Esperanza Chávez Reyes

Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
580/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Esperanza Chávez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la determinación dictada en el presente juicio de amparo, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la medida cautelar de manera definitiva, con apoyo en el artículo 20, fracción III, se determina que es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurra la temporalidad señalada en dicho numeral. Finalmente, no se hace ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de doce de abril de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado lo procedente es conceder el amparo solicitado por ******************** para los siguientes efectos: El Secretario de Tesorería y Administración de Tulancingo, Hidalgo en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica ********************, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad ******************** No se le aplique el precepto impugnado respecto del periodo en el que esté vigente y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno). En el entendido de que la concesión del amparo no exime a la parte peticionaria de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad.".. Ahora bien, la resolución concesoria de amparo causó ejecutoria mediante proveído del diez de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mediante escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por el servicio número ******************** correspondiente al período comprendido enero de dos mi veintiuno, por un total de ********************realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del trece de diciembre de dos mil veintidós, con folio interbancario número ******************** En relación a lo anterior, mediante diverso escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, signado por el Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, remitió copia de la transferencia por la cantidad de ******************** que corresponde a la diferencia actualizada respecto a la cantidad que ha sido devuelta por concepto de Derecho de Alumbrado Público, consistente en ********************relativa al servicio número ******************** correspondiente al período comprendido enero de dos mi veintiuno, realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, con folio interbancario número ********************. Asimismo, se acredita a través del diverso escrito recibido el once de abril de dos mil veintitrés, signado por la autoridad responsable Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que con el desglose que remite se desprende que le fue devuelta la cantidad correspondiente al período de enero a diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la actualización del pago de derecho de Alumbrado público, por el servicio número ******************** por un total de ******************** ********************lo cual se efectúo a través de la transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del cinco de abril de dos mil veintitrés, con folio interbancario número ********************. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado lo siguiente: La autoridad responsable Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mediante escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por el servicio número ******************** correspondiente al período comprendido enero de dos mi veintiuno, por un total de ********************realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del trece de diciembre de dos mil veintidós, con folio interbancario número ******************** En relación a lo anterior, mediante diverso escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, signado por el Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, remitió copia de la transferencia por la cantidad de ******************** que corresponde a la diferencia actualizada respecto a la cantidad que ha sido devuelta por concepto de Derecho de Alumbrado Público, consistente en ********************relativa al servicio número ******************** correspondiente al período comprendido enero de dos mi veintiuno, realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, con folio interbancario número ********************. Asimismo, se acredita a través del diverso escrito recibido el once de abril de dos mil veintitrés, signado por la autoridad responsable Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que con el desglose que remite se desprende que le fue devuelta la cantidad correspondiente al período de enero a diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la actualización del pago de derecho de Alumbrado público, por el servicio número ******************** por un total de ******************** ********************lo cual se efectúo a través de la transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del cinco de abril de dos mil veintitrés, con folio interbancario número ********************. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica ******************** correspondiente al período comprendido enero de dos mi veintiuno, por un total de ********************y no se le aplique el precepto impugnado respecto del periodo en el que esté vigente y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno). En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber realizado lo siguiente: La autoridad responsable Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mediante escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por el servicio número ******************** correspondiente al período comprendido enero de dos mi veintiuno, por un total de ********************realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del trece de diciembre de dos mil veintidós, con folio interbancario número ******************** En relación a lo anterior, mediante diverso escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, signado por el Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, remitió copia de la transferencia por la cantidad de ******************** que corresponde a la diferencia actualizada respecto a la cantidad que ha sido devuelta por concepto de Derecho de Alumbrado Público, consistente en ********************relativa al servicio número ******************** correspondiente al período comprendido enero de dos mi veintiuno, realizado mediante transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, con folio interbancario número ********************. Asimismo, se acredita a través del diverso escrito recibido el once de abril de dos mil veintitrés, signado por la autoridad responsable Secretario de Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que con el desglose que remite se desprende que le fue devuelta la cantidad correspondiente al período de enero a diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la actualización del pago de derecho de Alumbrado público, por el servicio número ******************** por un total de ******************** ********************lo cual se efectúo a través de la transferencia bancaria de la Institución de Crédito BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, del cinco de abril de dos mil veintitrés, con folio interbancario número ********************. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos, el informe justificado firmado por la Directora de Derechos de Humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en su denominación correcta, con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, se tiene por recibido el informe con justificación; asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala la responsable y como delegados a las personas que propone en términos del numeral 9º de la ley de amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, y las constancias que obran en el juicio en que se actúa, este Juzgado de Distrito advierte que en los presentes autos ha sobrevenido un motivo de improcedencia que reúne las características de notoriedad suficientes para que se dicte el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser este un motivo manifiesto e indudable; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Precisado lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente la orden de privación de la libertad, y/o orden aprehensión y/o detención y/o presentación girada en contra de la quejosa Esperanza Chávez Reyes, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.]" De los artículos anteriores se desprende que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Esto es así, pues del contenido de la totalidad de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que ninguna a la fecha de la presentación de la demanda emitió orden de privación de la libertad, y/o orden aprehensión y/o detención y/o presentación, por tales motivos, es que se considera actualizada la causa de improcedencia anunciada. En ese sentido, si el acto reclamado no existe, es inconcuso que no hay violaciones a las garantías que la parte quejosa estimó violentadas en su demanda de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del veintinueve de mayo del año en curso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 580/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Esperanza Chávez Reyes, reclama de la Fiscalía General del Estado de Morelos y otras autoridades, la orden de la privación de la libertad y/o orden de aprehensión y/o detención y/o orden de presentación, girada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables Juezas y Jueces de Primera Instancia Especializados en Control y Ejecución de Sanciones, respectivamente, del Único Distrito Judicial, la agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Foránea de Temixco, Morelos, Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, Encargado de la Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Encargado del Grupo de Delitos Diversos de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Director de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Fiscal Regional Metropolitano, Encargado de la Agencia de Investigación Criminal adscrito al Grupo Temixco, el Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos y Comisionado Estatal de Seguridad Pública, en sus denominaciones correctas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Esperanza Chávez Reyes respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

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