Esau Mejia Valencia
Expediente 672/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Esau Mejia Valencia
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; a veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación de nueve de junio de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Esau Mejía Valencia, para todos los efectos legales correspondientes. Procédase a la devolución del anexo del expediente DREM/001/2017 a la autoridad responsable Director de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, mismo que envió como apoyo a su informe justificado, solicitando ordene de inmediato a quien corresponda, elabore el acuse de recibo correspondiente. ARCHIVO DEFINITIVO En consecuencia, con fundamento en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el diverso 196, párrafos tercero y cuarto, de la misma legislación, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental; por lo que, es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a nueve de junio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y anexos consistentes en original y tres copias de escrito de demanda signado por Esaú Mejía Valencia, informe justificado rendido por el Director de Reglamentos y Espectáculos de Mixquiahuala, Hidalgo, original del expediente DREM/001/2017 y determinación de treinta de mayo de dos mil diecisiete emitida en el juicio de amparo directo 797/2017. Acúsese recibo correspondiente y por los motivos que se vierte en la resolución de mérito, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 y 107 de la Ley de Amparo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 672/2017-2. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Visto el escrito de demanda signado por Esaú Mejía Valencia contra actos que reclama del Director de Reglamentos y Espectáculos de Mixquiahuala, Hidalgo. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en la resolución administrativa de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, emitida en el expediente DREM/001/2017 del índice de la responsable, en la que clausuró de manera definitiva la negociación denominada "Bar José Alfredo Jiménez", y declaró improcedente la renovación de la licencia. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme a las siguientes consideraciones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En la fracción IV, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se recoge el principio de definitividad para el juicio de amparo, aplicable a la generalidad de los casos, conforme al cual sólo procede dicha acción constitucional contra los actos de autoridad que no sean impugnables mediante recursos o medios de defensa legal, que puedan conducir a la revocación, modificación o nulificación de los actos afectatorios. Este principio tiende a conservar como medio extraordinario de defensa al juicio de amparo, al que sólo se pueda acudir si la ley no provee medios ordinarios, o contra la resolución del último de éstos; lo cual encuentra explicación en los dictados del sentido común, que aconsejan como prudente y razonable, ante una alternativa para conseguir un fin, escoger la opción más fácil, sencilla, breve y económica. Por ello, si en el caso a estudio se está ante un acto que por su propia naturaleza es susceptible de modificación, revocación o nulificación es inconcuso que el amparo promovido contra éste resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad mencionado. Lo anterior lo plasmó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 115/99, que a la letra indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" De esta jurisprudencia podemos concluir las siguientes reglas para que se actualice la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, tratándose de la materia administrativa: 1) Que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. 3) Que la ley que establezca el recurso o que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el amparo. Así, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en la resolución administrativa de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, emitida en el expediente DREM/001/2017 del índice de la responsable, en la que clausuró de manera definitiva la negociación denominada "Bar José Alfredo Jiménez", y declaró improcedente la renovación de la licencia; actos destacados respecto de los cuales debió agotar el recurso de revisión o el juicio de nulidad, previsto en el artículo 81 Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, que de resultar procedente traería como consecuencia la revocación o anulación del acto reclamado. Precepto el cual establece lo siguiente: ARTICULO 81. El afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado. Para acudir ante Tribunal Fiscal Administrativo, cuando se haya interpuesto un recurso, será requisito su previo desistimiento. Resuelto el recurso de revisión, el afectado podrá acudir en juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo. El precepto transcrito señala que el afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. En este orden, al ser jurídicamente impugnable el acto aquí reclamado mediante la interposición del recurso de revisión o del juicio de nulidad, lo cual debe hacerse antes de la interposición del juicio de amparo indirecto con el fin de cumplir con el principio de definitividad, es por lo que el quejoso quedó obligada a agotar dicho recurso o juicio, y al no hacerlo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio procedente tendría por objeto modificar, revocar o nulificar el proveído señalado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Máxime que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, por el hecho que la ley del acto así lo contempla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 116 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En ese sentido, es oportuno indicar que los artículos 82 y 83, inciso b), fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a la letra suscriben: "Artículo 82. Corresponde al Tribunal Fiscal Administrativo, dirimir con plena autonomía las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre los particulares y la Administración Pública Estatal, Municipal y organismos descentralizados con funciones de autoridad. En ningún caso el Tribunal podrá sustituir a la Autoridad Administrativa." "Artículo 83. Las salas del Tribunal Fiscal Administrativo serán competentes para conocer, substanciar y resolver los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos siguientes: A).- (.) B) EN MATERIA ADMINISTRATIVA: I. Resoluciones o actos definitivos que las autoridades del Ejecutivo Estatal, municipales u organismos descentralizados dicten, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de particulares. Se consideran resoluciones o actos administrativos definitivos aquellos que no admitan recurso o que, habiéndose interpuesto, fuere negativa la resolución para el gobernado; De la interpretación sistemática de los citados preceptos legales se advierte que corresponde al Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, resolver aquellas controversias que se susciten entre particulares y las autoridades de carácter Estatal y Municipal, conociendo del juicio que se promuevan contra actos que éstas, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de aquéllos. En consecuencia, resulta evidente que contra el acto reclamado resulta procedente el recurso de revisión o juicio de nulidad que prevé la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, el cual debió agotarse antes de ocurrir al amparo, pues la interposición de ese medio de impugnación suspende la ejecución del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo, establece para conceder la suspensión del acto reclamado. Ahora, con el propósito de evidenciar que los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo para el Estado de Hidalgo, para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos emitidos por las autoridades administrativas, no son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, es preciso citar aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor de la parte quejosa, tratándose del juicio de amparo indirecto. En cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son los siguientes: a) la suspensión de oficio y, b) la suspensión a petición de parte. Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como se observa a continuación: En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". Al respecto, resulta conveniente transcribir los 69 a 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo para el Estado de Hidalgo, establecen lo siguiente: "Artículo 69. La suspensión de los actos impugnados, podrá concederse en el mismo auto en que se admite la demanda para su cumplimiento." "Artículo 70. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto, el mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. No se otorgará la suspensión, si sigue el perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." "Artículo 71. Cuando los actos materia de impugnación, hubieran sido ejecutados y afectasen a los particulares de escasos recursos, económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad de subsistencias, en tanto se pronuncien las resoluciones que corresponda, el Magistrado podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor." "Artículo 72. La suspensión podrá revocarse en cualquier momento del juicio si varían las condiciones en las cuales se acordó; dándose vista al actor por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga." En consecuencia, del examen comparativo de los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo y los numerales 128, 132 y 139 de la Ley de Amparo, se concluye que no son mayores las condiciones establecidas en la Ley Orgánica en comento, que las que se consignan en los citados preceptos de la Ley de Amparo referida, para otorgar la suspensión del acto o actos reclamados, atendiendo a las siguientes razones legales: 1. De conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, se establece que la suspensión del acto impugnado puede ser solicitada por el actor en cualquier momento del juicio; por su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, también es necesario que la solicite el agraviado. 2. Otro requisito común que exigen los dos preceptos citados en el párrafo que antecede, consiste en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. La ley orgánica en mención, exige que con la medida cautelar no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de que no se obtenga resolución favorable; por su parte, la Ley de Amparo, en su artículo 132 dispone, en esencia, el mismo requisito al aludir que cuando se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, la medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante con la finalidad de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. 4. El artículo 139 de la Ley de Amparo, establece que se concederá la suspensión, cuando los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación; tal y como lo establece 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo. En tales condiciones, como se señaló, el juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa contra el acto que aquí reclama resulta improcedente, dado que en contra de ello procede el recurso de revisión o el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, instancia jurisdiccional de defensa legal que como se analizó, no exige mayores requisitos que los previstos en los artículos 128, 132 y 139 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión, de la ejecución del acto impugnado, y de resultar procedente traería como consecuencia la revocación o anulación de éste. Por lo cual, previo a acudir a la presente vía constitucional debió promoverse el mencionado juicio, a efecto de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Esaú Mejía Valencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este órgano jurisdiccional por así señalarlo expresamente en su escrito de demanda. Notifíquese personalmente.
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