Esperanza Ignacia Gutierrez Padilla
Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Esperanza Ignacia Gutierrez Padilla
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos: Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la razón de imposibilidad realizada por la Actuaria de la adscripción de once de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a la parte quejosa, la determinación de ocho de febrero del año en curso, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el acuerdo de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEIDO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Esperanza Ignacia Gutiérrez Padilla, contra actos del Notario Público número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con residencia en Tetecala, Morelos. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el 123/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento: Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: Los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley""Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" La última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha Ley. El artículo 5 de la Ley de Amparo establece que tendrán el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de dicha Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos establece que el ejercicio de la fe pública es una función de orden público, que corresponde al Estado, quien la ejercita por medio de profesionales del Derecho, que obtengan la patente correspondiente, en términos de esta Ley, denominados Notarios Públicos. Los Notarios Públicos son los profesionales del Derecho investidos de fe pública por el Estado, y que tienen a su cargo recibir, interpretar, redactar y sustentar de forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. En ese sentido, de conformidad con el artículo 13 de la Ley del Notariado, toda persona tiene derecho al servicio profesional del Notario, quien está obligado a prestar sus servicios profesionales cuando sea requerido por los particulares, por lo que su actuación se rige por el principio de rogación. Los particulares tienen libertad de elección de Notario. Sin embargo, los gobernados que requieran los servicios de un Notario, deberán realizar el pago de los honorarios que genere su actuar, de conformidad con el arancel que expida el Colegio de Notarios. Lo anterior, tiene congruencia con el hecho de que la función de los Notarios no está sometida al erario y por tanto, no reciben un sueldo por parte del Gobierno. Tratándose de la función de los notarios de dar formalidad a los actos jurídicos, al ser consecuencia de la petición de los gobernados, no implica que emitan una actuación dotada de unilateralidad e imperio frente a los particulares intervinientes del acto jurídico objeto de la formalidad y protocolización perseguida. Lo anterior es así, ya que la intervención del Notario Público tiene como única finalidad que, en ejercicio de su función notarial, otorgue formalidad al acto jurídico. De los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que el contrato de compraventa, del que se hace derivar el acto que se le atribuye como autoridad responsable, se refiere a una actividad relacionada únicamente con su fe y no dictó, ordenó y ejecutó actos que crean, modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, de ahí que no sustituyera a una autoridad jurisdiccional. En efecto, se reitera, la intervención del Notario Público al dar formalidad al contrato de compraventa, mediante la emisión de una escritura pública, no tiene como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, ya que su actuación derivó del principio de rogación citado en párrafos precedentes. Con otras palabras, la celebración del contrato de compraventa, deriva de la voluntad de las partes, más no de la voluntad del Notario Público, ya que su intervención en el acto deriva únicamente de la petición formulada por los gobernados, para dotar a dicho acto de la formalidad requerida por la norma. Por tal motivo, cuando los Notarios Públicos intervengan en la celebración de un contrato de compraventa, jurídicamente no pueden ser considerados como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, atento a que al ejercer su función e intervenir en la formalización del contrato y elaborar la escritura pública respectiva, no se coloca en plano de supra a subordinación respecto de quienes solicitan sus servicios, sino que, entre ellos se establecen relaciones de coordinación entre particulares, al ser los particulares quienes contratan voluntariamente los servicios del notario público. Máxime, que el artículo 199 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, establece en favor de los particulares la facultad de reclamar la responsabilidad civil, penal e incluso administrativa del notario en el supuesto de que haya incurrido en irregularidades al prestar sus servicios y como consecuencia causen daños y perjuicios a los gobernados. En el caso concreto, la parte quejosa reclama del Notario Público número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con residencia en Tetecala, Morelos, la omisión de entregar el testimonio original, con sus respetivos anexos y boleta de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de la escritura pública mil quinientos setenta y cuatro, de veintiocho de diciembre de dos mil quince, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre las partes que ahí indica. Concatenando los argumentos vertidos en párrafos precedentes, con el acto reclamado por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, es inconcuso que el Notario Público número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con residencia en Tetecala, Morelos, no tiene el carácter de autoridad responsable, ya que su intervención en la entrega del testimonio original con sus respetivos anexos y boleta de inscripción del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos de la escritura pública mil quinientos setenta y cuatro, de veintiocho de diciembre de dos mil quince, es un acto meramente formal requerido por la Ley para dicho acto jurídico, más no el de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, el Notario Público y las personas que intervinieron en la firma del instrumento notarial mil quinientos setenta y cuatro, de veintiocho de diciembre de dos mil quince, actuaron en un plano de coordinación, lo cual se corrobora con lo manifestado por la peticionaria de amparo, al sostener que los interesados celebraron contrato de compraventa del inmueble que ahí refiere, y el Notario de mérito lo que hizo fue constatar la formalización del citado contrato, lo que conlleva a determinar que la protocolización del instrumento jurídico es parte de los servicios profesionales que presta el notario público, con quien se acordó la cantidad que le cobraría por la elaboración y entrega de la escritura antes referida. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2ª/J. 127/2015, correspondiente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto reza: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo." Finalmente, no se desconoce el contenido de la tesis aislada II.2°.C.9 K, que cita la quejosa en su demanda de amparo; sin embargo, este Juzgador advierte que no se trata de una jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley Amparo. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de esa ley, se desecha la demanda por notoriamente improcedente. La determinación aquí adoptada se orienta en la resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el veinte de febrero de dos mil veinte, en el recurso de queja administrativo 321/2019. Domicilio: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se propone. Autorizados: Se tiene por autorizado a la persona que precisa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia. Consulta de expediente electrónico: Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, a través del usuario que refiere, siempre y cuando se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Correo electrónico: Por cuanto al correo electrónico que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tiene como medio de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Habilitación de días y horas inhábiles: Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:"NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente, se conmina a las partes para que en caso de realizar manifestación alguna respecto al presente proveído, lo haga mediante el esquema de "Juicio en línea", por lo que, en caso de optar por este medio a través de su usuario, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuaran por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene como finalidad privilegiar la administración pronta y expedita en los juicios constitucionales, derivado del fenómeno de salud social por el virus Covid-19 que enfrenta el país. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional, sin embargo no es posible su celebración, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por el apoderado general de la autoridad señalada como responsable, contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que admitió la demanda de amparo; en consecuencia, se difiere la misma y se señala para su verificativo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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