Esteban García Rojas
Expediente 501/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esteban García Rojas y Otros.
- Rosalva Hernández Cruz
- Esteban García Rojas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó la protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que de no hacerlo en dicho término, los mismos correrán la suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/2557/2019 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 501/2019 promovido por Esteban García Rojas, Juan Hernández Rosel, Pablo Hernández Cruz, Rosalva Hernández Cruz, Mario Caballero Ramírez, Arturo Aguilar Ramírez, Jorge Boyso Arroyo, Noemí Melchor Paredes, José Adalid Calderón Ruiz, Maricela Hernández Cruz, Luis Miguel Herrera Torres y Francisco Javier Hernades Cruz, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 2-5), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Esteban García Rojas, Juan Hernández Rosel, Pablo Hernández Cruz, Rosalva Hernández Cruz, Mario Caballero Ramírez, Arturo Aguilar Ramírez, Jorge Boyso Arroyo, Noemí Melchor Paredes, José Adalid Calderón Ruiz, Maricela Hernández Cruz, Luis Miguel Herrera Torres y Francisco Javier Hernades Cruz, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tarímbaro y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, el contenido en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 501/2019, se admitió mediante proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por los quejosos, son: Del Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el oficio de quince de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual hace del conocimiento del Director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán que no podrán depositar residuos en el tiradero municipal, las personas físicas y/o morales que no cuenten con el permiso expedido y signado por él y/o el pago correspondiente debidamente realizado en la Tesorería municipal. Del Secretario del Ayuntamiento, de la Síndico Municipal y el Contralor interno, la ejecución del contenido del oficio citado en el párrafo anterior. De la Tesorería Municipal, el cobro que se les pretende aplicar. Del Director de Servicios Municipales y del Jefe de Brigada, adscrito a Servicios Municipales, el no permitirles el acceso al tiradero municipal y/o relleno sanitario. Al Director de Seguridad Pública del Municipio de Tarímbaro, la detención de sus unidades automotoras, recolectoras de residuos sólidos y el desalojo arbitrario así como la detención, retención o privación de la libertad de los pepenadores y separadores de materiales comercializables. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados al Director de Seguridad Pública del Municipio de Tarímbaro. El Director de Seguridad Pública del Municipio de Tarímbaro, al rendir su informe justificado negó los actos atribuidos por la parte quejosa, consistentes en la detención de sus unidades automotoras, recolectoras de residuos sólidos y el desalojo arbitrario así como la detención, retención o privación de la libertad de los pepenadores y separadores de materiales comercializables (Foja 41). Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al Director de Seguridad Pública del Municipio de Tarímbaro, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Presidente Municipal, al Secretario, a la Síndico Municipal, al Contralor Interno, a la Tesorería Municipal, al Director de Servicios Municipales y al Encargado del Relleno Sanitario, todos del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 79, 84, 89, 99, 94, 110 y 104). Asimismo, debe presumirse cierto el acto reclamado al Jefe de Brigada adscrito a Servicios Municipales, toda vez que dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de que debidamente notificada de su requerimiento -como se advierte del acuse de recibo que obra a fojas 123 del presente juicio de amparo-; en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la parte quejosa a su demanda, así como con las que remitió la mencionada autoridad responsable, consistentes en diversas copias certificadas de documentos que obran en los archivos de la dependencia a su cargo. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º y de las que se advierte el oficio reclamado. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Procedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Presidente Municipal, el Secretario, la Síndico, el Contralor interno, la Tesorería Municipal y el Director de Servicios Municipales del Ayuntamiento, todos del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del Artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 17 y 18 del mismo ordenamiento. Al respecto manifestaron que de la interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos derivaba que el juicio de amparo en contra del pago de una contribución, que motu proprio realiza el contribuyente, debe promoverse dentro del plazo de quince días, dado que no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, también se deduce que el plazo para la presentación de la demanda debe computarse a partir del día siguiente el en que efectuó el pago del tributo, porque la haberse realizado de forma voluntaria no existe un acto administrativo que pueda ser considerado como notificación y por ende, que surta sus efectos en días posteriores. Que el pago voluntario de una contribución, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por ello, antes esa eventualidad debe considerarse que el día en que se efectuó dicho pago, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, el plazo para la presentación de la demanda comenzará el día siguiente e invocó la tesis 2a/J.153/2007 de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". Argumentos que son inatendibles, ya que en el caso el acto reclamado no es una ley ni un acto de aplicación sino un oficio por medio del cual el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán informó al Director de Servicios Municipales de dicho ayuntamiento que desde la fecha de dicho oficio (quince de abril de dos mil diecinueve) ya no se podrán depositar residuos en el tiradero municipal si no se contaba con el permiso expedido por el Presidente Municipal y/o el pago correspondiente debidamente realizado a la tesorería municipal, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Tarímbaro, Michoacán para el ejercicio fiscal 2019, en sus artículos 35, 37 y 40. Aunado a ello, se advierte que los oficios fueron entregados a los aquí quejosos el veintinueve de abril del año en curso (fojas 46 a la 57) y la demanda de amparo la presentaron el dos de mayo de dos mil diecinueve, evidentemente dentro del plazo de quince días establecido en la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que las partes hicieron valer diversa causal de improcedencia y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa la existencia de otra; lo conducente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los quejosos señalan que el oficio reclamado, resulta violatorio de sus derechos humanos y específicamente del contenido en el artículo 5° constitucional que dispone que a ninguna personas podrá impedirse que se dedique a la profesión industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; que el ejercicio de esa liberad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad y que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Ello -aducen- en razón de que en momento alguno fueron requeridos por el Presidente Municipal de Tarímbaro o por autoridad alguna del ayuntamiento de dicho municipio, mediante oficio en el que se les hubiera indicado que como recolectores de residuos sólidos o pepenadores y separadores de materiales comercializables, tenían que pagar cantidad alguna por la actividad que desde hace varios años desempeñan, como lo es el ingresar al tiradero de basura y/o relleno sanitario, a descargar los residuos sólido que recolectan o a separar y pepenar los materiales comercializables y mucho menos se les especifica de manera fundada qué deben pagar y qué cantidades para ingresar a laborar en la forma en que lo han venido haciendo Aunado a ello, no existe ley, decreto o reglamento, legalmente establecido y publicado en el Periódico Oficial del Estado sobre algún impuesto que deban cubrir tanto a las autoridades ordenadoras como ejecutoras, al negarles el acceso al tiradero o relleno sanitario para desempeñar la labor que han estado realizando, por lo que se vulnera lo dispuesto en el artículo 5° de la Carta Magna. Motivos de inconformidad que son infundados, por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la libertad de trabajo, esto es, la posibilidad de que toda persona pueda dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, mientras sea lícito y no contravenga los intereses de terceros ni derechos de la sociedad, pudiendo sólo limitarse por determinación judicial o resolución gubernativa que lo justifique. Asimismo, dicho precepto fundamental establece que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual debe estar ceñido a lo dispuesto por la propia Constitución Federal en torno a los derechos de los trabajadores. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad de trabajo, como cualquier otro derecho fundamental, no puede entenderse de un modo absoluto e irrestricto, sino que debe analizarse a la luz del resto de los derechos humanos reconocidos a favor de las personas y conforme con el resto de disposiciones que integran la Constitución Federal. Ahora bien, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 72, fracción III, 74, 82, 83 fracción I y 85, establece que los Ayuntamientos del Estado prestarán diversos servicios públicos, entre los que se encuentran Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, los cuales podrá prestar a través de particulares mediante el otorgamiento de concesiones, las cuales se otorgarán por tiempo determinado así como que los concesionarios tienen diversas obligaciones entre las que se encuentra la de cubrir a la Tesorería Municipal, la participación que sobre las concesiones le corresponda al Municipio, así como los derechos determinados por las disposiciones de la materia Asimismo, que los ayuntamientos, en el caso de las concesiones de servicios públicos podrán Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y realizar, respecto de las concesiones, las modificaciones que estime convenientes; dictar las resoluciones de terminación de la concesión, de conformidad con las disposiciones aplicables; y, ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su administración, en los casos en que el concesionario no lo preste eficazmente o se niegue a seguir prestándolo, para lo cual podrá utilizar, en su caso, la fuerza pública. Por otra parte, los artículos 35, 37 y 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tarímbaro para el ejercicio fiscal 2019, establecen que: a) por la autorización que se otorgue a personas físicas y morales, para llevar a cabo la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario, se causarán, liquidarán y pagaran diversos derechos por tonelada depositada; b) por la inscripción anual en el padrón de prestadores de bienes y servicios, se causará, liquidará y pagará la cantidad de setecientos cuarenta y ocho pesos; y, c) Tratándose de las contribuciones por concepto de derechos a que se refiere el presente Título, que no hayan sido cubiertas en la fecha o dentro del plazo fijado por la Ley de Hacienda, se causarán honorarios y gastos de ejecución, multas e indemnización, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal Municipal y el reglamento que para el efecto apruebe el ayuntamiento y la tasas aplicables a los recargos. En ese contexto, es evidente que los aquí quejosos para poder realizar la actividad de recolección de residuos sólidos o bien de separación de materiales comercializables que realizan, tengan que acatar lo estipulado por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, entre lo que se encuentra contar con la concesión expedida por el Presidente Municipal así como efectuar los pagos a que se refiere tanto dicho ordenamiento como la Ley de Ingresos del Municipio de Tarímbaro para el ejercicio fiscal 2019. Consecuentemente, el oficio reclamado al precisar los términos y las condiciones en que debe depositarse los residuos en el tiradero municipal no impide ni limita a los quejosos el libre ejercicio de la libertad de trabajo, toda vez que se trata de la regulación de un servicio público cuya prestación requiere de una concesión, lo que permite al Estado establecer esos términos y condiciones. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 28/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Materia Constitucional, Novena Época, registro 194152 "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado". También se estima aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 24/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Materia Constitucional-Administrativa, Décima Época, registro 2014009, de rubro y texto: "CUSTODIA GRATUITA DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN V, DE LA LEY ADUANERA, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013, NO VIOLA LA LIBERTAD DE TRABAJO (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS 1a. XXXVII/2004). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 288/2003, del cual derivó la tesis 1a. XXXVII/2004, estableció que el artículo 15, fracción V, de la Ley Aduanera, vigente hasta el 9 de diciembre de 2013, transgrede la libertad de trabajo por excluir el pago del servicio de custodia que deben prestar los concesionarios o autorizados para prestar servicios de manejo, almacenamiento y custodia de mercancías de comercio exterior, con lo cual se impedía obtener la retribución por la prestación de dicho servicio. Ahora bien, esta circunstancia subsiste en el texto reformado de ese precepto legal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, en el que expresamente se prevén como gratuitos los servicios de almacenamiento y custodia de mercancías de comercio exterior durante determinados plazos. Sin embargo, esta Primera Sala considera procedente, en una nueva reflexión, apartarse del criterio aislado de referencia, en virtud de que la libertad de trabajo, como cualquier otro derecho humano, no puede entenderse de un modo absoluto e irrestricto, sino que debe analizarse a la luz del resto de los derechos humanos reconocidos a favor de las personas y de conformidad con el resto de las disposiciones que integran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si por mandato constitucional corresponde al Estado, en principio, prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior, pudiendo otorgarse a los particulares concesión o autorización para hacerlo, entonces los propios autorizados o concesionarios quedan supeditados a las condiciones y modalidades que el Estado imponga respecto de los servicios descritos, siendo una de ellas la relativa a la gratuidad del almacenamiento y custodia por determinados plazos a que se refiere la Ley Aduanera. Por tanto, el citado artículo 15, fracción V, reformado, no viola la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5o. de la Constitución Federal, en virtud de que sólo impone una obligación o modalidad para el ejercicio de la referida concesión o autorización, la cual es acorde con la rectoría del Estado en materia de comercio exterior, porque no impide a los concesionarios ejercer las actividades inherentes a la autorización o concesión que les fue otorgada". Por otra parte, contrario a lo señalado por los quejosos, el Presidente Municipal sí les hizo de su conocimiento, a través del oficio reclamado que debían contar con el permiso correspondiente y el pago realizado a al Tesorería Municipal; documento que los quejosos incluso firmaron de recibido, como se advierte a fojas 46 a 57 del presente juicio de amparo. Y si bien no establece la cantidad que debían pagar, sí los remite a los artículos 35, 37 y 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tarímbaro, en la que sí se precisan los montos a pagar, la cual fue publicada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán. En las relatadas condiciones, se impone negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva por los actos de ejecución reclamados al Secretario, al Síndico Municipal, al Contralor interno, a la Tesorería, al Director de Servicios Municipales, al Jefe de Brigada y al Encargado del Relleno Sanitario, todas del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, por no haberse reclamado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Esteban García Rojas, Juan Hernández Rosel, Pablo Hernández Cruz, Rosalva Hernández Cruz, Mario Caballero Ramírez, Arturo Aguilar Ramírez, Jorge Boyso Arroyo, Noemí Melchor Paredes, José Adalid Calderón Ruiz, Maricela Hernández Cruz, Luis Miguel Herrera Torres y Francisco Javier Hernades Cruz, respecto de la autoridad y por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Esteban García Rojas, Juan Hernández Rosel, Pablo Hernández Cruz, Rosalva Hernández Cruz, Mario Caballero Ramírez, Arturo Aguilar Ramírez, Jorge Boyso Arroyo, Noemí Melchor Paredes, José Adalid Calderón Ruiz, Maricela Hernández Cruz, Luis Miguel Herrera Torres y Francisco Javier Hernades Cruz por los actos reclamados al Presidente Municipal, al Secretario, al Síndico Municipal, al Contralor interno, a la Tesorería, al Director de Servicios Municipales, al Jefe de Brigada y al Encargado del Relleno Sanitario, todas del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, motivos expuestos considerando quinto del presente fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia que llegue a emitirse, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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