en el mejor de los casos tal acto reclamado pudiera ser combatido pero como violación procesal en la demanda de amparo que se promueva en contra de la resolución definitiva que se emita en el aludido incidente. Para comprender mejor esta situación, debe decirse, que de acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente resulta ser similar al procedimiento de un proceso. El proceso que con frecuencia es confundido con los vocablos juicio, litigio o procedimiento, es el conjunto de actos jurídicos realizados por las partes, los terceros, los auxiliares de justicia y el juzgador, con motivo del ejercicio de la acción, cuyo fin es la sentencia. Por su parte, con la palabra incidente, se designa a los procedimientos que se siguen dentro de un proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal, a través de una resolución que generalmente se le denomina interlocutoria. De ahí que las instituciones juicio e incidente, coinciden en que previo a un procedimiento deben decidir una cuestión planteada, por tanto, generalmente sus respectivos procedimientos, igualmente coinciden con los siguientes aspectos: 1. Se inician con un escrito (demanda y demanda incidental, respectivamente). 2. Se otorga el derecho de formular contestación de la contraparte. 3. Se admite la etapa probatoria y de alegatos. 4. Culmina con una resolución (sentencia e interlocutoria, según sea el caso). 5. Admite la procedencia de recursos ordinarios. 6. Existen plazos para hacer valer derechos procesales. En el mismo campo de la similitud existente entre el procedimiento del juicio y el procedimiento de un incidente, el momento para reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y otro, el que debe ser el mismo, es decir, en el momento en que se combate la resolución respectiva que pone fin al proceso o al incidente (sentencia definitiva o resolución interlocutoria) a través del juicio de amparo. Sólo que la diferencia se encuentra en la vía en que deba promoverse el juicio de amparo para uno y otro caso, porque si se trata de una sentencia definitiva, en el caso del proceso, tales actos deben invocarse como violación al procedimiento en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia de mérito, por así establecerlo textualmente la Ley de Amparo. En cambio, cuando se trata de una resolución interlocutoria que decide un incidente susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, las circunstancias que considere afecten su esfera jurídica, válidamente deberán invocarse como violaciones al procedimiento incidental en la demanda de amparo que se promueva en contra de la referida interlocutoria. Por otro lado, es importante destacar que las causas de improcedencia previstas en el artículo 107, fracción IV, Constitucional, desarrolladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tienen la finalidad de evitar la substanciación de juicios de amparo que paralicen los juicios o procedimientos de origen, porque no se trata de un remedio ordinario, sino del último recurso que permite la tutela de derechos y garantías tutelados en la Constitución, y que no puede proceder contra todos los actos dictados en un juicio o en ejecución de sentencia, en aras de un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad del propio sistema jurídico mexicano Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la jurisprudencia cuyo epígrafe y texto dicen los siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." De igual forma, en la diversa jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." En consecuencia, se concluye que es improcedente el juicio de amparo contra la resolución reclamada en virtud de que la misma, aunque fue dictada de después de concluido el procedimiento, no tiene el carácter de definitiva ya que no determina la imposibilidad o el no derecho de hacer valer los gastos y costas condenados en juicio, ni restringe el derecho de hacerlo, sino que determina que la forma de cuantificarlo como pretende la quejosa, no es conforme la ley lo dispone. Se insiste que la procedencia en el juicio de derechos, se plantea contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente la condena de pagar los gastos y costas o la imposibilidad de cuantificarlos, siendo que la resolución no reviste las características de un acto definitivo y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante dicha fase así como su resolución. En consecuencia, en la especie se hace presente la causa de improcedencia a contrario sensu prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Legislación en consulta, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eugenia Sotelo González, contra el acto que reclamó de la jueza Tercero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, consistente en la resolución interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veintiuno que resuelve el recurso de revocación, dictada dentro del Juicio Oral de Interdicto para retener la posesión, así como la demolición y/o retiro de obra, marcado con número 107/2020; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Jaime Santillán Chávez, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy siete de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. EMVG
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El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 6641 Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción signada por la Jueza Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 149/2022 y de origen 98/2022, que fueran enviados para que en auxilio de las labores de este juzgado llevara a cabo el emplazamiento a los terceros interesados Juan Antonio Reveles García y Rubén Cortez Magallanes. Acúsese recibo Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe. Yasmin En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas a las nueve horas del veintidós de marzo de dos mil veintidós, público en la lista que se fija en este órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy FE.
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