Esperanza Morales Baron
Expediente 1171/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1171/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esperanza Morales Baron
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días, que establecen los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo ha fenecido, toda vez que transcurrió del veintiuno de septiembre del año en curso al veintisiete siguiente, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, ni documentos originales pendientes de devolver a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial existe un expediente pendiente de devolver a la autoridad responsable; en consecuencia, devuélvase al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad el toca -, que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que los recibió a su entera satisfacción. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacan, a ocho de septiembre de dos mil veintitres. Agréguese a sus autos el oficio número 2560, que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia relativo al juicio de amparo directo civil número -, promovido por -, por propio derecho, la demanda de amparo promovida por ésta última, informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, al que adjuntó el toca número -, y emplazamiento a la parte tercero interesada. Acúsese el recibo correspondiente, y de conformidad con el numeral 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de garantías de que se trata. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-1171/2023-2. Ahora, del análisis de la demanda de garantías y anexos que se acompañaron al oficio de cuenta, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".la sentencia de fecha 12 de julio del presente año, dictada por el Magistrado que señalo como responsable, dentro del toca -". Sentencia en la cual la autoridad responsable resolvió lo siguiente: ".Se confirma el auto impugnado." Determinación en cita en la que se acordó lo siguiente: ".Zamora de Hidalgo, Michoacán, a 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés. (.) Como lo solicita, y en cumplimiento del oficio número 356 de fecha 30 treinta de marzo del año en curso, que obra a fojas 86 ochenta y seis, y que nos remitiera la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, derivado del cuaderno de amparo número V-19/2023, promovido dentro del toca número -, formado en relación al juicio sumario civil número - que no ocupa, que sobre rescisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones promovió - frente a -, en el cual se nos informa que es susceptible de ejecutarse la sentencia definitiva de fecha 1 uno de abril de 2022 dos mil veintidós, pronunciada en el contradictorio que nos ocupa. (.) Luego entonces y como lo solicita el ocursante, se concede a la parte reo del contradictorio que nos ocupa, el término de 3 tres días, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL para que cumpla voluntariamente con la ejecutoria de fecha 5 cinco de enero de 2023 glosada a fojas 114 ciento catorce, apercibida que de no hacerlo así, este Juzgado la ejecutara en su rebeldía.". Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, respecto del citado acto reclamado a la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.) Este último precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia -como lo es el caso en el presente asunto, ya que así se advierte del análisis de la demanda-, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Precisando que la última resolución, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. En ese sentido de autos se aprecia que la parte quejosa reclama actos derivados de la etapa de ejecución, es decir, la sentencia de doce de julio del presente año, dictada por el magistrado responsable, dentro del toca -, en la que confirmó el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio sumario civil -, que sobre rescisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones ejercitó -, frente a la aquí quejosa y otra, mediante el cual el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, concedió a la parte reo el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con la ejecutoria de cinco de enero pasado, con el apercibimiento que de no hacerlo, la ejecutaría en su rebeldía, juicio en el cual la impetrante es parte demandada, y como se anticipó la demanda de amparo en estudio, respecto del acto antes referido deviene improcedente para los efectos de procedencia del juicio de garantías, ya que se considera como tal, aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De modo tal que, en concepto del suscrito juzgador, resulta incuestionable la improcedencia de la presente demanda de garantías, habida cuenta que el citado acto aquí reclamado, no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, como ya se dijo, en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En efecto, se estima que dicho acto reclamado, que aquí nos ocupa, no es el último dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que no tiende a aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo definitivo de origen. Lo anterior se estima de ese modo, tomando en consideración que, si bien existen casos de excepción a la regla, cuando en el juicio que se encuentre en etapa de ejecución, los actos reclamados gocen de autonomía propia, es decir, que no tengan como finalidad directa o inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, la sentencia reclamada emitida dentro del toca número - con fecha doce de julio de dos mil veintitrés, misma que confirmó el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio sumario civil -, en el cual concedió a la parte reo el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con la ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo se ejecutaría en su rebeldía; deriva de la ejecución de sentencia, acto emitido en un juicio en el que la parte quejosa es parte y por ende, escuchada en defensa de sus intereses, el cual por su propia naturaleza no puede ser conceptuado como una determinación judicial en el que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha sentencia no puede estimarse como la última dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En ese contexto, la demanda de garantías, respecto del acto multicitado, resulta improcedente habida cuenta que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, los que no se dictan dentro del juicio del procedimiento de ejecución de sentencia gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, por lo que debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, esto es que, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la que, como puede apreciarse de los datos aportados por la quejosa aún no se emite. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P.J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como por analogía la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 189344, visible en la página 34, del Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia civil, de rubro y textos siguientes: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Y, la tesis de jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, (Febrero 1998), de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, motivo por el que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, se tiene a la promovente por señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y como autorizado en términos del numeral 12 de la ley de la materia, al abogado -, en virtud a que como se desprende de la constancia secretarial que antecede, se encontró registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los demás profesionistas que señala en virtud de que no cumplen con los lineamientos que establece tal precepto. Notifíquese personalmente.
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