Esteban Efraín Castellanos Vásquez y Otros.

Expediente 647/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
647/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
28/05/2015

Partes del expediente

  • Esteban Efraín Castellanos Vásquez y Otros.
  • Esteban Efraín Castellanos Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca veintiocho de mayo de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de trece de mayo del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Esteban Efraín Castellanos Vásquez, se hizo correctamente al promovente por medio de lista el diecinueve del mes en curso, notificación que surtió efectos el veinte siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja, transcurrió del veintiuno al veintisiete del mes en curso, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo, ya que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de mayo de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Esteban Efraín Castellanos Vásquez, contra actos de la jueza Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, de quien reclama: ".la omisión de haber acordado mi escrito con que adjunté pruebas documentales en la audiencia de las catorce horas del día veintinueve de abril o en el auto de la misma fecha y fuera de audiencia. Así como el acuerdo de (sic) emitido en la audiencia de las doce horas del día ocho de mayo de dos mil quince en que determinó: no ha lugar a tenerle ofreciendo la documental que acompaña al de cuenta, ya que las mismas las debió de ofrecer con su escrito de contestación de demanda, aunado a lo anterior dichos documentos no se encuentran en la hipótesis de las que se consideran supervenientes, ya que no lo son de fecha posterior a la contestación, no manifiesta no haber sabido de su existencia, ni que se hubiere encontrado imposibilitado para ofrecerlas". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 647/2015. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de garantías, es pertinente examinar si ante todo, no existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 171, 172, fracciones III y XII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.] "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. [.] XII.- Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". La lectura íntegra de la demanda de amparo de que se trata, revela que Esteban Efraín Castellanos Vásquez, solicita la protección constitucional contra el acuerdo dictado en la audiencia de ocho de mayo de dos mil quince, dictada en autos del juicio del expediente familiar 98/2015, en el que se determinó que no había lugar a tenerle ofreciendo la prueba documental que acompañó a su escrito de veintinueve de abril de dos mil quince, que presentó en alcance a la contestación de demanda presentada por escrito de veintisiete de abril del año en curso, que la jueza responsable proveyó en auto de veintinueve del mismo mes y año, bajo el argumento de que las mismas las debió de ofrecer con su escrito de contestación de demanda; aduciendo el quejoso, que la responsable debió proveer su escrito de ofrecimiento de pruebas en el auto de veintinueve de abril de dos mil quince, en el que le tuvo por contestada la demanda, o en la audiencia celebrada en la propia fecha, relativa a la convivencia del aquí quejoso con sus menores hijos, y no dar cuenta con el referido ocurso hasta la diversa audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el ocho de mayo de dos mil quince. Determinación que a criterio de este órgano jurisdiccional, no afecta materialmente derechos sustantivos públicos del agraviado, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino, más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del juicio familiar 98/2015 del que el quejoso es parte demandada. En efecto, de lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se advierte que la vía de amparo directo, por regla general es idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Así mismo, del artículo 107, fracción III, del inciso b), constitucional y 107, fracción V, de su ley reglamentaria, se desprende que la procedencia del juicio de amparo ante el juez de distrito se encuentra supeditada al hecho de que los actos en juicio que se reclamen tengan sobre las personas o las cosas una ejecución material que sea de imposible reparación. Por su parte, el pleno del máximo tribunal del país ha definido los actos de ejecución irreparable, como aquellos que, ejecutados dentro de juicio afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos tutelados en la constitución, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales y sólo afectan derechos adjetivos, pues éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable al quejoso, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, estableciendo así los lineamientos básicos que han de tenerse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto; lo que puede corroborarse del contenido de la jurisprudencia de rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". En adición a lo anterior cabe destacar que en los precitados preceptos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al establecer que el amparo ante el juez de distrito sólo procede "contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación..."; no hacen distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluye a estos últimos, los cuales, cabe señalar, también pueden tener ejecución de imposible reparación y por tanto, en esos casos eventualmente se pueden transgredir materialmente los derechos humanos de modo irreparable; de ahí que se considera que en tal supuesto puede proceder en su contra el amparo indirecto, aunque sea de manera excepcional. En efecto, en principio cabe hacer notar que no todas las violaciones adjetivas o procesales dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida, produciéndose un resultado contrario al espíritu del artículo 17 constitucional, lo que motivó la restricción del amparo indirecto por violaciones cometidas dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. De ahí que las violaciones procesales o adjetivas sean combatibles en amparo indirecto sólo de modo excepcional, cuando su ejecución sea de imposible reparación o sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior, esto es, cuando concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, es decir, aquellas que tengan un grado excepcional de afectación. Sirven de apoyo a los anteriores argumentos, los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. LVII/2004 y P.LVIII/2004, consultables en las páginas 9 y 10, respectivamente, del Tomo XX, octubre de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las que en seguida se trasuntan: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS". A partir de las consideraciones anteriores debe precisarse que el acuerdo dictado en la audiencia de ocho de mayo de dos mil quince, celebrada en autos del expediente familiar 98/2015, en el que se determinó que no había lugar a tenerle ofreciendo la prueba documental que acompañó a su escrito de veintinueve de abril de dos mil quince, que presentó en alcance a la contestación de demanda presentada por escrito de veintisiete de abril del año en curso, que la jueza responsable proveyó en auto de veintinueve del mismo mes y año, bajo el argumento de que las mismas las debió de ofrecer con su escrito de contestación de demanda; aduciendo el quejoso, que la responsable debió proveer su escrito de ofrecimiento de pruebas en el auto de veintinueve de abril de dos mil quince, en el que le tuvo por contestada la demanda, o en la audiencia celebrada en la propia fecha, relativa a la convivencia del aquí quejoso con sus menores hijos, y no dar cuenta con el referido ocurso hasta la diversa audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el ocho de mayo de dos mil quince; no es un acto que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sea de imposible reparación, y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, ya que no afecta materialmente de manera inmediata algún derecho sustantivo del quejoso, como lo es, la vida, la propiedad, la posesión o la libertad; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y en todo caso inciden en el posicionamiento de las partes dentro del referido juicio familiar 98/2015 y por lo tanto, es susceptible de repararse si obtiene sentencia favorable; y en caso contrario será procedente la vía directa contra este último; de ahí que en las relatadas circunstancias deba concluirse que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos del quejoso y por ende no puede considerarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación. Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Téngase al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Rosalino Santiago Hernández López y a las restantes personas únicamente para recibir notificaciones, toda vez que no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho ni se encuentra registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, ante la licenciada Lizeth Ortiz Segura, secretaria que autoriza y da fe. MESA AMPARO I-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO

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