Esperanza García García

Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
79/2022
Año
2022
Actuaciones
38
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Esperanza García García
  • Director General de Hospital de Zacapu, Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores al Servicio del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado el estado procesal de los presentes autos, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por medio de la cual, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. De igual forma, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio número 600.602/1810/2022, signado por la Subdirectora de lo Contencioso, Titular de Asuntos Contenciosos en suplencia del Director General y de la Titular de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en la Ciudad de México, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número UJD/2.11.15.7/3985/2022, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que requirió al Director de la Clínica, con sede en Zacapu, Michoacán, para que realizara las medidas necesarias para que dé la atención médica a la quejosa...; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el Director de la Clínica Hospital "Zacapu", en Zacapu, Michoacán, el citado Instituto, informa que el once de marzo del año en curso, a las ocho horas se le dio servicio la quejosa en el servicio de nefrología en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, en Zamora, Michoacán, se realizaron análisis de su caso clínicamente con retinopatía y nefropatía en donde se le dio tratamiento con hemodiálisis en medio privado; se le ofrecieron dos opciones terapéuticas: "se le puede asignar espacio en la Clínica Hospital de Zamora para Hemodiálisis y realizar diálisis Peritoneal la cual se puede realizar en su hogar; señalando la peticionaria del amparo que no acepta la hemodiálisis por los gastos y tiempo de traslado y de no aceptar por motivos personales, se le hizo hincapié el especialista en nefrología que las dos modalidades tiene un pronóstico aceptado y bueno sin diferencias en resultados terapéuticos y con beneficios para ella, la Diálisis Peritoneal ya que se realiza en el hogar". La paciente no acepto ninguna de las modalidades de tratamiento ofrecido por el servicio de Nefrología, refiriendo continuar con tratamiento extramuros, buscando que se le subrogue servicio de hemodiálisis en Zacapu por el ISSSTE Zacapu. Cabe mencionar que la cita se le dio abierta a la libertad de la señora Esperanza García García de atenderse en la Clínica Hospital de Zamora, en donde se anexa nota médica del médico especialista tratante de Nefrología en donde se le indica que puede acudir el día que ella desee, ya que ella se negó a el tratamiento ofrecido, por lo que ella tiene libertad de acercarse a dicho servicio para ser atendida; que dicha clínica cuenta con la infraestructura adecuada y completa para la atención integral de pacientes con la necesidad del servicio de hemodiálisis; que en la diversa clínica de Zacapu, Michoacán, brinda atención inicial pero no cuenta con médico tratante del servido de Nefrología. Asimismo, la clínica hospital del ISSSTE carece de contratos de servicios médicos de subrogación para el servicio de hemodiálisis, los que a su vez se autoriza la cantidad de $185.00 (ciento ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), para gasto de gasolina por sesión ya que es una tarifa autorizada en base a la contratación de traslado de enfermos y heridos, en la cual el paciente debe de requisitar la documentación conforme a norma y presentarla en el departamento de recursos financieros con la finalidad de darle tramite y poder realizar el reembolso de cada sesión que acuda; asimismo, que nunca se ha negado a brindarle el servicio médico de salud a la quejosa a que tienen derecho, pero que no es posible subrogar por carecer de presupuesto exclusivo para la aquí quejosa; lo anterior, hágase del conocimiento a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales conducentes. En la inteligencia de que los aludidos oficios vía correo electrónico han sido previamente certificados por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245 del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, para no dejar en estado de vulnerabilidad a la aquí impetrante... y, por ende, se dé cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano otorgada a la quejosa, es decir, brindar la atención y tratamiento médicos que requiere, así como los medicamentos necesarios para preservar su vida, de acuerdo al padecimiento que ostenta, esto en atención a la valoración de la urgencia que se realice; se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, apercibidas que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción I, de la Ley de la materia en vigor; lo que deberán demostrar con las constancias conducentes. Sirve de apoyo la tesis XVII.2o.C.T.11 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2406, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021055, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CASO EN EL QUE SUS DERECHOHABIENTES PUEDEN SER ATENDIDOS EN OTRA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA O CLÍNICA DEL SECTOR SALUD, CON LAS CONDICIONES ADECUADAS E IDÓNEAS, CUANDO EL TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD NO SEA COMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD DE ESE ORGANISMO. Si bien es cierto que existen disposiciones legales que limitan la hospitalización de un derechohabiente con un padecimiento mental por el tiempo estrictamente necesario que determine el experto en la materia; no menos lo es que aquéllas no pueden estar por encima del derecho fundamental de protección a la salud, sobre todo porque los tratamientos psiquiátricos no son padecimientos aislados y, por lo mismo, la obligación de tutelar el cuidado de quien padece este tipo de enfermedades debe ser a un alto nivel, y acorde al uso máximo de los recursos disponibles. En esa tesitura, cuando un beneficiario del Instituto Mexicano del Seguro Social requiera de un internamiento psiquiátrico prolongado y ello no fuera compatible con sus políticas públicas implementadas en materia de salud, entonces podrá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en alguna otra institución hospitalaria o clínica del sector salud con las condiciones adecuadas e idóneas para el tratamiento de su enfermedad, a fin de salvaguardar al nivel más alto posible el derecho humano a la salud física y mental." Resulta aplicable la tesis número 1a. XV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2022889, que a la letra dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece el cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta de entrega por la inexistencia física del medicamento. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. Justificación: Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la "incapacidad" y la "renuencia" del Estado a cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para garantizar el derecho humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para garantizar ese derecho; mientras que la "renuencia" del Estado se presenta cuando no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que las violaciones del derecho a la salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas o legislación que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer cumplir las leyes existentes en la materia". Notifíquese.

  4. Principal

    ****Por lo antes expuesto y fundado, se R E S U E L V E :PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en los incisos b) y c) del considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerandos tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada con el inciso a) del considerando segundo por las razones expresadas en el considerando séptimo, de la presente resolución. Notifíquese personalmente.

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