Esperanza Rios Cardenas

Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
514/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Esperanza Rios Cardenas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad mencionada en primer término, por medio del cual informa que en auto de tres de mayo en curso, aceptó la competencia para conocer de la demanda de garantías promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, y otras autoridades, de la cual, este Órgano Jurisdiccional, declinó la misma por razón de territorio. Ahora bien, como según constancia secretarial que antecede, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar dentro del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14, y 21 inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacan, a veintiseis de abril de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, y otras autoridades, todas ellas con residencia en dicha ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-514/2023-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La orden de aprehensión y/o detención y/o retención y/o localización y/o presentación y/o cualquier otro acto que implique privación y/o restricción de su libertad; así como su ejecución, en indagatoria iniciada en su contra, por las autoridades que señala como responsables. Por tanto, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el Suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de que se trata. De tal forma, respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado, se debe atender no solo a que éste, por sí mismo, tenga una ejecución material de manera directa o inmediata, si lleva una ejecución implícita, la cual implica analizar la naturaleza del acto reclamado y las consecuencias que produce. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, la parte quejosa reclama la orden de aprehensión y/o detención y/o retención y/o localización y/o presentación y/o cualquier otro acto que implique privación y/o restricción de su libertad; así como su ejecución, en indagatoria iniciada en su contra, por las autoridades que señala como responsables; por tanto, si el domicilio de éstas, así como el de dicha quejosa, misma que tiene como domicilio el ubicado en -, lo cual lleva una ejecución material implícita, derivado de la naturaleza del acto reclamado, y las consecuencias que produce; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal, para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, toda vez que ello le compete al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en la ciudad de Uruapan, por ser quien tiene jurisdicción en esa población; por lo cual, se ordena remitir la presente demanda de garantías a dicho similar, con sus copias, para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. Sirve de apoyo la Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." No pasa inadvertido para el Suscrito, que de un análisis del escrito de demanda, se desprende que la quejosa señala como violadas en su perjuicio las garantías contenidas en el artículo 22 Constitucional, sin embargo, no ha lugar a decretar la suspensión de plano, toda vez que del propio libelo constitucional no se advierte que se encuentre incomunicada o bien en alguno de los supuestos que establece dicho dispositivo legal. Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Asimismo, se invita a las partes, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales, se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente, previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, notifíquese por lista el presente proveído, toda vez que la autoridad que conozca del presente asunto, notificará dicho avocamiento de manera personal. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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