Esteban Oziel Angeles Garcia

Expediente 940/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
940/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Esteban Oziel Angeles Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintisiete de agosto del año en curso, que DESECHÓ la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Por otra parte, como de los propios autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada por -

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Vista la demanda de amparo de cuenta, presentada en línea por -, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo el número VII-940/2019-2. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe lo siguiente: "El Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto legal, autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, el precepto 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, textualmente señala: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Así tenemos, que el precepto legal 6° de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De donde se desprende el principio de instancia de parte agraviada, relativa a que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o a través de su representante, apoderado o defensor, y que en tal sentido, la firma o huella dactilar del promovente es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito en el procedimiento judicial, ya que la firma sirve para dar autenticidad al mismo, puesto que es la manifestación de la voluntad del promovente; luego entonces, en la demanda de cuenta se observa que ésta fue presentada en línea, y carece de la firma electrónica FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), tal como se hizo constar en la certificación de cuenta, así como por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y dado que la firma electrónica es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; por cuyo motivo, debe entenderse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6° ya citado, propiamente no existe tal manifestación del quejoso, pues los escritos presentados en línea, deben de contener la firma electrónica por el interesado; por ende y de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto legal citado en el cuerpo de este proveído, y a la luz del artículo 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata, por las razones expuestas y porque en el caso concreto la demanda de amparo no se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, único supuesto de excepción en el que no es requerida la firma electrónica, de conformidad con el último párrafo del artículo 3° del citado ordenamiento legal. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia publicada en la Décima Época, Registro: 2019715, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79 del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Téngase al promovente por señalado como domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, el que indica en el escrito de que se trata. ";LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo de cuenta, presentada en línea por -, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo el número VII-940/2019-2. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe lo siguiente: "El Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto legal, autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, el precepto 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, textualmente señala: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Así tenemos, que el precepto legal 6° de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De donde se desprende el principio de instancia de parte agraviada, relativa a que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o a través de su representante, apoderado o defensor, y que en tal sentido, la firma o huella dactilar del promovente es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito en el procedimiento judicial, ya que la firma sirve para dar autenticidad al mismo, puesto que es la manifestación de la voluntad del promovente; luego entonces, en la demanda de cuenta se observa que ésta fue presentada en línea, y carece de la firma electrónica FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), tal como se hizo constar en la certificación de cuenta, así como por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y dado que la firma electrónica es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; por cuyo motivo, debe entenderse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6° ya citado, propiamente no existe tal manifestación del quejoso, pues los escritos presentados en línea, deben de contener la firma electrónica por el interesado; por ende y de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto legal citado en el cuerpo de este proveído, y a la luz del artículo 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata, por las razones expuestas y porque en el caso concreto la demanda de amparo no se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, único supuesto de excepción en el que no es requerida la firma electrónica, de conformidad con el último párrafo del artículo 3° del citado ordenamiento legal. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia publicada en la Décima Época, Registro: 2019715, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79 del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Téngase al promovente por señalado como domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, el que indica en el escrito de que se trata.

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