Esperanza Eligio Pichardo
Expediente 365/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 365/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Esperanza Eligio Pichardo
- Cristina Abigail Escobar Martínez
- Alma Yesenia Carrillo Marroquin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 365/2022, promovido por Esperanza Eligio Pichardo, Alma Yesenia Carrillo Marroquín, Cristina Abigail Escobar Martínez, Alejandra Salgado García, Alejandra Silva López y Adriana Bizarro Chavarria o María Adriana Bizarro Chavaría, contra actos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Esperanza Eligio Pichardo, Alma Yesenia Carrillo Marroquín, Cristina Abigail Escobar Martínez, Alejandra Salgado García, Alejandra Silva López y Adriana Bizarro Chavarria o María Adriana Bizarro Chavaría, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable ordenadora Actos reclamados Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos ".No impartir Justicia en los Plazos y Términos que fijan las Leyes". Autoridades responsables ejecutoras Actos reclamados Comisión Estatal de Seguridad (C.E.S. Morelos) ".No impartir Justicia en los Plazos y Términos que fijan las Leyes". Coordinación del Sistema Penitenciario Dirección General de Reinserción Social Dirección General de Centros Penitenciarios Dirección Técnica de la Dirección General de Reinserción Social Subdirección Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social Directora del Centro Femenil Estatal de Reinserción Social Morelos Área Jurídica del Centro Femenil Estatal de Reinserción Social Morelos SEGUNDO. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 365/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama lo siguiente: 1. De Alejandro Becerra Arrollo, Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del estado de Morelos: la omisión de ejecutar la resolución dictada por esa autoridad el trece de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual, decretó que el traslado de las quejosas del Centro Femenil de Reinserción Social "Morelos" al Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos" fue ilegal, por lo que ordenó el regreso de las internas al centro penitenciario de procedencia. 2. De la Comisión Estatal de Seguridad (C.E.S. Morelos), Coordinación del Sistema Penitenciario, Dirección General de Reinserción Social, Dirección General de Centros Penitenciarios, Dirección Técnica de la Dirección General de Reinserción Social, Subdirección Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social, Directora del Centro Femenil Estatal de Reinserción Social Morelos y del Área Jurídica del Centro Femenil Estatal de Reinserción Social Morelos: la omisión de dar cumplimiento a la resolución de trece de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual, Alejandro Becerra Arrollo, Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del estado de Morelos, decretó que el traslado de las quejosas del Centro Femenil de Reinserción Social "Morelos" al Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos" fue ilegal, por lo que ordenó el regreso de las internas al centro penitenciario de procedencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Ese precepto refiere que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de este, cesan los efectos del acto que se reclama. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el presente caso aparece la causal de improcedencia invocada, pues de las constancias que exhibieron las autoridades responsables, se desprende que el siete de abril de dos mil veintidós el Director General de Reinserción Social de la Comisión Estatal de Seguridad, autoridad responsable en este juicio, informó a Alejandro Becerra Arroyo, Juez Especializado en Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del estado con sede en Xochitepec, también autoridad responsable, que en esa fecha las quejosas regresaron al Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". Esa circunstancia se puede corroborar también con la copia certificada del acta 51/2022, de siete de abril de dos mil veintidós, en la cual se asentó el egreso por traslado de diversas personas, entre ellas, las quejosas, al Centro Femenil de Reinserción Social "Morelos". Con base en lo anterior, se afirma la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con el retorno de las quejosas al centro de reclusión en el que se encontraban antes del traslado impugnado ante el juez responsable. Por tanto, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. En ese sentido, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón a que sobrevino la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento, pues con la cesación de los efectos de la omisión reclamada se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban las cosas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Esperanza Eligio Pichardo, Alma Yesenia Carrillo Marroquín, Cristina Abigail Escobar Martínez, Alejandra Salgado García, Alejandra Silva López y Adriana Bizarro Chavarria o María Adriana Bizarro Chavaría, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial con que se da cuenta; en términos de lo dispuesto en los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito remitido vía electrónica por Rodrigo Martínez Serrano apoderado legal de la moral quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la cantidad de dinero que indica por concepto de derecho de alumbrado público, al respecto, dígasele a la parte promovente que de autos se advierte que se encuentra pendiente de integrar el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Por tanto una vez que el citado medio de impugnación sea resuelto por la Superioridad, se acordara lo conducente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha está transcurriendo el plazo otorgado mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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