Esperanza Castillo Primitivo

Expediente 138/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
138/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Esperanza Castillo Primitivo
  • Gracia Torres Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. - No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el nueve de mayo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. - Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. - Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos de los artículos 20, fracción I y, 21, inciso c), del referido Acuerdo General, glósese el mismo al cuaderno principal. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguense únicamente a los autos el oficio de cuenta sin número remitido vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, suscrito por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General, en representación del Secretario de Salud y su Titular, ellos con sede en la Ciudad de México; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, ello en atención a lo proveído en nueve de mayo pasado. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ..., en cuanto representantes de las menores identificadas con las iniciales ...., respectivamente, contra actos del Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, los cuales se hicieron consistir en: "De las autoridades señaladas como responsables reclamamos la OMISIÓN de aplicar el esquema de vacunación completo con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a nuestros menores hijos, poniendo así en riesgo la salud y, por ende, la vida de nuestros menores hijos. Esto en virtud de las circunstancias particulares que ha generado la pandemia del virus SARS-CoV-2". Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En ese contexto, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, pues, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, como se dijo previamente, de los presentes autos se advierte, en lo relevante, que por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ..., en cuanto representantes de las menores identificadas con las iniciales ...., respectivamente, contra actos del Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los actos reclamados previamente transcritos. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que, en síntesis, la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de incluir a los menores de edad de los grupos etarios de doce a catorce años, sin comorbilidades, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del virus Covid-19 en México, para que se les aplique la vacuna BioNTech, de la farmacéutica Pfizer; y, virtud a que, de igual forma, las autoridades responsables autorizaron el regreso a clases de manera presencial, por lo que la omisión de vacunar a los quejosos directos, pone en grave riesgo su salud, por el aumento de probabilidades de contraer el citado virus, por estar en contacto con mayor número de personas. Por otra parte, constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, es decir, es una circunstancia del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión, por tratarse de un dato u opinión incontrovertible, que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció en conferencia de prensa, el inició de la vacunación contra Covid-19 para niñas y niños de a partir de 12 años, aun cuando carezcan de comorbilidades, a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós; lo cual se obtiene a través del acceso al uso de internet, en la página oficial del Presidente de la República, en la dirección electrónica: https://presidente.gob.mx/anuncian-vacunacion-contra-covid-19-para-ninas-y-ninos-de-12-anos-declaran-fin-de-epidemia-en-mexico/ Y, además, dicha circunstancia -la posibilidad de que personas que tengan 12 años, en adelante, carentes de comorbilidades, estén en aptitud de registrarse para poder ser inoculados contra el multicitado virus- puede corroborarse de la plataforma creada por la Secretaría de Salud para tales fines, a saber, en la dirección electrónica: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.35 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 1373, Libro XXVI, Noviembre de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." En ese contexto, de autos se aprecia que la quejosa menor de edad de iniciales R.A.G.C., nació el cuatro de abril de dos mil ocho, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo tenía trece años diez meses cumplidos y, actualmente, cuenta con catorce años cumplidos, lo que se corrobora con la copia certificada del acta de nacimiento número 246, Oficialía 0001, Libro 2, expedida por el Director del Registro Civil en Michoacán; en tanto que la diversa menor de iniciales S.T.V., nació el treinta de mayo de dos mil nueve, por lo que a la fecha tiene doce años once meses cumplidos, lo que se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento número 00210, folio número 7376505, Libro 1, Tomo 02, expedida por el Oficial del Registro Civil de Michoacán, con sede en Quiroga, Michoacán; documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Atento a lo anterior, como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que los actos reclamados, reseñados con antelación, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que dio motivo a la promoción del presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues, si bien, en el presente juicio, la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de las autoridades responsables de incluir a los menores de edad de los grupos etarios de doce a catorce años, sin comorbilidades, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del virus Covid-19 en México, para que se les aplique la vacuna BioNTech, de la farmacéutica Pfizer; y, virtud a que, de igual forma, las autoridades responsables autorizaron el regreso a clases de manera presencial, por lo que la omisión de vacunar a los quejosos directos, pone en grave riesgo su salud, por el aumento de probabilidades de contraer el citado virus, por estar en contacto con mayor número de personas, también lo es que, a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, inició la etapa de vacunación contra Covid-19 para niñas y niños de 12 años en adelante, aun cuando carezcan de comorbilidades, lo cual, como se dijo, es dable verificar a través de la plataforma creada por la Secretaría de Salud, a efecto de registrarse para recibir la citada vacuna. Por tanto, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la cual motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo de fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ..., en cuanto representantes de las menores identificadas con las iniciales ...., respectivamente, contra actos del Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, los cuales se hicieron consistir en: "De las autoridades señaladas como responsables reclamamos la OMISIÓN de aplicar el esquema de vacunación completo con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a nuestros menores hijos, poniendo así en riesgo la salud y, por ende, la vida de nuestros menores hijos. Esto en virtud de las circunstancias particulares que ha generado la pandemia del virus SARS-CoV-2". Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En ese contexto, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, pues, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, como se dijo previamente, de los presentes autos se advierte, en lo relevante, que por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ..., en cuanto representantes de las menores identificadas con las iniciales ...., respectivamente, contra actos del Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los actos reclamados previamente transcritos. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que, en síntesis, la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de incluir a los menores de edad de los grupos etarios de doce a catorce años, sin comorbilidades, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del virus Covid-19 en México, para que se les aplique la vacuna BioNTech, de la farmacéutica Pfizer; y, virtud a que, de igual forma, las autoridades responsables autorizaron el regreso a clases de manera presencial, por lo que la omisión de vacunar a los quejosos directos, pone en grave riesgo su salud, por el aumento de probabilidades de contraer el citado virus, por estar en contacto con mayor número de personas. Por otra parte, constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, es decir, es una circunstancia del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión, por tratarse de un dato u opinión incontrovertible, que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció en conferencia de prensa, el inició de la vacunación contra Covid-19 para niñas y niños de a partir de 12 años, aun cuando carezcan de comorbilidades, a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós; lo cual se obtiene a través del acceso al uso de internet, en la página oficial del Presidente de la República, en la dirección electrónica: https://presidente.gob.mx/anuncian-vacunacion-contra-covid-19-para-ninas-y-ninos-de-12-anos-declaran-fin-de-epidemia-en-mexico/ Y, además, dicha circunstancia -la posibilidad de que personas que tengan 12 años, en adelante, carentes de comorbilidades, estén en aptitud de registrarse para poder ser inoculados contra el multicitado virus- puede corroborarse de la plataforma creada por la Secretaría de Salud para tales fines, a saber, en la dirección electrónica: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.35 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 1373, Libro XXVI, Noviembre de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." En ese contexto, de autos se aprecia que la quejosa menor de edad de iniciales R.A.G.C., nació el cuatro de abril de dos mil ocho, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo tenía trece años diez meses cumplidos y, actualmente, cuenta con catorce años cumplidos, lo que se corrobora con la copia certificada del acta de nacimiento número 246, Oficialía 0001, Libro 2, expedida por el Director del Registro Civil en Michoacán; en tanto que la diversa menor de iniciales S.T.V., nació el treinta de mayo de dos mil nueve, por lo que a la fecha tiene doce años once meses cumplidos, lo que se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento número 00210, folio número 7376505, Libro 1, Tomo 02, expedida por el Oficial del Registro Civil de Michoacán, con sede en Quiroga, Michoacán; documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Atento a lo anterior, como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que los actos reclamados, reseñados con antelación, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que dio motivo a la promoción del presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues, si bien, en el presente juicio, la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de las autoridades responsables de incluir a los menores de edad de los grupos etarios de doce a catorce años, sin comorbilidades, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del virus Covid-19 en México, para que se les aplique la vacuna BioNTech, de la farmacéutica Pfizer; y, virtud a que, de igual forma, las autoridades responsables autorizaron el regreso a clases de manera presencial, por lo que la omisión de vacunar a los quejosos directos, pone en grave riesgo su salud, por el aumento de probabilidades de contraer el citado virus, por estar en contacto con mayor número de personas, también lo es que, a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, inició la etapa de vacunación contra Covid-19 para niñas y niños de 12 años en adelante, aun cuando carezcan de comorbilidades, lo cual, como se dijo, es dable verificar a través de la plataforma creada por la Secretaría de Salud, a efecto de registrarse para recibir la citada vacuna. Por tanto, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la cual motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

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