Esteban Jacinco Franco Carreño

Expediente 195/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
195/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2016

Partes del expediente

  • Esteban Jacinco Franco Carreño

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio número 7685/2016, del índice de este juzgado, por el que se le remitió cuadernillo de copias certificadas deducidas del juicio de amparo 195/2016, original y copia del escrito de la parte quejosa Esteban Jacinto Franco Carreño o Esteban Jacinco Franco Carreño, por el que interpuso recurso de queja contra auto de cinco de febrero de dos mil dieciséis. Asimismo, informa que admitió a trámite el citado recurso, registrándolo con el número 59/2016. Finalmente, hágase del conocimiento de la superioridad que en los registros de este juzgado, no se advierte resolución diversa en materia de amparo a la que constituye el auto recurrido, contra el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa. Notifíquese...

  2. Principal

    Mesa VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito firmado por Esteban Jacinto Franco Carreño, por el que interpone recurso de queja contra el proveído dictado el cinco del actual, en el que se desechó la demanda de amparo origen del expediente en que se actúa; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir original y copia del referido escrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada del expediente en que se actúa, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Sin que haya lugar a dar vista a las demás partes, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, toda vez que el auto materia de la queja es el de desechamiento, por lo que no fueron emplazadas. Notifíquese...

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de febrero de dos mil dieciséis. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Esteban Jacinto Franco Carreño o Esteban Jacinco Franco Carreño, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Miahuatlán, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 195/2016, que le correspondió. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En atención al contenido de la demanda, se advierte que los actos de los que se duele el impetrante de amparo consisten en el acta, auto o acuerdo de dos de diciembre de dos mil quince, dictado en el expediente civil 171/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Miahuatlán, Oaxaca, relativo al juicio sumario civil de acción confesoria promovido contra el quejoso y le fue notificado el diecinueve de enero pasado, mediante el cual se dio trámite a la citada demanda, así como la ejecución material de dicho auto. Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se considera que en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ello es así, pues el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.; Por su parte, los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero; 173 fracción X y 174, de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.] Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.] Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior." Ahora, de la interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales, se deduce que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación y no cuando se trata de violaciones procesales, pues ellas podrán ser analizadas en juicio de amparo directo cuando se analice la constitucionalidad de la sentencia que se dicte en el proceso de origen, en caso de que las mismas trasciendan al fallo. Así mismo, que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo vigente en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación, limitando la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Expuesto lo anterior, en el caso, el análisis integral de la demanda de garantías redactada bajo protesta de decir verdad, permiten conocer que la parte quejosa reclama el proveído de dos de diciembre de dos mil quince, dictado en el expediente civil 171/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Miahuatlán, Oaxaca, relativo al juicio sumario civil de acción confesoria promovido contra el aquí quejoso, mismo que y le fue notificado el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por el que se dio trámite a la citada demanda, así como la ejecución material de dicho auto. Como se ve, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, pues no afecta de modo directo e inmediato materialmente derechos que revistan la categoría de "sustantivos", que tiene en su favor el justiciable, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino se insiste cuestiones que inciden únicamente en un presupuesto procesal. Tanto así, que existe la posibilidad de que los perjuicios de aquella afectación procesal desaparezcan, esto es, la procedencia del juicio sumario civil de acción confesoria, promovida contra el quejoso, puede traer consigo una sentencia favorable a sus intereses; en este caso, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos materialmente sustantivos del amparista; y para el caso que resultar adverso, tal afectación tendría que ser reparada mediante el amparo directo que se promoviera contra la sentencia desfavorable. Cabe agregar que, quien ahora ocurre en demanda de amparo no queda en estado de indefensión, pues de lo expuesto no se asume que el juicio de amparo sea llanamente improcedente y que la cuestión procesal que combate en relación con el juicio de origen en forma alguna pueda ser materia de análisis en defensa constitucional, sino sólo que no es este el momento propicio en atención a que la vía indirecta del amparo no es la idónea de acuerdo a la pretensión de la parte quejosa de controvertir una cuestión procesal que, a su decir, la dejó sin defensa, y que puede trascender al resultado del fallo, por lo cual, debe aguardarse al dictado del mismo para, en caso de haber trascendido la violación a las leyes del procedimiento alegada, entonces y sólo entonces, promueva el amparo en la vía directa, haciendo valer tal violación procesal . En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo MESA VIA] en el diverso 113, de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados únicamente para tales efectos a las personas que menciona por así solicitarlo expresamente. LEY DE TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este tribunal. Notifíquese personalmente. (se notifico por lista con fund en el art 27 frac I inciso b de la ley de amparo)

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