Estela Garcia Zamudio
Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Estela Garcia Zamudio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, y anexos que acompaña, signado por la autoridad antes mencionada, sin que sea necesario pronunciarse en cuanto a su contenido, toda vez que en auto de cuatro de mayo en curso, se acordó al respecto, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... el proveído de doce de abril de dos mil veintidós... Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno con el número III-404/2022-1. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La aplicación del oficio -, de siete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable revoca el acta de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en la cual, bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refiere que fue celebrado un convenio entre el rector y el representante del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la ahora quejosa, mediante el cual les fue asignado un espacio dentro de dicha universidad, en las instalaciones de Unidad de Ciencia, Ingeniería y Humanidades, justo en el espacio que denomino Centro Gastronómico espacio que han ocupado a partir de la celebración de dicho convenio, así como la revocación del acta circunstanciada de hechos de seis de noviembre de dos mil diecinueve y el requerimiento para que en el término de veinticuatro horas se retire del espacio conocido como "Centro Gastronómico", bajo apercibimiento que de no retirarse serán lanzados a consta de ellos que sin responsabilidad para la universidad. El suscrito estima que la demanda de amparo, debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto este tribunal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, disponen: "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, no son limitativas, si no enunciativas, puesto que no se limitan a las veintidós hipótesis referidas en el precepto 61 de la Ley en comento, dado que la fracción vigésima tercera de ese numeral no solo dimanan de la Ley, sino que también surgen a la vez de la Constitución Federal y de la Jurisprudencia. Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIV, Septiembre 2011, Pagina 1089, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Volumen 3, Segunda Parte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, la autoridad señalada en la demanda, no se encuentra en un plano de supra subordinación respecto de la parte quejosa, de donde se colige que no tiene el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa impugna en esta vía constitucional, el oficio -, mediante el cual la autoridad responsable revoca el acta de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en la cual, bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refiere que fue celebrado un convenio entre el rector y el representante del rector de la Universidad Michoacana de San Nicola de Hidalgo y la ahora quejosa, mediante el cual les fue asignado un espacio dentro de dicha universidad, en las instalaciones de Unidad de Ciencia, Ingeniería y Humanidades, justo en el espacio que denomino Centro Gastronómico espacio que han ocupado a partir de la celebración de dicho convenio, así como la revocación del acta circunstanciada de hechos de seis de noviembre de dos mil diecinueve y le requiere para que en el término de veinticuatro horas se retire del espacio conocido como "Centro Gastronómico", bajo apercibimiento que de no retirarse será lanzada a consta de ellos que sin responsabilidad para la universidad; circunstancia que no es considerada una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado; porque se está en presencia de actos entre particulares, sin imperio ni coerción, pues celebraron un convenio para la prestación de servicios, en el caso, la quejosa realizara la venta de alimentos dentro de la Universidad Michoacana y que ahora ésta pretende revocar. Ello es así, pues se reitera, que las señaladas responsables, no resultan ser autoridades para efectos del juicio de garantías. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene a la promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y autorizados para tal efecto a las personas que establece y con las facultades conferidas en el artículo 12 de la ley de la materia a -, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, tiene registrada su cédula en dicho sistema. Finalmente, como lo solicita se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario "-, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga acceso al expediente electrónico. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad señalada en supra líneas, a través del cual informa lo que a su parte corresponde respecto al cumplimiento de ejecutoria emitida en autos, particularmente que el formato único de personal se encuentra elaborado y que al respecto se solicitó fecha y hora al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para su entrega al quejoso y que respecto al pago que hasta ahora no se ha cubierto a éste, deberá acudir a la subdirección Operativa del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta Ciudad; en tal virtud, notifíquese lo anterior al quejoso -, para los efectos legales que a su parte corresponden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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