Esteban García Colindres
Expediente 963/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Esteban García Colindres
Actuaciones
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- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 963/2023 promovido por ******************** por conducto de su defensora pública ******************** en contra de los actos reclamados a la autoridad que posteriormente se indicarán. I. ANTECEDENTES De los hechos que la parte quejosa manifestó en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y del informe justificado rendido por la responsable Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta localidad, se advierte que en la continuación de la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veintitrés, ese órgano jurisdiccional dictó en contra del quejoso ******************** un auto de vinculación a proceso en la carpeta judicial ******************** por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento, por lo que el disidente figura en ese proceso criminal como imputado, quien en esa data estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Trece, CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; además, se advierte que el seis y el diez, ambas fechas del mes y año en curso, en la citada diligencia se decretó en contra del disidente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En consideración del inconforme las actuaciones que impugna vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicio en su esfera jurídica. II. TRÁMITE Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ******************** por conducto de su defensora pública ******************** promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y de la autoridad responsable que más adelante se indicarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los arábigos 1, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal a quien por razón de turno correspondió conocer del presente asunto lo registró bajo el expediente 963/2023 y previno al justiciable para que aclara su escrito inicial. A través del libelo exhibido el veintiuno de septiembre posterior, el disidente cumplió los requerimientos formulados, por lo que en el auto de veintidós de septiembre siguiente, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se reconoció el carácter de terceros interesados a ********************, a ******************** y a ********************, en su calidad de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación de la Fiscalía General de la República en Oaxaca que intervinieron en la carpeta judicial ******************** de donde emanan los actos reclamados, por lo que se dispuso su emplazamiento a este juicio constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que tienen ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: De la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, combate: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la continuación de la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta judicial ******************** por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra en la citada diligencia el seis y el diez, ambas fechas de septiembre del año en curso. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Son ciertos los actos reclamados a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta localidad, porque en su informe justificado aceptó la existencia de esas actuaciones, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada su certeza. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de las actuaciones impugnadas se corrobora con el disco versátil digital certificado que contiene los registros de audio y de video de la audiencia inicial que comenzó el seis de septiembre de dos mil veintitrés, y concluyó el diez de septiembre posterior, celebrada en la carpeta judicial ******************** en la que se dictó el auto de vinculación a proceso y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que el justiciable impugna y con la reproducción autorizada de las diversas actuaciones que integran dicho expediente que la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta localidad, aportó en el presente sumario en apoyo de su informe justificado. A esos instrumentos se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que en las actuaciones de ese proceso penal obran las resoluciones combatidas, lo que conduce a establecer la existencia de los actos reclamados. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Igualmente, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, cuyos rubro y texto exponen: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio se advierte que en relación con los actos impugnados a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la continuación de la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta judicial ******************** por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra en la citada diligencia el seis y el diez, ambas fechas de septiembre del año en curso, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque en ese asunto se dio un cambio de situación jurídica respecto del justiciable que da pauta a considerar que se han consumado de manera irreparable las violaciones reclamadas, dado que no puede decidirse en cuanto a la resolución de término constitucional y la medida cautelar impugnadas que derivan de ese procedimiento judicial sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la sentencia condenatoria firme pronunciada en el procedimiento abreviado que se instrumentó en la carpeta judicial de origen y la imposición de la pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional que le fue impuesta en ese procedimiento criminal, en el que el justiciable se acogió al beneficio de condena condicional, por lo que al haber cumplido los requisitos para su otorgamiento se ordenó su inmediata libertad. El precepto citado prescribe lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando con motivo de un cambio de situación jurídica en un procedimiento judicial se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica y que cuando en el amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia señalada. El cambio de situación jurídica por regla general se produce cuando concurren los presupuestos siguientes: 25.1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; 25.2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la que el quejoso se encontraba en razón del acto que reclamó en el amparo; 25.3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio constitucional; y, 25.4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de protección de los derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis 2a. CXI/96 sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie concurren los presupuestos enunciados, como se demostrara enseguida. Primeramente debe señalarse que los actos reclamados en este medio extraordinario de defensa emanan de un procedimiento jurisdiccional, porque en el caso ******************** por conducto de su defensora pública ******************** acudió a esta vía constitucional a reclamar de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la continuación de la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta judicial ******************** por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra en la citada diligencia el seis y el diez, ambas fechas de septiembre del año en curso; por tanto, el primer presupuesto está colmado. En otro punto, de este sumario se desprende que el órgano jurisdiccional responsable en su informe justificado reconoció la certeza de las actuaciones impugnadas y que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca en atención al requerimiento de siete de noviembre del año en curso, formulado a la autoridad judicial responsable exhibió copias certificadas del proveído de ocho de los corrientes, dictado en la carpeta judicial ********************, de la sentencia condenatoria pronunciada en el procedimiento abreviado que se instrumentó en ese procedimiento criminal y de los comunicados ******************** y ********************, ambos de veinticuatro de octubre pasado, suscritos por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, y por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en esta entidad federativa, así como un disco versátil digital certificado que contiene los registros de audio y de video de la audiencia de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, celebrada en el procedimiento abreviado tramitado dentro de la carpeta judicial señalada de donde emanan los actos reclamados, de los que se desprende ese fallo y su declaratoria de firmeza, la determinación en la que se estableció el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al disidente, la concesión del beneficio de la condena condicional al agraviado, la orden de poner en libertad a este último y la materialización de ese mandamiento de libertad. Además, de tales instrumentos se advierte que el procedimiento abreviado que se instrumentó en la carpeta judicial de origen se impuso en contra del justiciable una pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional, que la primera de esas sanciones está suspendida con motivo que el disidente se acogió al beneficio de condena condicional, por lo que al haber cumplido los requisitos para su otorgamiento se ordenó su inmediata libertad y en la actualidad goza de esa prerrogativa fundamental. En ese contexto, la sentencia condenatoria firme pronunciada en el procedimiento abreviado que se instrumentó en la carpeta judicial ******************** y la imposición de la pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional que le fue impuesta en ese procedimiento criminal, patentiza el segundo presupuesto de la causal de improcedencia examinada. Se sostiene lo anterior, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -el escrito inicial se presentó el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación- la Juez responsable dictó en contra del quejoso la sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado que se instrumentó en la carpeta judicial ******************** y le impuso la pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional; además, ese fallo causó ejecutoria y esta firme, por lo que esas situaciones cambiaron la situación jurídica en la que el disidente se encontraba con motivo de la resolución de término constitucional y de la medida cautelar de prisión preventiva que reclamó en este juicio constitucional. En esa línea, es factible sostener que con posterioridad a la presentación del escrito inicial, la Juez de Control responsable dictó un sentencia condenatoria firme que cambió la situación jurídica en la que el titular de la acción de amparo se encontraba con motivo de los actos reclamados. Ahora, se advierte que no puede decidirse sobre la constitucionalidad o no de los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica que rige al quejoso con motivo de la sentencia condenatoria firme pronunciada en el procedimiento abreviado que se instrumentó en la carpeta judicial ******************** por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento, y la imposición de la pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional que le fue impuesta en ese procedimiento criminal, en el que el justiciable se acogió al beneficio de condena condicional, por lo que al haber cumplido los requisitos para su otorgamiento se ordenó su inmediata libertad, por lo que esas circunstancias dan pauta a estimar que se han consumado de manera irreparable las violaciones reclamadas en este medio extraordinario de defensa; de ahí que el tercer presupuesto de la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional analizado esté colmado. Finalmente, el último de los presupuestos de la causal de improcedencia señalada se actualiza, porque los actos atacados tienen autonomía frente a la sentencia condenatoria firme que la autoridad judicial responsable dictó en el procedimiento abreviado que instrumentó en la carpeta judicial ******************** e impuso al disidente la pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional, de modo que ese fallo condenatorio definitivo puede subsistir, con independencia de que los actos reclamados resulten constitucionales o no. Lo anterior permite establecer que ha cambiado la situación jurídica del justiciable, circunstancia que impide decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica que se rige por la sentencia condenatoria firme que la autoridad judicial responsable dictó en el procedimiento abreviado que se instrumentó en la carpeta judicial ******************** y la imposición al disidente la pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional, por lo que esas situaciones dan pauta a considerar que se han consumado de manera irreparable las violaciones combatidas en el presente juicio de amparo; de ahí que se actualicen los presupuestos señalados que conducen a la actualización de la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo examinada. En el caso, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional las tesis siguientes: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR. La aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, son los motivos a través de los cuales se pueden restringir la libertad personal; teniendo cada una de estas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando ésta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla". "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio". En ese contexto, se patentiza el supuesto regulado por el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; de ahí que este juicio constitucional sea improcedente. VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional decreta el sobreseimiento en este juicio constitucional, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto de los actos reclamados a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta localidad, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la continuación de la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta judicial ******************** por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento y en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra en la citada diligencia el seis y el diez, ambas fechas de septiembre del año en curso. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca en atención al requerimiento de siete de noviembre del año en curso, formulado a la responsable Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, exhibe copias certificadas del proveído de ocho de los corrientes, dictado en la carpeta judicial ********************, de la sentencia condenatoria pronunciada en el procedimiento abreviado que se instrumentó en ese procedimiento criminal y de los comunicados ******************** y ********************, ambos de veinticuatro de octubre pasado, suscritos por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, y por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en esta entidad federativa, y copia fotostática simple de un índice cronológico del desarrollo de una audiencia de la data citada en último orden, así como un disco versátil digital certificado que contiene los registros de audio y de video de la audiencia de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, celebrada en el procedimiento abreviado tramitado dentro de la carpeta judicial señalada de donde emanan los actos reclamados. Por otro lado, informa que autorizó la vinculación del expediente electrónico relativo a la carpeta judicial ******************** al diverso que corresponde al presente juicio constitucional. Al respecto, se tiene a la responsable por atendida la prevención indicada, se toma conocimiento de la vinculación del expediente electrónico del proceso penal de origen que se alude, se recibe la documentación aportada y se deja insubsistente el apercibimiento formulado en la resolución judicial de siete de noviembre pasado. Es así, porque de los documentos que la oficiante aporta se desprenden la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado que se instrumentó en la carpeta judicial ********************, la declaratoria de firmeza de ese fallo, la determinación en la que se estableció el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al disidente, la concesión del beneficio de la condena condicional al agraviado, la orden de poner en libertad a este último y la materialización de ese mandamiento de libertad. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 de la Ley de Amparo téngase a la autoridad judicial responsable por anunciadas las documentales descritas, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Igualmente, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, cuyos rubro y texto exponen: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar." Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el ocurso señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que ********************, en su carácter de defensora pública del quejoso ******************** en atención a la prevención contenida en el auto admisorio de veintidós de septiembre pasado, hace del conocimiento que el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se celebró una audiencia en la causa penal ********************del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca con motivo de la instrumentación de un procedimiento abreviado en ese proceso, en la que señala que se dictó en contra del justiciable una sentencia condenatoria por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento, a quien se le impuso una pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional; además, expone que ese fallo se declaró firme en esa diligencia; por otro lado, señala que ese asunto actualmente se encuentra en la fase ejecutiva, por lo que su patrocinado está cumpliendo las sanciones que le fueron impuestas, que esa situación se vigila por el Juez de Ejecución en el SIPE ********************y que el disidente se acogió al beneficio de condena condicional, por lo que se encuentra en libertad. En ese sentido, sostiene que se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque aduce que cambió la situación jurídica del agraviado al haber cesado los efectos de las actuaciones reclamadas, por lo que solicita que se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento legal y que se deje sin efectos la hora y la fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Al respecto, téngase a la promovente por hechas sus manifestaciones, por atendida la prevención contenida en el auto admisorio y se toma conocimiento de lo que expone. En otro punto, en cuanto a la solicitud que realiza en el sentido que se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente medio extraordinario de defensa hágase de su conocimiento que no es factible acceder a su pretensión. Se determina lo anterior, porque en este asunto no existen elementos objetivos que permitan sostener que se actualizan de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia a que hace referencia, dado que no obra prueba alguna que evidencie las situaciones que expone ni aportó algún medio de convicción para demostrar lo que señala; de ahí que sus manifestaciones por sí sean insuficientes para tener por acreditadas las circunstancias que relata, en todo caso lo que hace del conocimiento se verificará una vez que la responsable Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, atienda el requerimiento de constancias de siete de los corrientes, para constatar si eventualmente pudiera actualizarse algún supuesto de improcedencia del juicio de amparo de las que enuncia, o bien, una diversa. En esa línea, hasta el momento no es jurídicamente posible decretar una resolución de sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en este asunto, sino que debe continuarse el trámite del procedimiento para que durante su secuencia este Juzgado Federal recabe las constancias necesarias para constatar la actualización o no de alguna hipótesis de inejercicio de la acción de amparo y esté en aptitud de dictar la sentencia que en derecho corresponda en la audiencia constitucional; por tanto, tampoco es factible dejar insubsistentes la hora y la fecha señaladas para la celebración de esa diligencia. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la responsable Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, informa que en la carpeta judicial ******************** de donde emanan los actos reclamados se instrumentó un procedimiento abreviado en el que el veinticuatro de octubre del año en curso, se dictó en contra del quejoso una sentencia condenatoria por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento, a quien se le impuso una pena de prisión de dos años con seis meses y una multa de cuarenta y un días equivalente a cuatro mil trecientos veintiséis pesos moneda nacional; además, expone que ese fallo fue consentido por las partes, por lo que se declaró firme y cesó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al disidente y en la diligencia de la propia data el justiciable se acogió al beneficio de condena condicional, por lo que al haber cumplido los requisitos para su otorgamiento se ordenó su inmediata libertad. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones que la citada autoridad judicial adoptó en la carpeta judicial ********************. Por otra parte, con base en la información suministrada con fundamento en lo estatuido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos requiérase a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, con asiento en esta localidad, para que en el plazo de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del comunicado que se elabore con motivo de este proveído remita físicamente copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todas las constancias y del disco versátil digital con la certificación respectiva que contenga su firma autógrafa o electrónica en las que obren los registros de audio y de video de la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta judicial ******************** que instruye en contra del quejoso por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el numeral 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el diverso 11, inciso b), del propio ordenamiento, en los que obren la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado que la oficiante alude, la declaratoria de firmeza de ese fallo, la determinación en la que se estableció el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al disidente, la concesión del beneficio de la condena condicional al agraviado, la orden de poner en libertad a este último y la materialización de ese mandamiento de libertad, toda vez que esas actuaciones son indispensables para constatar si eventualmente pudiera actualizarse alguna causal de improcedencia en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Se apercibe al ante responsable que de no atender el requerimiento formulado, o bien, en el caso de que no exponga la imposibilidad jurídica o material que tenga para hacerlo se impondrá en su contra una multa por cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $103.74 (cien tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad conforme a lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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