Esteban Camacho Romero
Expediente 276/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esteban Camacho Romero
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio T-IV-732 C.C.L.4/ 21 del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, e informa que declaró competente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular, en términos del párrafo primero del artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3349/2021 de uno de septiembre del presente año, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de treinta de junio actual, el tribunal de alzada admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el cual se registró con el número de conflicto competencial 4/2021. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este juzgado y que ordenó remitir los autos del juicio 193/2021, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a fin de que dicho tribunal conozca del conflicto competencial formulado por el homólogo oficiante; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual remite el juicio de amparo 193/2021 de su índice, promovido por Esteban Camacho Romero, por propio derecho, al considerar que carece de competencia para conocer del presente asunto; por ello el juez oficiante indica que se ubica en el supuesto previsto en el numeral 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo que establece la competencia por territorio de los órganos jurisdiccionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 276/2021. No obstante lo anterior, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada por las razones que se exponen a continuación. En efecto, este Juzgado no comparte el criterio del juez oficiante, quien sostiene que en el caso se actualiza el supuesto a que se refiere el numeral 37, primer párrafo de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. " Sin embargo, analizada íntegramente la demanda se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: "De la autoridad señalada en el párrafo anterior reclamo la violación al artículo primero constitucional, toda vez que existe una negativa de su parte para proveerme de placas para mi vehículo, bajo el argumento de que ya existe un vehículo con el mismo número de serie que el mío con placas, actuación que genera una ilegalidad e inconstitucionalidad ya que no se garantizan mis derechos bajo ninguna circunstancia, ya que cuento con toda la documentación pertinente para acreditar que mi vehículo cuenta con el número de serie que se encuentra registrado con la autoridad responsable y no tengo placas para la circulación de dicha unidad" Lo anterior evidencia que el acto reclamado no tiene ejecución material alguna, por lo que en el caso, contrario a lo que sostiene la autoridad declinante, resulta aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del citado precepto 37, mismo que prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Para evidenciar tal aseveración, se considera necesario citar el análisis de la naturaleza de los actos llevado a cabo por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 343/2019, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.86/2019 (10 a.), localizable en la página 254 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, número de registro 2021191, de rubro siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA". En dicha ejecutoria el señalado órgano colegiado del máximo tribunal del país estableció lo siguiente: "." "40. Ahora bien, con la finalidad de explicar mejor lo anterior, en principio se considera oportuno examinar la naturaleza del acto reclamado en los supuestos sometidos a contradicción, sólo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Así, los actos se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos Actos negativos simples Actos negativos con efectos positivos; Actos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. 41. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. 42. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde.(10) 43. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. 44. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. 45. Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. 46. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. 47. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. 48. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. 49. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión." En el caso concreto, como se estableció con anterioridad, la parte quejosa reclama la negativa de la autoridad responsable de acordar su petición de forma favorable, es decir, de otorgarle placas para su unidad vehicular, tal como se desprende del oficio SFA-DR-DS/087/2020, expedido por el Jefe de Departamento de Supervisión de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado es de naturaleza negativa simple, es decir, constituye una negativa por parte de la autoridad responsable a realizar lo que le fue solicitado por la parte quejosa y por tanto, carece de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, en términos del artículo 37 tercer párrafo de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 500, libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2006529, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Asimismo, apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.), consultable en la página 700, del tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, décima época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, número de registro 2021783, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. De igual forma, apoya lo anterior en lo conducente la tesis I.19o.A.2 A (10a.), consultable en la página 2281, del tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, décima época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, número de registro 2018133, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESPUESTA NEGATIVA DE UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL A LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN INMUEBLE. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Si en el juicio de amparo se reclama la respuesta negativa de una dependencia del Gobierno Federal a la petición de donación de un inmueble, para resolver la cuestión de competencia debe ponderarse el contenido del acto reclamado, el cual es declarativo, al constituir un pronunciamiento negativo que no prescribe o manda una conducta determinada, ni implica la realización de una obligación de hacer o dar; sin que pueda afirmarse que conlleva un principio de ejecución material, atento a los efectos de una posible concesión del amparo, ni al hecho de que pueda resultar o no procedente la donación en favor del quejoso, porque ello prejuzgaría sobre una hipótesis futura e incierta, la cual, además, involucra una cuestión de fondo. Por tanto, la competencia para conocer del juicio no corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ubica el inmueble relacionado con la donación, sino ante el que se presentó la demanda de amparo, conforme al último párrafo del artículo 37 de la ley de la materia". También es de destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las directrices para fincar la competencia al Juez de Distrito correspondiente respecto y exclusivamente sobre el acto reclamado, más no que se fijará la competencia sobre las consecuencias que tenga, en su caso, la concesión del amparo respecto del acto reclamado, hipótesis que pretende plantear el juez homólogo, y que no se comparte por el suscrito. Por tanto, con fundamento en artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado no acepta la competencia planteada por la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, pues de lo expuesto en líneas precedentes se aprecia se actualiza el supuesto establecido en dicha hipótesis y no en la primera que contempla el aludido numeral, pues el acto reclamado carece de ejecución material. En consecuencia, se ordena devolver el juicio de amparo 193/2021 al juzgado remitente, a fin de que, tomando en consideración lo expuesto, determine lo que en derecho corresponda, solicitando atentamente, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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