Esperanza Villaseñor Elizarrarás
Expediente 770/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esperanza Villaseñor Elizarrarás
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el veintidós de junio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente expediente; sin embargo, este órgano jurisdiccional omitió devolver el tomo de pruebas que la autoridad responsable aportó como sustento a su informe justificado; en consecuencia, devuélvasele el tomos que adjuntó al momento de rendir su informe de cuenta, sin que sea necesario que acuse de recibo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del tres de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 770/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Zamora, Michoacán, consistente en copia autorizada de las constancias relativas al juicio sucesorio intestamentario 1714/2019. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Esperanza Villaseñor Elizarrarás, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Zamora, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 988, 1005, 1034 y 1041 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Segundo. Returno. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien la radicó mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte y registró con el número 671/2020 de su índice; sin embargo, en la propia fecha ordenó remitir a ese Juzgado de Distrito la demanda y sus anexos, al considerar que tiene relación con el diverso juicio 810/2019. Tercero. Admisión. Mediante auto de veinte de octubre de dos mil veinte, este Órgano Jurisdiccional aceptó el returno planteado y registró el expediente bajo el número 770/2020, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de doce de enero de dos mil veintiuno, se reconoció carácter de tercera interesada a Rebeca Guzmán Ramírez, en cuanto albacea definitiva en el juicio sucesorio intestamentario de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y ahora procede resolver el presente juicio de amparo de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que la parte quejosa reclama a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, consiste en: El auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 1714/2019, radicado por el apoderado jurídico de la aquí tercera interesada Rebeca Guzmán Ramírez, a bienes de José Luis Rodríguez Cázarez. En dicho proveído, la juez responsable tuvo por recibido el escrito mediante el cual la quejosa -además de exhibir copia de las facturas que le fueron requeridas- solicitó se dejara sin efectos el oficio 2915/2019 de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, girado al agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Mesa VI de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, para que le entregara a la albacea provisional Rebeca Guzmán Ramírez la posesión de diversos vehículos; y pidió que se enviara nuevo oficio a fin de que dicho Representante Social decretara el aseguramiento de los nueve automotores que refiere son de su propiedad y estos le sean entregados; a lo cual la responsable acordó que no ha lugar a proveer la petición de la quejosa porque no tiene carácter alguno reconocido dentro del juicio de origen; agregando que tiene expedito su derecho para ejercitar la acción civil o penal contra quien haya violado su derecho de audiencia. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Zamora, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha responsable, consistentes en copia autorizada de las constancias del juicio sucesorio intestamentario 1714/2019 [un tomo de pruebas]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna ni este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas; por lo que procede estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a calificar los conceptos de violación aducidos por la impetrante del amparo, es necesario destacar las siguientes actuaciones que se desprenden del juicio de origen: Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, el apoderado legal de Rebeca Guzmán Ramírez, Alejandra Leticia y José Manuel, ambos de apellidos Rodríguez Millán, compareció a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes de José Manuel Rodríguez Cázares y refirió que Esperanza Villaseñor Elizarraras tenía en su poder escrituras de bienes inmuebles y facturas de diversos vehículos, por lo que solicitó se le requiriera la entrega inmediata de los mismos. En auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, admitió a trámite el juicio en los términos planteados y lo registró bajo el número 311/2019, designó como albacea provisional a Rebeca Guzmán Ramírez y requirió a Esperanza Villaseñor Elizarraras para que en el término de tres días hiciera entrega de los documentos requeridos. Luego, en atención al Acuerdo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se determinó que el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Morelia tiene exclusiva competencia en materia familiar, el dos de diciembre de dos mil diecinueve la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil se avocó al conocimiento del asunto y lo registró bajo el número 1714/2019 de su índice. Seguido el trámite respectivo, mediante escritos presentados el veinte de agosto y uno de septiembre de dos mil veinte, Esperanza Villaseñor Elizarraras, exhibió ante la autoridad responsable diversas copias certificadas de facturas, y asimismo, solicitó se dejara sin efectos el oficio 2915/2019 de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, girado al agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Mesa VI de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, para que le entregara a la albacea provisional Rebeca Guzmán Ramírez la posesión material del diversos vehículos; y se enviara nuevo oficio a fin de que dicho Representante Social decretara el aseguramiento de los automotores que refiere son de su propiedad y estos le fueran entregados. Atento lo anterior, la autoridad responsable le tuvo exhibiendo las constancias de referencia y en cuanto a la citada petición, recayó el siguiente acuerdo [foja 208 del tomo de pruebas]: "Zamora de Hidalgo, Michoacán, a 17 diecisiete de septiembre del año 2020 dos mil veinte. Visto el escrito signado por Esperanza Villaseñor Elizarraras, no ha lugar a lo que solicita, toda vez que la forma en que lo realiza no es la idónea para cumplir con los requisitos previstos en la ley adjetiva civil, ello porque no tiene ningún carácter reconocido en el presente juicio y por ello tendría que haber tramitado de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado para los incidentes; de igual forma, debe decirse a la promovente que tiene expedito su derecho para ejercitar la acción que considere pertinente en la instancia que prefiera, ya sea civil o penal en contra de quien haya violentado su derecho de audiencia, como lo previenen los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo acordó y firma la licenciada Eva Mayés Bustamante, Juez Primero de primera instancia en materia civil de este distrito judicial, que actúa con el secretario de acuerdos que autoriza Alejo Herrejón Cedeño. Doy fe." El auto anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, la quejosa en el apartado relativo a los conceptos de violación, argumenta: Que al negarse la juez natural a cancelar el oficio girado al Ministerio Público dentro del expediente en cuestión, viola sus derechos de propiedad y su garantía de audiencia contenidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución General de la República, toda vez que no fue oída ni vencida en juicio. Refiere que no es parte dentro del juicio de origen, pero lo señalado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado para los incidentes no resulta aplicable al caso concreto, porque tratándose de juicios sucesorios lo que procede es tramitar la demanda de terceros conforme lo establece el numeral 1052 del referido ordenamiento legal, siempre y cuando existiera en autos el inventario de bienes que conforman la masa hereditaria. Sin embargo, aduce que como en el juicio sucesorio de origen aún no se inicia la segunda sección, no existe inventario y es por ello que solicitó a la juez responsable dejar sin efectos el oficio 2915/2019 de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, girado al agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana Mesa VI de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, para que le entregara a la albacea provisional Rebeca Guzmán Ramírez diversos vehículos; que se enviara nuevo oficio a fin de que dicho Representante Social decretara el aseguramiento de los automotores que refiere son de su propiedad y estos le sean entregados. Que con las copias certificadas de las facturas exhibidas, mismas que contienen los endosos a su nombre, queda plenamente acreditado que es propietaria de los vehículos ahí descritos, por lo que deberá concedérsele el amparo a fin de que el Representante Social decrete el aseguramiento de los vehículos de su propiedad y se le haga entrega de los mismos. Que en la fecha que la responsable decretó el aseguramiento de los multicitados vehículos, la albacea aún no presentaba el inventario y avalúo de los bienes que formaban parte del caudal hereditario de la sucesión, por lo que no procedía girar orden alguna respecto de ningún bien y al hacerlo se violó en su perjuicio lo establecido en los artículos 988, 1005, 1039 y 1041 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los anteriores motivos de inconformidad devienen infundados. En efecto, se estima correcta la determinación asumida por la autoridad responsable, al negar acordar la petición para dejar sin efectos el oficio girado al agente del Ministerio Público, así como enviarle nuevo comunicado para que decretara el aseguramiento de los vehículos que la quejosa refiere son de su propiedad y estos le sean entregados, porque efectivamente, la peticionaria de amparo no se encuentra constituida como parte formal en el juicio sucesorio de origen. Es así, porque de acuerdo a los criterios establecidos por nuestro máximo tribunal, como partes de un juicio, debe entenderse a las que tienen facultad para intervenir en un procedimiento, en la discusión de los derechos controvertidos judicialmente; de modo que, el carácter de parte depende de la posibilidad de hacerse oír por el juez de la causa, con motivo de los derechos controvertidos y no de la relación indirecta que cualquiera persona pueda tener a virtud de algunas diligencias procesales, ni menos por las determinaciones dictadas en el proceso originado entre distintas personas y por causas a las que son ajenas, como sucede tratándose de los adjudicatarios en remate, o adquirentes en enajenaciones de carácter judicial. Bajo ese panorama, el hecho de que la quejosa aduzca que los vehículos respecto de los cuales se le requirió para que exhibiera las facturas son de su propiedad, virtud al endoso que aduce obra al reverso de cada una de ellas, no es suficiente, por sí mismo, para estimar que tiene legitimación procesal para intervenir en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Manuel Rodríguez Cázares. Lo anterior quiere decir que, el derecho de propiedad que la quejosa ostenta respecto de los bienes muebles que son reclamados por la sucesión intestamentaria del de cujus, no la legitima procesalmente para intervenir en un juicio en el que únicamente se ventilan cuestiones relativas a la transmisión de bienes y derechos del extinto José Manuel Rodríguez Cázares, dado que, la legitimación procesal activa o ad procesum, consiste en la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer. De modo que, la quejosa no tiene legitimación en el expediente de origen porque el derecho cuestionado en el juicio sucesorio intestamentario 1714/2019 se refiere exclusivamente al reconocimiento de herederos y la repartición de bienes propiedad del de cujus, razón por la cual, son esas personas quienes tienen aptitud para intervenir en el procedimiento. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1786 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 356845, Tomo LVI, que dice: "PARTE EN EL JUICIO, CONCEPTO DE. Como partes debe entenderse a las que tienen facultad para intervenir en un procedimiento, en la discusión de los derechos controvertidos judicialmente; es decir, el carácter de parte depende de la posibilidad de hacerse oír por el Juez de la causa, con motivo de los derechos controvertidos y no de la relación indirecta que cualquiera persona pueda tener a virtud de algunas diligencias procesales, ni menos por las determinaciones dictadas en el proceso originado entre distintas personas y por causas a las que son ajenas, como sucede tratándose de los adjudicatarios en remate, o adquirentes en enajenaciones de carácter judicial." Así como la jurisprudencia 2a./J. 75/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 352 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, registro 196956, del rubro y texto: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Se afirma lo anterior, porque para tener reconocido el carácter de "parte" es necesario que la ley reconozca la entidad jurídica de quienes promueven, que en el caso del juicio sucesorio, lo son generalmente, albaceas, cónyuges sobrevivientes, herederos o legatarios, el fisco del Estado y el Ministerio Público, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por ende, la razón para limitar la intervención en el juicio sucesorio intestamentario radica en su naturaleza, pues se trata de un juicio universal que involucra a las personas que tienen derecho a heredar los bienes de quien ha fallecido; de ahí que la juez responsable acertadamente determinara que no procedía acordar favorable la petición de la quejosa, debido a que su petición no se ajusta a lo que al respecto establece la ley adjetiva civil. Ahora bien, debe precisarse que, tal como aduce la quejosa, en términos del artículo 1052 del propio Código de Procedimientos Civiles del Estado, en los juicios sucesorios es posible tramitar una demanda de terceros sobre inclusión o exclusión de bienes en los inventarios, misma que se substanciará en juicio sumario, suspendiéndose la aprobación de los mismos inventarios hasta que se dicte sentencia ejecutoria; sin embargo, de las constancias relativas al juicio sucesorio de origen se desprende que aún no inicia la segunda sección denominada de inventarios. Sin embargo, si la quejosa aduce que tiene un derecho de propiedad sobre los vehículos que se pusieron en posesión de la albacea provisional, esto es, su pretensión toral es la relativa a que se reconozca su derecho de legítima propietaria de los referidos bienes muebles y le sea entregada su posesión material, tal cuestión debe tramitarse a través de una acción de defensa del derecho de propiedad, como lo es el juicio reivindicatorio, que no es más que el derecho del propietario a acudir a los tribunales reclamando aquello que considera que es suyo, a aquel que lo posee sin ser propietario, con el fin de que se lo entregue. Lo anterior no puede ser de otra manera si, tal como lo refiere la propia peticionaria del amparo y de acuerdo a las constancias que obran en el juicio sucesorio de origen, se desprende la existencia de la carpeta de investigación 1005201904175, que se integró merced a la denuncia que presentó la quejosa contra Rebeca Guzmán Ramírez por el delito de robo y otros, donde, mediante oficio 890 de quince de octubre de dos mil diecinueve [foja 133 del tomo de pruebas], el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, informó a la juez natural que no era posible entregar a la albacea los vehículos a que se refiere la quejosa, porque se encontraban asegurados dentro de la citada carpeta, en virtud de ser instrumentos de investigación. Empero, a través del diverso escrito presentado el veintiuno de noviembre del mismo año [foja 144 del tomo de pruebas], el apoderado jurídico de la sucesión intestamentaria informó a la autoridad responsable que con fecha quince del mes y año citados, la Representación Social ya realizó la entrega de dichos automotores a la albacea Rebeca Guzmán Ramírez. De suerte que, si los vehículos respecto de los cuales la quejosa solicita su entrega, ya están en poder de la albacea de la sucesión, debe ejercitar la acción reivindicatoria en la que pruebe que ha adquirido de alguna forma esos bienes, contra la representante de la citada sucesión, pues esta es quien cuenta con la autorización judicial para litigar las acciones civiles y/o penales a efecto de hacer efectivos los derechos de la sucesión que representa, misma que puede promoverse en esos términos pues en el juicio sucesorio aún no se lleva a cabo la partición de la herencia. Por lo anterior, contrario a lo que aduce la impetrante del amparo, no se advierte vulneración en su perjuicio de los artículos 988, 1005, 1039 y 1041 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, relativos a las funciones del albacea y la presentación del inventario de los bienes de la sucesión, pues como se expuso en párrafos precedentes, al no ser parte en el juicio sucesorio intestamentario de origen, ningún perjuicio le ocasiona la actuación de la albacea designada, aunado a que no expone por qué se inobservó lo dispuesto en tales preceptos legales y de qué manera le afecta por lo que en ese sentido, este resolutor no está en condiciones de realizar análisis alguno al respecto. En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Esperanza Villaseñor Elizarraras, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 03 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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