Esthela Robles Frausto
Expediente 186/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Esthela Robles Frausto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En veinte de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del seis al diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dos de mayo de la presente anualidad, dictada por este Juzgado de Distrito, dentro del juicio de amparo número 186/2016-6. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el dos de mayo de la presente anualidad, dictada por este Juzgado de Distrito, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. *Jessy
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 186/2016-6, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la diligencia, sin la asistencia de las partes, ni representante legal de las mismas. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 8707, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. A lo que el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda, téngase por recibido el pedimento de cuenta, y dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva. Acto continuo, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Directora de Catastro y Registro Público del Distrito Judicial de la Capital. A continuación, en el período de pruebas, la Secretaria da cuenta, con las documentales adjuntadas por la quejosa con su escrito inicial de demanda, así como las ofrecidas por la autoridad responsable que anexo a su informe como justificación de los actos reclamados (fojas de la diecisiete a la veintisiete de autos), así como la copia del plano referente al bien inmueble objeto de la materia, adjuntado a su diverso oficio a foja treinta y cuatro; y, con la copia certificada que remitió la citada autoridad adjuntada a foja cincuenta de autos. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en que la Secretaria da cuenta con los alegatos vertidos por la quejosa en su escrito a foja cuarenta y tres de los presentes autos, y con pedimento de cuenta, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito. A lo que el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: téngase por vertidos los alegatos formulados por la quejosa, en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y por precluido el derecho de las demás partes para expresar alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 186/2016-6; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ESTHELA ROBLES FRAUSTO, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad, actos, y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable. Directora de Catastro y Registro Público del Distrito Judicial de la Capital. Acto reclamado. "IV. ACTO RECLAMADO.- Señalo como acto reclamado la NEGATIVA DE LLEVAR A EFECTO DESLINDE CATASTRAL RESPECTO DE UN PREDIO A NOMBRE DEL C. GIL ROBLES bajo la inscripción número 101 folios 53 del Volumen 57 de escrituras privadas de fecha 7 de Abril del año 1986. Ya que solicita la escritura original de dicha inscripción, señalándole que es una escritura privada que esta que sé que se llevó acabo en el año 28 de septiembre de 1935 e inscrita en fecha 7 de abril del año 1986 celebrado entre los CC-PASCUALA ESCOBAR VIUDAD DE ROBLES y GIL ROBLES.". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su titular dictó proveído el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en el que ordenó su admisión y registro bajo expediente 186/2016-6; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamar un acto emitido por una autoridad responsable residente en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención de la promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consisten en: El oficio CRP-0011/16 de fecha seis de enero de dos mil dieciséis, emitido por la Directora de Catastro y registro Público, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. RELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. La Directora de Catastro y registro Público, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, autoridad señalada como responsable, manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye, sin embargo, de las constancias que remite en apoyo a su informe como justificación del acto reclamado, en particular del oficio CRP-0011/16, emitido por la citada autoridad, razón por la cual se le tiene como presuntivamente cierto el acto reclamado, del que se duele la quejosa. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el acuse de recibo del escrito presentado por Esthela Robles Frausto, dirigido a la Directora de Catastro y Registro Público, recibido el once de enero de dos mil dieciséis, así como con el oficio CRP-0011/16, por el que la directora responsable da respuesta a su solicitud, y con el informe como justificación del acto reclamado remitido por la autoridad responsable; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este Juzgado Federal, considera de manera oficiosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso artículo 5º del propio ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente establece: "El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte el artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en su parte conducente, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, pues de las constancias que obran en autos, no se advierte que en relación con lo antes señalado, la quejosa haya acreditado afectación alguna a su interés legítimo, entendiéndose por tal, aquella facultad de ejercitar la acción constitucional, la que únicamente está reservada a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley misma, perjuicio que supone la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado a través de una o varias normas, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de dicha transgresión, ello es lo que constituye el interés legítimo que toma en cuenta la Ley de Amparo vigente para la procedencia del juicio de garantías. Como ya quedó precisado en párrafos precedentes, el acto reclamado se hace consistir en el oficio número CRP-0011/16, de quince de enero de dos mil dieciséis, donde la quejosa manifiesta que la autoridad responsable se niega a efectuar deslinde catastral, respecto de un predio a nombre de Gil Robles, bajo la inscripción número 101 folios 53 del volumen 57 de escrituras privadas de siete de abril de mil novecientos ochenta y seis. Así las cosas, en el informe que como justificación del acto reclamado rindió la Directora de Catastro y Registro Público de esta ciudad, manifestó que la copia certificada de la inscripción del libro que exhibió la ahora parte quejosa data de mil novecientos noventa y tres ha sufrido modificaciones en su status jurídico, como se puede desprender de la copia certificada que se anexó al citado informe, donde consta que de la extensión original comprendida en la fracción tres de dicha inscripción y que era del señor Gil Robles, ha habido cinco adjudicaciones a favor de diversas personas, constando las mismas en sus inscripciones respectivas y que se mencionan en el propio documento por lo que, muy probablemente, no existen los recibos de pago de predial a nombre de las adjudicaciones de referencia. Que las fracciones uno y dos de la inscripción número 101 Fol 53 Vol. 57 de escrituras privadas, misma que se pretende deslindar por parte de la ahora quejosa, presumiblemente son del régimen de fraccionamientos Rurales colindando, por ende con números de lotes, como se podrá observar de la lectura de las fracciones 1 y 2 de la inscripción de referencia y, por otra parte el plano exhibido por Esthela Robles, no colinda con números de lotes, sino con particulares y personas morales de derecho público (Ejido) comprendiendo la extensión original del predio inscrito mencionado con antelación mismo que ya no se encuentra inscrito totalmente a nombre de Gil Robles por las diversas adjudicaciones a las que me he referido líneas supra. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la Ley de catastro del Estado de Zacatecas, mismo que establece que para efecto de realizar los trabajos de deslinde catastral es necesario la presencia del propietario o poseedor legítimo o, en su caso, el representante legal de los mismos, por lo que para tal efecto se muestra por parte de la ahora quejosa como documento en el cual pretende hacer valer su derecho de solicitud del mencionado deslinde una constancia donde señalan a Esthela Robles Frausto como albacea a bienes de la sucesión intestamentaria de quien en vida respondiera al nombre de María Frausto Reyes, más no así de Gil Frausto, como lo señala en su escrito de solicitud, por lo que no acredita el carácter en el que fundamenta su solicitud. Además del oficio CRP-0011/16, dirigido a Estela Robles Frausto por la Directora de Catastro y Registro Público de esta ciudad, mediante el cual le comunica a la citada quejosa que al efecto de realizar el trabajo solicitado es necesario aclare qué trámite es el que necesita, un levantamiento topográfico o un deslinde catastral, así como que acredite el pago de los derechos correspondientes y proporcione copia de la siguiente documentación: Título de propiedad Pago del impuesto predial al corriente Plano del predio respectivo. Ahora bien, conforme a lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto que impugna la promovente del amparo, debe puntualizarse, que el mismo no puede considerarse como acto que afecte su esfera jurídica, para que pueda deducir la acción constitucional. Ello, porque según lo indica la responsable, para poder proceder con el mencionado seguro de crédito, se requiere título de propiedad, pago del impuesto predial al corriente y plano del predio respectivo, que se conforman con los requisitos solicitados a la impetrante del amparo. Lo que significa que de acuerdo a lo expuesto, no se afecta la esfera jurídica de la quejosa, pues como se aprecia del contenido del oficio que constituye y el acto reclamado, únicamente se le está dando respuesta a lo solicitado y se le hace de su conocimiento de los requisitos que la Directora de Catastro y Registro Público de esta ciudad necesita a fin de poder proceder al levantamiento topográfico solicitado. Así pues, atendiendo a que, de conformidad con los preceptos de la Ley de Amparo citados en párrafos precedentes, la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite la afectación que se resienta con el acto que se reclama, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directa o indirectamente sus intereses, ya sea en su persona o patrimonio y, es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en esta vía constitucional; cabe concluir que en todo caso, lo que afectaría a la peticionaría de garantías, sería la determinación que, en su caso se emita, una vez realizado el procedimiento que alude la responsable. En ese contexto, es evidente que de acuerdo a como quedó asentado, el acto reclamado no le ocasiona a la amparista un agravio real y directo que le otorgue interés legítimo para instar la presente vía, por lo que es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, dado que el acto reclamado de mérito, por sí solo no afecta el interés jurídico de dicha peticionaria del amparo; pues, como ya se dijo, el solicitarle ciertos requisitos a fin de proceder al levantamiento topográfico solicitado, no le afecta su esfera jurídica, dado que no está así negándosele su petición, por lo que solo en el supuesto de que se emitiera una determinación en la que se niegue proceder al levantamiento topográfico, estará en aptitud de promover el juicio de amparo. En las condiciones apuntadas, al no afectar el acto reclamado los intereses jurídicos de la peticionaria del amparo, ello conduce a concluir que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el ordinal 5°, de la Ley de la Materia invocada; y por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción VI, de esa propia legislación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), consultable en la página 1807, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2003293, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.- Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". También resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". Además, debe decirse que la afectación al interés legítimo es un elemento de procedibilidad, y por ende es de aquellos que deben encontrarse plenamente probados en el juicio y no inferirse a base de presunciones, cobra relevancia al respecto, aplicada por analogía, la jurisprudencia que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ESTHELA ROBLES FRAUSTO, contra la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En veinticinco de abril de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario encargado del despacho con el oficio registrado bajo el número 8095, y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Directora de Catastro y Registro Público del Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de quince del mes y año en curso, remite copia certificada del oficio CRP-0011/16 de fecha seis de enero de la presente anualidad; con lo anterior dese vista a las partes, a fin de que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por lo que, para dar oportunidad a lo anterior; y por existir causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la Ley de la Materia, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA, POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
El quince de abril de dos mil dieciséis, la Secretaria de Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Directora de Catastro y Registro Público dependiente de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en apoyo a su informe justificado, remitió copia simple del oficio CRP-0011/16 de fecha seis de enero de la presente anualidad; en consecuencia, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días, remita copia debidamente certificada del oficio en mención, toda vez que es necesaria para resolver el presente juicio de garantías; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Lo anterior al existir causa fundada y suficiente, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. Jessy*
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Estela Leyva Trejo1108/2023
- Estela Longoria Esquivel28/2022
- Estela Pacheco Palacios2560/2014
- Estela Ruíz Román471/2021
- Estevan Márquez Conde866/2022
- Esthela Robles Frausto194/2016
- Esthela Vázquez Reyez542/2015
- Esther Adriana Sánchez Pérez523/2016
- Esther Fraga Serrano3083/2014
- Esther Hernandez C2975/2014
- Esther Hernández Tonche677/2021
- Esther Martínez Leyna418/2017