Esthela Gonzalez Jarillo

Expediente 451/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
451/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Esthela Gonzalez Jarillo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Como de la razón levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado federal, se advierte la imposibilidad que tuvo para realizar la notificación ordenada en proveído de veinticuatro de los actuales a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer ésta notificación y las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Vista la demanda de amparo que promueve -, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial y Actuario de su adscripción; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-451/2018-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".D). ACTO RECLAMADO. Le Reclamamos al JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR, DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, la orden de desalojo que se ha emitido con fecha 11 once de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del Juicio ordinario familiar número 648/2016, que se sigue en el Juzgado Segundo Materia Familiar de Morelia, Michoacán, que promueve el -, sobre divorcio necesario y otras prestaciones.". Ahora, respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que se surte de modo manifiesto e indudable una causal de improcedencia, en virtud de que contrario a lo que asevera la parte quejosa, ésta carece de interés jurídico y legítimo para acudir al juicio de amparo, pues su interés en todo caso debe calificarse como un interés simple que no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, como se desprende del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción I, del mismo ordenamiento legal que establecen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Artículo 5º. "Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." El interés legítimo al que se refiere el artículo de mérito en relación con el diverso arábigo 5º de la Ley de Amparo, es el que reconoce el carácter de agraviado en el juicio de amparo a aquella persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de acuerdo con la normativa constitucional y la Ley de Amparo que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. Sobre este tópico destaca el hecho de que en el texto de la Ley de Amparo, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del gobernado, ya de manera directa o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, a través del juicio de amparo, el denominado interés legítimo representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. Sobre el interés legítimo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 50/2014 estableció, entre otras cosas, que consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico como ocurre con el interés simple. En ese contexto, el más Alto Tribunal del país también estableció que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, de esta forma, el interés del que se habla debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futura, pero cierta, lo que quiere decir que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Lo anterior se encuentra inmerso en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 60, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014 de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En el particular la quejosa, reclama la orden de desalojo de un local ubicado en ... , mismo que fue condenado dentro del juicio familiar número 648/2016, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, promovido por... Lo anterior, por considerar que dicho desalojo le afecta por tener la posesión de tal inmueble debido a que las partes la autorizaron para tal efecto a principios de dos mil quince; sin embargo, no se advierte que exista algún tipo de contrato para su uso y/o disfrute, motivo por el cual no se le atribuye titularidad de derecho alguno que se vulnere con los actos reclamados a fin de tornar procedente la acción de amparo, ya que para ello, era indispensable que se lesionen de manera directa sus intereses jurídicos, de ahí que los actos de los que se duele únicamente pueden ser combatidos por quien ostente la propiedad del inmueble. Razones por las cuales el suscrito, estima que dicho acto, no tiene un efecto directo e inmediato que lesione alguno de sus derechos fundamentales de la parte quejosa, toda vez que en el caso concreto, ningún perjuicio le causa el desalojo del bien inmueble que refiere, pues en todo caso la persona que tomará la posesión del mismo puede llegar a un arreglo con ésta para que siga teniendo la posesión a que refiere. En ese orden de ideas, se considera que la parte promovente de amparo frente a los actos reclamados carece de interés legítimo, pues en todo caso tiene un interés simple que no es susceptible de ser analizado en esta instancia constitucional. Se considera de esa manera, porque aduce apreciaciones subjetivas que no se traducen en afectación cierta en su esfera jurídica y, por ende, ello no hace que tenga un interés jurídico o legítimo para solicitar la protección constitucional. Por tanto, como en el caso, ello no acontece así, es que se determina que la parte quejosa carece de interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional, porque el tipo de afectación que alude la parte quejosa es factible de determinarse (interés simple) porque aun en el caso de admitirse la demanda no sería factible llegar a una conclusión diversa, de la que aquí se arriba, de ahí que al encontrarse actualizado el motivo de inviabilidad esgrimido, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Así como la tesis de Jurisprudencia número 2, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en las páginas 57 y 58, del informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1989, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. ..." NOTIFICACION QUE SE LE HACE POR LISTA DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EN DIVERSO AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve -, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial y Actuario de su adscripción; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-451/2018-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".D). ACTO RECLAMADO. Le Reclamamos al JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR, DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, la orden de desalojo que se ha emitido con fecha 11 once de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del Juicio ordinario familiar número 648/2016, que se sigue en el Juzgado Segundo Materia Familiar de Morelia, Michoacán, que promueve el -, sobre divorcio necesario y otras prestaciones.". Ahora, respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que se surte de modo manifiesto e indudable una causal de improcedencia, en virtud de que contrario a lo que asevera la parte quejosa, ésta carece de interés jurídico y legítimo para acudir al juicio de amparo, pues su interés en todo caso debe calificarse como un interés simple que no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, como se desprende del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción I, del mismo ordenamiento legal que establecen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Artículo 5º. "Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." El interés legítimo al que se refiere el artículo de mérito en relación con el diverso arábigo 5º de la Ley de Amparo, es el que reconoce el carácter de agraviado en el juicio de amparo a aquella persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de acuerdo con la normativa constitucional y la Ley de Amparo que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. Sobre este tópico destaca el hecho de que en el texto de la Ley de Amparo, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del gobernado, ya de manera directa o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, a través del juicio de amparo, el denominado interés legítimo representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. Sobre el interés legítimo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 50/2014 estableció, entre otras cosas, que consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico como ocurre con el interés simple. En ese contexto, el más Alto Tribunal del país también estableció que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, de esta forma, el interés del que se habla debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futura, pero cierta, lo que quiere decir que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Lo anterior se encuentra inmerso en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 60, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014 de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En el particular la quejosa, reclama la orden de desalojo de un local ubicado en ... , mismo que fue condenado dentro del juicio familiar número 648/2016, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, promovido por... Lo anterior, por considerar que dicho desalojo le afecta por tener la posesión de tal inmueble debido a que las partes la autorizaron para tal efecto a principios de dos mil quince; sin embargo, no se advierte que exista algún tipo de contrato para su uso y/o disfrute, motivo por el cual no se le atribuye titularidad de derecho alguno que se vulnere con los actos reclamados a fin de tornar procedente la acción de amparo, ya que para ello, era indispensable que se lesionen de manera directa sus intereses jurídicos, de ahí que los actos de los que se duele únicamente pueden ser combatidos por quien ostente la propiedad del inmueble. Razones por las cuales el suscrito, estima que dicho acto, no tiene un efecto directo e inmediato que lesione alguno de sus derechos fundamentales de la parte quejosa, toda vez que en el caso concreto, ningún perjuicio le causa el desalojo del bien inmueble que refiere, pues en todo caso la persona que tomará la posesión del mismo puede llegar a un arreglo con ésta para que siga teniendo la posesión a que refiere. En ese orden de ideas, se considera que la parte promovente de amparo frente a los actos reclamados carece de interés legítimo, pues en todo caso tiene un interés simple que no es susceptible de ser analizado en esta instancia constitucional. Se considera de esa manera, porque aduce apreciaciones subjetivas que no se traducen en afectación cierta en su esfera jurídica y, por ende, ello no hace que tenga un interés jurídico o legítimo para solicitar la protección constitucional. Por tanto, como en el caso, ello no acontece así, es que se determina que la parte quejosa carece de interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional, porque el tipo de afectación que alude la parte quejosa es factible de determinarse (interés simple) porque aun en el caso de admitirse la demanda no sería factible llegar a una conclusión diversa, de la que aquí se arriba, de ahí que al encontrarse actualizado el motivo de inviabilidad esgrimido, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Así como la tesis de Jurisprudencia número 2, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en las páginas 57 y 58, del informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1989, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Finalmente, se tiene al promovente por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales, en esta ciudad y por autorizado para tal efecto a la persona que señala, virtud a que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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