Esaul Orozco Torres

Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
813/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Esaul Orozco Torres

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 166/2023-I, promovido por Minerva Medina Niño, en representación de la menor de iniciales L. T. M., por conducto de su mandataria, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, ante la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia, Minerva Medina Niño, en representación de la menor de iniciales L. T. M., por conducto de su mandataria, promovió juicio de amparo directo en contra de la autoridad y acto mencionado a continuación: Autoridad responsable: Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia. Acto reclamado: "[.] IV. ACTO RECLAMADO. La sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil veintidós, dictada dentro del Toca número I-345/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes en contra de la sentencia definitiva dictada por la Juez Segundo de Primera Instancia en materia oral familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en el juicio ordinario oral familiar número 904/2021, que sobre divorcio sin expresión de causa, promovió mi mandante frente al aquí tercero interesado. [.]." SEGUNDO. Trámite. Por proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia, se dio trámite a la demanda de amparo directo, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, tutora especial de la menor, designada en los autos del juicio natural y, César Torres Cortés; luego, mediante oficio 152/2023, signado por el citado magistrado responsable, rindió informe justificado y, remitió las constancias conducentes al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, en turno. Por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, cuyo Magistrado Presidente, por proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, lo radicó como amparo directo 119/2023, y declaró que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de la vía para conocer y resolver el asunto, por lo cual, declinó competencia al Juzgado de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia. Seguidos diversos trámites, por auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento de la demanda; sin embargo, atento a las razones expuestas en dicho proveído, se previno en los términos y para los efectos ahí precisadas; así, previo cumplimiento de dicha prevención, por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a sentido contrario. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual, por conocimiento previo, de igual forma correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, cuyo Pleno, seguidos los trámites condignos, en los autos de la queja civil 58/2023, de su estadística, mediante sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso de queja, con base en las razones ahí precisadas; por lo anterior, recibidos los autos condignos, por determinación de catorce de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, virtud a que ya obraba en autos; por la misma razón, tampoco se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; no obstante lo anterior, se ordenó hacer del conocimiento de las partes lo atinente al avocamiento, se señaló fecha para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el acto reclamado se atribuye a autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama el acto siguiente: Del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia: - La sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca I-345/2022, de su índice, formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por Minerva Medina Niño, en representación de la menor de iniciales L. T. M., por conducto de su mandataria, y César Torres Cortés en contra de la sentencia definitiva de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en los autos del juicio ordinario oral familiar 904/2021, de su estadística, mediante la cual ordenó dejar insubsistente la reanudación de la audiencia de juicio, para el efecto de que antes de emitir sentencia, de manera oficiosa, o a instancia de parte interesada, se allegue de los medios de convicción previstos por el numeral 1008 del Código Familiar del estado de Michoacán, que a su criterio permitan resolver conforme a derecho proceda, lo atinente a los alimentos de la menor involucrada, acorde a su necesidad real, y capacidad económica real de los progenitores. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia, por así afirmarlo al rendir su informe justificado. Lo anterior, además, se corrobora con las constancias que remitió como complemento a su informe de ley, consistente en los autos del toca civil 345/2022, de su estadística, en un tomo, los autos del juicio ordinario oral familiar 904/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en dos tomos, y un disco óptico con diversas constancias del juicio natural; documentales a las cuales se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que a los videos contenidos en el disco óptico, se otorga valor probatorio pleno, como si se tratara de documentales públicas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que textualmente dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También se cita la diversa la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Tomo I, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, el término para la promoción del juicio de amparo inició el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y feneció el veinte de enero de dos mil veintitrés. Sin contar, entre ambas datas, los días siete, ocho, catorce y quince de enero de dos mil veintitrés, por corresponder a sábados y domingos, y el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós al tres de enero de dos mil veintitrés, con motivo del segundo periodo vacacional de la autoridad responsable y, por tanto, no laborado, de conformidad con la Circular 1/2022, signada por la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del estado de Michoacán, con sede en Morelia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 673, Libro 51, Tomo I, Febrero de 2018, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores." En consecuencia, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo materia del presente asunto el veinte de enero de dos mil veintitrés, ante la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia, es inconcuso que se promovió oportunamente. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 251, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." QUINTO. Análisis de fondo. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se precisan en la demanda de amparo, los cuales no se transcriben, por inexistir disposición expresa en ese sentido en la ley de la materia; máxime que, con lo anterior, no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo; sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis de fondo. En principio, resulta necesario establecer que, al estar involucrados los derechos de un menor de edad, la presente resolución se dicta en atención a su interés superior, según pronunciamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Foja 270, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Es aplicable también, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 334, Libro XV, Diciembre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Conforme a lo anterior, el interés superior del menor implica que los derechos de los niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de estos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas, así como en la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Lo anterior encuentra su contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: "Artículo 4. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]". Por tanto, para la decisión del presente asunto se tomará en cuenta el interés superior del menor, como eje rector de la decisión condigna. Explicado lo anterior, son infundados los argumentos expuestos en los conceptos de violación, sin que se advierta causa eficiente para suplir la deficiencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, y por cuestión de técnica, virtud a que se encuentran íntimamente vinculados, se analizaran de forma conjunta. El acto reclamado se hizo consistir en la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca I-345/2022, del índice del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia, formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por Minerva Medina Niño, en representación de la menor de iniciales L. T. M., por conducto de su mandataria, y César Torres Cortés en contra de la sentencia definitiva de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en los autos del juicio ordinario oral familiar 904/2021, de su estadística, mediante la cual ordenó dejar insubsistente la reanudación de la audiencia de juicio, para el efecto de que antes de emitir sentencia, de manera oficiosa, o a instancia de parte interesada, se allegue de los medios de convicción previstos por el numeral 1008 del Código Familiar del estado de Michoacán, que a su criterio permitan resolver conforme a derecho proceda, lo atinente a los alimentos de la menor involucrada, acorde a su necesidad real, y capacidad económica de los progenitores. En principio, como se estableció previamente, de conformidad con los artículos 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno; 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, 11 del Código Familiar del estado de Michoacán, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben considerar primordialmente al interés superior del niño, entendido como el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos, por lo cual, se itera, deben tomarse como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos. Desde esa perspectiva, la función del interés superior del menor como principio jurídico protector es constituir una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". En ese sentido, los juzgadores, al resolver asuntos del orden familiar en los que se involucren los derechos de menores de edad deben decretar las medidas tendentes a proteger sus derechos, con base en el interés superior de aquéllos, con la finalidad de garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, vivir en familia con lazos afectivos, educación y sano esparcimiento, cuestiones esenciales para su desarrollo integral. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 10, Libro 34, Tomo I, Septiembre de 2016, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". Desde esa perspectiva, en casos como el justiciable, es posible que los juzgadores, sin distinción de instancia, decidan lo relativo a la convivencia, custodia, patria potestad y alimentos, independientemente de que formen parte de la litis, pues, con base en los derechos tutelados convencional, constitucional y legalmente en favor de los infantes, se debe garantizar su plena eficacia. En similar orden de ideas, tomando en consideración que uno de los aspectos procesales más relevantes se circunscribe al ofrecimiento y desahogo de las pruebas, el juzgador debe observar con especial detenimiento el tópico mencionado en asuntos que, directa o indirectamente puedan afectar a menores, con la finalidad de garantizar su interés superior; por lo cual, en atención al marco normativo destacado previamente, está facultado para recabar y desahogar, aún de oficio, las pruebas necesarias para salvaguardar dicho interés, además, practicar las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad de hechos controvertidos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 401, Tomo I, Libro XVIII, Marzo de 2013, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos". Lo anterior, además, porque en la solución de asuntos en que esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, los órganos jurisdiccionales deben suplir a favor de aquéllos la suplencia de la queja, la cual opera desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan. Es aplicable, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz". Ahora, con relación al tópico inherente a la materia del presente juicio Constitucional, es necesario establecer que los artículos 444, fracción III, 452, y 462 del Código Familiar del estado de Michoacán, prevén lo siguiente: "Artículo 444. La obligación alimentaria tiene las siguientes características: [.] III. Es proporcional, debido a que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe; [.]." "Artículo 452 Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, gozan de la presunción de necesitar alimentos." "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." [.]". De los preceptos legales transcritos, se colige que, para decretar la procedencia de los alimentos, se requiere justificar: 1. El título en cuya virtud se pidan; 2. El caudal, aproximado cuando menos, del deudor alimentario; y, 3. La urgencia y necesidad de los alimentos. Por otra parte, se establece que el tercer requisito aplicará sólo a aquellas personas diversas a las contempladas en el indicado artículo 452, a saber, los menores de edad, sujetos con discapacidad, en estado de interdicción, adultos mayores, y mujeres embarazadas, pues éstos gozan de presunción de necesitar alimentos. Finalmente, se prevé que la obligación alimentaria tiene, entre otras, la característica de ser proporcional, debido a que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe. Así, la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: 1. El estado de necesidad del acreedor alimentario; 2. Un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y, 3. La capacidad económica del obligado a prestarlos. Por lo anterior, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, lo cual debe entenderse como aquella situación en la cual pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado; sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, del nivel de necesidad del primero y de la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 265, Libro 34, Tomo I, Septiembre de 2016, Materia Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS". En la intelección de que el estado de necesidad surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad; además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos se debe tener en cuenta la necesidad del acreedor y no el de las personas que tiene a su cargo; sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 34/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 603, Libro 33, Tomo II, Agosto de 2016, Materia Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, intitulada: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD." Incluso, con relación a lo anterior, como se anticipó, el Código Familiar del estado de Michoacán prevé la aplicación de distintos principios reguladores para su fijación y ministración efectiva, entre ellos, el de proporcionalidad (artículo 444, fracción III), consistente en que la obligación alimentaria es proporcional porque los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe; en ese sentido, para determinar la fijación del monto del derecho alimentario, es menester atender al principio de equidad, relativo a considerar las particularidades del individuo, en lo personal y, en su desarrollo con el entorno social en que se desenvuelve. De tal forma, la fijación del monto relativo a la obligación alimentaria debe ponderar el estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla (proporcionalidad), pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido (equidad); razones jurídicas plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 11, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época de rubro siguiente: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)". Establecido lo anterior, en el caso concreto, de los autos del toca civil 345/2022, de la estadística del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, con sede en Morelia, en un tomo, los autos del juicio ordinario oral familiar 904/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en dos tomos, y el disco óptico con diversas constancias del juicio natural, se advierten, en lo relevante para la decisión del presente asunto, los antecedentes siguientes: 1. Demanda del juicio natural. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes y Turno del Distrito Judicial de Morelia, del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Minerva Medina Niño, por propio derecho, y en representación de la menor de iniciales L. T. M., en la vía ordinaria oral familiar y en ejercicio de la acción de estado civil, demandó de César Torres Cortés las prestaciones siguientes: a) La disolución del vínculo matrimonial; b) El pago de pensión alimenticia en su favor por un término igual a la duración del matrimonio. c) El pago de pensión alimenticia en favor de la menor de iniciales L. T. M. d) El pago de indemnización compensatoria en su favor, consistente en el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante su matrimonio. e) El pago de los gastos y costas judiciales. En el capítulo de hechos expuso, esencialmente: El uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco contrajo matrimonio con César Torres Cortés; de su unión conyugal procrearon a Mariana Torres Medina y L. T. M.; la primera de las mencionadas concluyó sus estudios universitarios en licenciatura en artes visuales, y actualmente está realizando proyecto para la obtención del título condigno, pero cohabitan conjuntamente -madre y sus dos hijas- en el otrora domicilio conyugal; por su parte, la menor L. T. M. en esa época cursaba el primer semestre de preparatoria en el Colegio Salesiano Anáhuac, con una colegiatura mensual de tres mil cincuenta pesos, inscripción semestral a razón de tres mil cuatrocientos pesos; sin embargo, la menor cuenta con una beca del cuarenta por ciento; además, tiene obligación de asistir con tres tipos de uniforme diferentes, verbigracia, ordinario, deportivo, y de gala, calzado escolar y deportivo, que en conjunto, ascienden a tres mil pesos, de forma anual; por útiles escolares y libros necesarios, se eroga la cantidad de cinco mil pesos. Además, precisó que de forma adicional, la menor involucrada asiste a clases de baile, por las cuales eroga mensualmente cuatrocientos cincuenta pesos; y, derivado de la separación del seno familiar, la actora y sus descendientes asisten a terapia psicológica, por la cual paga de forma mensual dos mil trescientos pesos, de forma conjunta. Incluso, además de lo narrado previamente, de forma ejemplificativa, estableció los siguientes conceptos que integran, según su dicho, lo atinente a las necesidades básicas de la actora y sus dos hijas, de forma mensual: Ocho mil pesos por concepto de alimentos; cien pesos por concepto de gas; ciento treinta y cinco pesos con cincuenta centavos, por concepto de agua potable; doscientos treinta y dos pesos con cincuenta centavos, por concepto de energía eléctrica; setecientos pesos por concepto de internet; quinientos pesos por concepto de teléfono celular -sin especificar si corresponde a su uso personal o de sus hijas-; cuatro mil pesos por concepto de esparcimiento -sin especificar si corresponde al suyo, de sus hijas, o de forma conjunta-; tres mil doscientos pesos por concepto de gasolina -sin especificar si dicho monto se utiliza por ella, para las necesidades de sus hijas, o de forma conjunta-; mil quinientos pesos por concepto de tarjetas de crédito -sin especificar si dicho monto se utiliza por ella, para las necesidades de sus hijas, o de forma conjunta-; dos mil quinientos pesos por concepto de ropa -sin especificar si dicho monto se utiliza por ella, por sus hijas, o de forma conjunta-; mil quinientos pesos por concepto de artículos de limpieza e higiene -sin especificar si dicho monto se utiliza por ella, por sus hijas, o de forma conjunta-. Incluso, adujo que de forma anual erogaban la cantidad de cincuenta mil pesos por concepto de vacaciones, de igual forma, sin especificar si dicho monto se utiliza por ella, por sus hijas, o de forma conjunta. Es decir, salvo las especificaciones inherentes a la menor de edad, con relación al estado de necesidad, la parte actora, aparentemente expuso que, de forma conjunta, entre ella y sus dos hijas, erogaban dichas cantidades. Además, precisó que previamente, por así convenir a su interés legal, durante diversas pláticas conciliatorias, el ahora demandado verificó contrato de donación en favor de sus hijas, del inmueble que constituía el domicilio conyugal, e incluso, le otorgó el usufructo vitalicio del mismo. Adujo que en la actualidad cuenta con un empleo en la Secretaría de Educación del estado de Michoacán, donde se desempeña con funciones secretariales. Lo anterior, con base en las consideraciones de derecho y diversas circunstancias de hecho expuestas en el escrito inicial de demanda (fojas 1 a 58 del tomo 2 de pruebas). 2. Admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, cuyo titular lo radicó como juicio ordinario oral familiar 904/2021, de su estadística y, previo cumplimiento de prevención, por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite en la vía y forma propuesta; comisionó al actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio del demandado y lo emplazara para comparecer ante el órgano jurisdiccional a contestar la demanda ejercida en su contra; además, emitió diversas medidas cautelares y ordenó la preparación de diversos medios de convicción (fojas 59 a 117). 3. Contestación de demanda. Por escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós César Torres Cortés contestó la demanda; calificó de improcedentes las prestaciones reclamadas por la actora Minerva Medina Niño; no obstante, reconoció sus obligaciones alimentarias con relación a su menor hija; finalmente, opuso las excepciones y defensas que estimó conducentes con base en los hechos y consideraciones de derecho ahí expuestas (fojas 231 a 242 Ibídem). 4. Sentencia del juicio de origen. Seguidos los trámites correspondientes, el juez de origen dictó sentencia el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el cual, en lo relevante, declaró la disolución del vínculo matrimonial que otrora unía a Minerva Medina Niño y César Torres Cortés; declaró improcedentes las prestaciones inherentes al pago de pensión compensatoria e indemnización solicitadas a favor de Minerva Medina Niño; se estableció que ambos padres ejercerían la patria potestad respecto de la menor L. T. M.; declaró que la madre ejercería la custodia definitiva; estableció un régimen de convivencia entre la menor y su padre; se condenó a César Torres Cortés al pago de alimentos definitivos en favor de la multicitada menos; finalmente, no se impuso el pago de las costas procesales a ninguna de las partes (fojas 890 a 924 del tomo 3 de pruebas). 5. Recurso de apelación. Inconformes con dicha resolución, ambas partes interpusieron recurso de apelación, los cuales, por razón de turno, correspondieron a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán, cuyo titular, en los autos del toca I-345/2022, de su estadística, por ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil veintidós, revocó la sentencia apelada para el efecto de dejar insubsistente la reanudación de la audiencia de juicio, y antes de emitir sentencia, de manera oficiosa, o a instancia de parte interesada, se allegue de los medios de convicción previstos por el numeral 1008 del Código Familiar del estado de Michoacán, que a su criterio permitan resolver conforme a derecho proceda, lo atinente a los alimentos de la menor involucrada, acorde a su necesidad real, capacidad económica de los progenitores. Resolución que constituye la materia del presente juicio de amparo. Ahora, con relación al tópico materia de controversia en el presente asunto, de las diversas documentales públicas y privadas, así como la información remitida por diversas instituciones públicas y personas morales, ofrecidas por las partes en el juicio natural y, las que de oficio ordenó recabar la jueza de origen, desahogadas en la etapa procesal oportuna, consultables a fojas 22 a 58, 132, 144, 146, 153, 178 y 179, 184 a 195, 197, 199 a 205, 212 a 225, 273 a 402, 450 a 453, 473, 475, 493 a 500, 551 a 554, del tomo 2 de pruebas, 557 y 558, 579 a 746, 748 y 749, 766 a 795, 800 a 849, y 857 a 870, del tomo 3 de pruebas, así como la diligencia de escucha de menor de veintinueve de abril de dos mil veintidós, visible a fojas 471 y 472 del tomo 2 de pruebas, las pruebas confesionales a cargo de los progenitores de la menor, testimonial ofrecida por la parte demandada, a cargo de Ovidio Linares Amador y Sandra Cortés Díaz, verificadas en la audiencia de juicio de seis de septiembre de dos mil veintidós, consultables en audio y video en el disco óptico reseñado en el considerando tercero de la presente sentencia, en los archivos digitales MORE2OF_0904-2021_20220906_1 y, MORE2OF_0904-2021_20220906_2, en atención a su alcance probatorio, por la información que reportan, únicamente son susceptibles para justificar los tópicos inherentes a la capacidad económica de Minerva Medina Niño y César Torres Cortés, padres de la menor involucrada, la dinámica habitual en la cual se desarrolla la infante L. T. M., entre otros temas periféricos. Sin embargo, como acertadamente estableció el magistrado responsable, de los autos del juicio de origen se inadvierten medios de convicción aptos para justificar, por lo menos, de forma razonada, la necesidad real de la menor L. T. M., con relación a los diversos aspectos que integran el rubro de los alimentos, verbigracia, de comida, vestido, habitación, servicios de primera necesidad, asistencia en la enfermedad, educación, sano esparcimiento, entre otros. Lo anterior es así, pues, atento a la dinámica familiar expuesta por las partes, Minerva Medina Niño ejerce la custodia de la menor, por lo cual, la tiene incorporada en su domicilio, y por tanto, existe presunción legal de que cumple con su obligación de ministrarle alimentos en términos de lo dispuesto por el numeral 450 del Código Familiar del estado de Michoacán. No obstante, es menester considerar que, para tales fines, como se indicó previamente, del escrito inicial de demanda se colige que dicha progenitora expuso la existencia de diversos conceptos que, en forma conjunta con sus dos hijas -no únicamente ella o la menor involucrada-, tiene que erogar de forma mensual, a manera de ejemplo, comida, servicio de agua potable, luz eléctrica, gas, internet, terapia psicológica, entre otros, sin que sea dable establecer, por la forma de su planteamiento, en particular, a cuánto asciende la necesidad de la menor respecto de cada aspecto integrante de los alimentos. Circunstancias que, de igual forma, como indicó el magistrado responsable, inciden, de forma periférica, en la capacidad real de la madre respecto de los gastos que de forma cotidiana debe realizar para la satisfacción de sus propias necesidades, de la menor involucrada, y de su diversa hija, las cuales se encuentran incorporadas a su hogar. En otras palabras, atento a que la menor se encuentra incorporada al domicilio de su progenitora, y ésta, de forma directa, satisface y cubre sus necesidades, en atención al principio de proporcionalidad para la fijación y ministración efectiva de los alimentos, consistente en que la obligación alimentaria es proporcional porque los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe, es indispensable conocer las particularidades de los aspectos que integran las necesidades de la menor, a efecto de estar en aptitud de considerar sus particularidades, en lo personal y, en su desarrollo con el entorno social en que se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenece; y, además, en qué proporción, con la ministración directa de las necesidades de la menor -previamente acreditadas-, se ve disminuida la capacidad económica de la progenitora, a efecto de establecer, conforme a derecho corresponda, lo atinente a la necesidad real de la niña y la capacidad económica real de la madre y definir lo atinente al derecho de alimentos de la infante, en atención, precisamente, al principio de proporcionalidad. Sin que pase inadvertido lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que con el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte que representa, a cargo de los atestes Carlos Francisco López Ruiz, Mayra Yaneth Hurtado Pérez e Isela Alvarado Aguilar, verificadas en la audiencia de juicio de seis de septiembre de dos mil veintidós, consultables en audio y video en el disco óptico reseñado en el considerando tercero de la presente sentencia, en los archivos digitales MORE2OF_0904-2021_20220906_1 y, MORE2OF_0904-2021_20220906_2, minutos 26:30 a 59:50, del primer archivo y, minutos 00:00 a 6:50 del segundo archivo indicado, es dable justificar los aspectos previamente indicados. Sin embargo, en principio, es menester precisar que los numerales 1042 y 1043 del Código Familiar del estado de Michoacán, deja la valoración de las pruebas ofrecidas y desahogadas, incluida la prueba testimonial, al prudente arbitrio del juzgador; esto es, rige un sistema de libre valoración, de acuerdo con la sana crítica, integrada con las reglas de la lógica y máximas de la experiencia. De tal forma, uno de los primeros aspectos que se puede destacar, de acuerdo con la voluntad del legislador michoacano, es que la actividad judicial para apreciar el grado de convencimiento acerca de la veracidad de los hechos objeto de la prueba, no está condicionada por un valor predeterminado, ni tampoco pasa necesariamente por la calidad del testigo, sino que queda en la labor analítica del juzgador establecer la medida del alcance demostrativo, conforme a su arbitrio como rector del juicio. Así, el sistema de libre tasación de pruebas acogido por la legislación estatal, supone maximizar las habilidades de raciocinio del juzgador, porque para determinar si la prueba es útil o no a los efectos pretendidos por su oferente, está obligado a estudiar una serie de aspectos concomitantes a ella, no circunscritos exclusivamente a la calidad del testigo como persona digna de crédito, sino extendidos a todo el contexto de lo declarado. Corolario de lo anterior, este órgano de control constitucional considera la necesidad de analizar íntegramente el testimonio, cuando se desahoga bajo el principio de libre valoración, pues lo anterior tiene sentido sólo si se acude al contenido del atesto y al contexto en que fue rendido, pues sólo de esa manera puede analizarse la materia de los hechos objeto de la prueba, lo cual constituye el aspecto pretendido con la implantación del principio de comento, inserto en la legislación michoacana y, por tanto, obligatoria para la autoridad responsable. Asimismo, es imperioso atender a la razón fundada de su dicho lo cual implica que los testigos declaren en forma tal que se obtenga de sus dichos su calidad como presenciales de los hechos sobre los cuales deponen; sobre esa base, si del conjunto de las preguntas y respuestas que conforman la prueba, puede arribarse a la convicción de la razón por la cual el declarante tiene conocimiento de los hechos sobre los cuales depone, entonces debe tomarse en cuenta. Con esta base, como lo consideró la sala responsable, para considerar que las testimoniales ofrecidas en el caso concreto son aptas para justificar lo atinente a la necesidad real de la menor, era indispensable que los atestes revelaran la razón de su dicho, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no sólo de los hechos o situaciones que les permitieron conocer los actos sobre los cuales informaron en la prueba; y, además, es menester considerar el criterio de relevancia sobre la deposición respecto de las circunstancias accidentales que rodean el hecho o hechos concretos que se pretende probar; esto es, valorar aquellas circunstancias que pudieran guardar una estrecha relación lógica con los hechos materia de la prueba, o bien, pudieran resultar determinantes en la conclusión que pudiera alcanzarse. La anterior conexión lógica es cognitivamente instrumental, es decir, sólo serán relevantes aquellas circunstancias accidentales o que tengan relación con el hecho que se pretende probar, si los testigos pueden ofrecer una base lógica que permita su esclarecimiento. Esto es, sólo aquellas que se funden en un conocimiento personal de los hechos, de modo que deba excluirse toda declaración que no le conste al testigo. Apoyan lo considerado, los criterios emitidos por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables a páginas 61, 227 y 47, Volúmenes LXXX, CXXXI y 63, Cuarta Parte, Materia Común, correspondientes a las Sexta, Quinta y Séptima Épocas, en el orden indicado, de rubro y texto siguientes: "TESTIGOS. VALOR DE SU DICHO. Cuando la ley alude a la necesidad de que el testigo exprese la razón de ciencia de su dicho, tanto se refiere a la indicación de la procedencia de su conocimiento (de ciencia propia o de referencia) como a otros matices que deslindando el contenido de su declaración faciliten al Juez un preciso elemento de juicio, para valorar en su tiempo y caso, el efecto probatorio de la misma, ya considerada en sí, ya en relación con los demás elementos de prueba. La valoración no tiene otro limite que el impuesto por las normas de la sana crítica, y las circunstancias que en el testigo concurran, tanto miran a las del testimonio emitido, como a su calidad". "TESTIGOS, RAZON DE SU DICHO. Si los testigos solamente afirman que lo declarado les consta de vista, pero no la causa o motivo que les permitió presenciar o conocer los hechos, el Juez tiene la obligación de exigir dicha causa o motivo, pero la parte interesada en la apreciación positiva de la prueba debe usar, en su oportunidad, de los recursos correspondientes para que la declaración de los testigos sea completa, o, simplemente, esa parte interesada debe cuidar que los propios testigos den la razón de su dicho en forma legal y satisfactoria". "TESTIGOS, INEFICACIA PROBATORIA DE LA DECLARACION DE LOS. Si los testigos afirman que han visto u oído determinados hechos o expresiones, pero no manifiestan en qué circunstancias o por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron, o bien, como razón de su dicho, expresan medios o circunstancias que lógicamente no pueden llevar al ánimo del juzgador la convicción de que realmente les constan esos hechos, tal probanza, por sí sola, carece de eficacia probatoria". En el caso concreto, para considerar que la razón fundante del dicho de los testigos es suficiente para generar convicción de su conocimiento directo de los diversos gastos que, en general, la actora Minerva Medina Niño, la menor involucrada, y su diversa hija erogan en el domicilio en el cual cohabitan, era necesario que, en relación con las circunstancias de esos conceptos: 1. Aportaran información del contexto en el cual adquirieron conocimiento de dichos aspectos, es decir, cómo se han dado cuenta, en específico, de los montos, rubros, y periodicidad en que se erogan dichos conceptos. 2. Además, tales datos debieron ser coincidentes y congruentes con lo aducido en la demanda, pero no fue así. Lo anterior, porque, aun cuando es cierto que de sus repuestas se obtiene que adujeron, de forma coincidente: 1. Conocen a Minerva Medina Niño, César Torres Cortés, la infante L. T. M., y su diversa hija, porque el primer testigo es compañero de trabajo de la actora y, la segunda y tercera ateste, son amigas íntimas -desde la secundaria- de dicha accionante, por esa razón, eventualmente les presentó a su familia. 2. Reportaron conocer que Minerva Medina Niño, en su cotidianeidad, eroga diversas cantidades por conceptos de: inscripción, colegiaturas, libros, y uniformes de la niña L. T. M.; gas, agua potable, energía eléctrica, internet, teléfono celular, esparcimiento, gasolina, tarjeta de crédito, créditos personales. Sin embargo, sus testimonios no fueron uniformes con relación a la totalidad de los rubros que informaron, por ejemplo, en comida, agua, luz, artículos de limpieza e higiene, inglés de la menor, entre otros; además, al cuestionárseles, en específico, la razón de su dicho, los testigos Carlos Francisco López Ruiz, Mayra Yaneth Hurtado Pérez e Isela Alvarado Aguilar, en el orden indicado, refirieron que tienen conocimiento de dichos tópicos porque: La actora se lo contó; y, las restantes, porque le han otorgado diversos préstamos. Es decir, con relación a la razón de sus deposiciones, omitieron exponer cuáles fueron los motivos específicos por los cuales esas circunstancias constituyen un hecho relevante que impactara en la memoria de cada uno, para constituir un recuerdo vívido del cual pudieran recordar circunstancias tan específicas como los montos reportados en cada uno de los rubros. Máxime que, de conformidad con los antecedentes reseñados, trasciende para restar eficacia demostrativa a sus deposiciones que, aun cuando convergen en algunos de los conceptos ahí enunciados, esos datos accidentales modifican la esencia del hecho -erogaciones de la actora- de conformidad con el escrito inicial de demanda, en cuanto a los montos reportados por los distintos rubros, circunstancias que, incluso, por las máximas de la experiencia, son susceptibles de conocimiento directo, a personas que precisamente convivan en la cotidianeidad del seno familiar, lo cual, atento a lo expuesto previamente, no acontece en el caso concreto, pues el primer testigo refirió ser compañero de trabajo de la actora, y las restantes, amigas íntimas; pero, de sus deposiciones se advierte que no cohabitan o conviven de manera constante a efecto de considerar que dichas cuestiones pudieran ser susceptibles de percibirse, a través de sus sentidos, a efecto de establecer la idoneidad de sus respuestas con relación al tópico de la necesidad real de la menor involucrada y la capacidad real de la progenitora. Por tanto, las incongruencias destacadas constituyen el punto toral que evidencia, como sostuvo el magistrado responsable, la ineficacia de las testimoniales para demostrar los tópicos multicitados. De igual forma, no pasa desapercibido que, como indica la parte quejosa, de autos se coligen diversas documentales privadas inherentes a los recibos de diversos servicios, verbigracia, gasolina para transporte, energía eléctrica, agua, y gas; además, facturas de pago de las colegiaturas, inscripción y diversos conceptos escolares de la menor L. T. M., consultables a fojas 38 a 49, 284 y 285; sin embargo, como se indicó previamente, dichas pruebas son ineptas para justificar, de manera razonada, la necesidad real de la infante, con relación a los diversos aspectos que integran el rubro de los alimentos, verbigracia, de comida, vestido, habitación, asistencia en la enfermedad, sano esparcimiento, entre otros. Lo anterior, en principio, dada su concreción a solo algunos de los aspectos que implican el rubro de los alimentos, por lo cual, no se está en aptitud de valorar las particularidades de la acreedora alimentaria en lo personal y, en su desarrollo con el entorno social en que se desenvuelve; y, en segundo lugar, porque la actora, progenitora de la menor expuso la existencia de diversos conceptos que, en forma conjunta con sus dos hijas -no únicamente ella o la menor involucrada-, tiene que erogar de forma mensual, en los términos reseñados, sin que sea dable establecer, por la forma de su planteamiento, en particular, a cuánto asciende la necesidad de la menor respecto de cada aspecto integrante de los alimentos. Lo cual, se itera, como indicó el magistrado responsable, incide de forma periférica en la capacidad real de la madre respecto de los gastos que de forma cotidiana debe realizar para la satisfacción de sus propias necesidades, de la menor involucrada, y de su diversa hija, las cuales se encuentran incorporadas a su hogar. Es decir, virtud a que la menor se encuentra incorporada al domicilio de su progenitora, y ésta, de forma directa, satisface y cubre sus necesidades, en atención al principio de proporcionalidad para la fijación y ministración efectiva de los alimentos, en los términos reseñados, la cual consistente en que la obligación alimentaria es proporcional porque los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe, es indispensable conocer las peculiaridades de los aspectos que integran las necesidades de la menor, a efecto de estar en aptitud de considerar sus particularidades, en lo personal y, en su desarrollo con el entorno social en que se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenece; y, además, en qué proporción, con la ministración directa de las necesidades de la menor -previamente acreditadas-, se ve disminuida la capacidad económica de la progenitora, a efecto de establecer, conforme a derecho corresponda, lo atinente a la necesidad real de la niña y la capacidad económica real de la madre y definir lo atinente al derecho de alimentos de la infante, en atención, precisamente, al principio de proporcionalidad, respecto del diverso deudor alimentista, demandado en el juicio de origen. Por otra parte, de forma reiterada, la parte quejosa formuló manifestaciones respecto a la determinación del magistrado responsable de revocar la sentencia definitiva primigenia y reponer el procedimiento para los efectos apuntados previamente, en el sentido de que, desde su perspectiva, suplió la deficiencia en favor de su colitigante César Torres Cortés, con la intención de "favorecerlo" y, que por tanto, fue parcial en su beneficio. Sin embargo, dichos aspectos únicamente constituyen proposiciones subjetivas inherentes al actuar ético del magistrado responsable, carentes de eficacia para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado pues, como se precisó previamente, de los autos del juicio familiar de origen, en efecto, se inadvierten medios de pruebas aptos para justificar de manera razonada lo atinente a la capacidad real de los progenitores, en función de sus propias necesidades, y la necesidad real de la menor involucrada, por las razones apuntadas. Ahora, con relación a las diferentes proposiciones realizadas por la parte quejosa en el sentido de que el demandado, deudor alimentista, tiene capacidad suficiente para otorgar alimentos en la forma en que se fijó mediante sentencia definitiva, por su calidad profesional, preparación académica, entre otras circunstancias mencionadas, es menester precisar que, con independencia de la comprobación de dichos aspectos, lo relevante para ordenar la reposición del procedimiento fue, se itera, la insuficiencia probatoria respecto a la necesidad real de la menor y capacidad real de los progenitores, acorde a lo expuesto previamente, por lo cual, aun cuando se justifique dicha circunstancia -capacidad del deudor-, atento al principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, es menester, además, conocer palmariamente la necesidad real de la acreedora alimentista, por la dinámica familiar enunciada con antelación, a efecto de determinar, conforme a derecho proceda, lo atinente al rubro de los alimentos en favor de la menor. Finalmente, no pasan inadvertidas las consideraciones propuestas por la inconforme, en el sentido de que la prueba en trabajo social sea inepta para los fines pretendidos, por la falta de probidad de las trabajadoras sociales, y las diversas razones que informa; y, de cualquier forma, se arribaría al mismo resultado respecto de los montos que expuso respecto de la necesidad de la menor involucrada. Además de que la reposición del procedimiento es susceptible de afectar el interés superior de la menor, pues la pensión alimenticia condigna puede resultar menor al porcentaje fijado previamente mediante sentencia definitiva. Sin embargo, dichas proposiciones se basan en apreciaciones subjetivas con base en hechos que únicamente tienen probabilidad de acontecer. En efecto, como se colige de la lectura del acto reclamado, el magistrado responsable ordenó la reposición del procedimiento para que el juez de origen, de manera oficiosa, o a instancia de parte interesada, se allegue de los medios de convicción previstos por el numeral 1008 del Código Familiar del estado de Michoacán, que a su criterio permitan resolver conforme a derecho proceda, lo atinente a los alimentos de la menor involucrada, acorde a su necesidad real, y capacidad económica real de los progenitores y, de manera ejemplificativa aludió a dicho medio de prueba; es decir, lo anterior no implica que se ordene el desahogo de esa prueba y, de hacerlo, no es dable partir de la base de que la información correspondiente sea inocua o, incluso, susceptible de causarle perjuicio, pues por la razón precisada, estará en aptitud, de así convenir a su interés legal, de aportar los medios de convicción que estime conducentes para justificar la necesidad real de la menor involucrada a través de diversos medios de pruebas distintas a la de trabajo social. Incluso, con relación a dicha prueba, no es dable partir de la base de las consideraciones enunciadas por la parte quejosa, pues para tales fines se tendría que prejuzgar sobre el alcance convictivo de dicha prueba, sin conocer, hasta este estadio procesal, la información relevante, metodología, y técnicas empleadas, que pudiera aportar dicha prueba para, en términos de lo dispuesto por los preceptos 1042 y 1043 del Código Familiar del estado de Michoacán, valorarse al prudente arbitrio del juzgador. Por razones análogas, no puede partirse de la probabilidad de que las pruebas desahogadas en cumplimiento a la reposición puedan derivar en la fijación de una pensión alimenticia inferior a la fijada primigeniamente, mediante sentencia definitiva y, por tanto, afectar el interés superior de la niña. Lo anterior es así, pues, una vez desahogadas las pruebas correspondientes que, de oficio, o a petición de parte, se ordenen en el juicio natural, existen diversos escenarios que pudieran acontecer; por ejemplo, en principio, pudieran favorecer el interés legal de la menor involucrada, por estimar justificada una necesidad real de la menor, mayor a la expuesta por su progenitora en el escrito inicial de demanda, e incluso, que la capacidad real de su progenitor, deudor inicial, sea mayor a la precisada por la accionante y, por tanto, se le condene en una proporción mayor a cubrir alimentos en su favor; por otra parte, pudiera acontecer que, de los medios de prueba no se obtenga información diversa a la aportada por las partes con relación a dichos tópicos y, por tanto, se condene nuevamente al deudor alimentista en los mismos términos; de igual forma, es posible que, como afirma la quejosa, de dichos medios de convicción se obtenga que la menor involucrada tiene una necesidad real menor, y la capacidad real de su progenitor también sea menor, razón por la cual, probablemente se le condene en menor proporción a lo primigeniamente decido mediante sentencia definitiva; entre otros probables escenarios. Sin embargo, se itera, dada la multitud de escenarios posibles que pudieran acontecer en el juicio de origen, no es dable analizar la constitucionalidad del acto reclamado con base en una hipótesis fáctica que aún no acontece y, que probablemente no se verifique; máxime que, de actualizarse el escenario planteado por la quejosa, estará en aptitud de gestionar lo que a su interés legal convenga a efecto de inconformarse conforme a derecho proceda. Corolario de lo anterior, se estima que, por las razones apuntadas, inherentes a la insuficiencia probatoria con relación a los tópicos mencionados previamente, atento a que en la solución de asuntos en que esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, los órganos jurisdiccionales deben suplir a favor de aquéllos la suplencia de la queja, la cual opera desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, incluida la recabación oficiosa de pruebas, con independencia de la instancia procesal en que se encuentre, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan, fue ajustada a derecho la determinación del magistrado responsable. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de inconformidad expuestos por la parte quejosa, e inadvertirse causa eficiente para suplir su deficiencia en términos de lo dispuesto por el numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Minerva Medina Niño, en representación de la menor de iniciales L. T. M., en contra del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el último punto considerativo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, ante Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ..., apoderado Jurídico de ..., carácter que se le reconoce en términos del artículo ... de la Ley de Amparo, al tenor de la carta poder simple que adjunta a su demanda de amparo, contra el acto del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistente en: ...IV.- ACTO RECLAMADO. - El negarse la responsable el C. JUEZ DE DISTRITO ADSCRITO AL PRIMER TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN MORELIA, a admitir la demanda, presentada de fecha cinco de junio del 2023 dos mil veintitrés, correspondiente dentro de la demanda laboral, que obra dentro del Conflicto individual de seguridad social 198/2023, como más adelante se detallará..." Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número ... En tales condiciones, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, se desprende que ...., reclama en el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, dictados en el Conflicto individual de seguridad social 198/2023, e inadmitió la demanda laboral promovida por la parte promovente. En este contexto, este Juzgado de Control Constitucional considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio y estima competente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad. En este contexto, conforme al artículo ... de la Ley de Amparo, el juicio se tramitará en vía directa o indirecta; en consecuencia, una vez precisado lo anterior, como se mencionó, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda en estudio, en términos de los artículos ..., de la Ley de Amparo, así como el ... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior y, toda vez que el acto que aquí se reclama consiste en la el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, dictados en el Conflicto individual de seguridad social ..., e inadmitió la demanda laboral promovida por la parte promovente, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado constituye una resolución que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido de la cual debe conocer y resolver en razón de competencia un Tribunal Colegiado de Circuito. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia ..., emitida por la Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 56, Núm. 56, Agosto de ..., de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro ...cuyo contenido y rubro son los siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. ... En efecto, los numerales ..., de la Ley de amparo, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control..." ... Del mismo modo, el artículo ..., de la Constitución Federal, señala "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: d). En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas." Del numeral ... antes transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, las que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. En consecuencia, es evidente que la resolución combatida no debe reclamarse en amparo indirecto, pues constituye una resolución que sin decidirlo en lo principal, puso fin al juicio de origen. De lo anterior es dable sostener que, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo ... de la Ley de Amparo, al reclamarse una resolución que puso fin al controvertido de origen, por lo que, en su contra procede el juicio de amparo directo, competencia del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad. Apoya lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia número ..., que dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. ... Por tanto, sin proveer sobre su admisión, se ordena remitirla de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas y fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente, con copias de la totalidad del presente asunto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en ..., toda vez que en esos términos fueron designados. Del mismo modo, en términos de lo establecido por el artículo ... del Acuerdo General 2..., del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular ..., emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número ..., de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL ... Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención al contenido de los artículos ... del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ..., apoderado Jurídico de ..., carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor de la carta poder simple que adjunta a su demanda de amparo, contra el acto del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistente en: ".IV.- ACTO RECLAMADO. - El negarse la responsable el C. JUEZ DE DISTRITO ADSCRITO AL PRIMER TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN MORELIA, a admitir la demanda, presentada de fecha cinco de junio del 2023 dos mil veintitrés, correspondiente dentro de la demanda laboral, que obra dentro del Conflicto individual de seguridad social 198/2023, como más adelante se detallará..." Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 813/2023. En tales condiciones, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, se desprende que ...., reclama en el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, dictados en el Conflicto individual de seguridad social 198/2023, e inadmitió la demanda laboral promovida por la parte promovente. En este contexto, este Juzgado de Control Constitucional considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio y estima competente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad. En este contexto, conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, el juicio se tramitará en vía directa o indirecta; en consecuencia, una vez precisado lo anterior, como se mencionó, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda en estudio, en términos de los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción V, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior y, toda vez que el acto que aquí se reclama consiste en la el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, dictados en el Conflicto individual de seguridad social 198/2023, e inadmitió la demanda laboral promovida por la parte promovente, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado constituye una resolución que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido de la cual debe conocer y resolver en razón de competencia un Tribunal Colegiado de Circuito. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por la Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 56, Núm. 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 218721, cuyo contenido y rubro son los siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En efecto, los numerales 47 y 170, fracción I, de la Ley de amparo, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control..." (Lo resaltado es nuestro). Del mismo modo, el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, señala "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] d). En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas." Del numeral 170 antes transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, las que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. En consecuencia, es evidente que la resolución combatida no debe reclamarse en amparo indirecto, pues constituye una resolución que sin decidirlo en lo principal, puso fin al juicio de origen. De lo anterior es dable sostener que, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, al reclamarse una resolución que puso fin al controvertido de origen, por lo que, en su contra procede el juicio de amparo directo, competencia del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad. Apoya lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia número 2a./J. 87/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 194715, que dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Por tanto, sin proveer sobre su admisión, se ordena remitirla de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas y fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente, con copias de la totalidad del presente asunto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en ..., toda vez que en esos términos fueron designados. Del mismo modo, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.

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