Esmeralda Chavarria Alamilla

Expediente 5/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
5/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • Esmeralda Chavarria Alamilla

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de tres de enero de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Esmeralda Chavarría Alamilla, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a tres de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Esmeralda Chavarria Alamilla, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y/o Jefe de Atención a Clientes Pachuca, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 5/2017-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5º fracción II, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Respecto al acto que reclama la parte quejosa consistente en el corte de suministro del servicio de energía eléctrica, que dice pretenden efectuar, en el inmueble, ubicado en calle Fernández de Lizardi número 1103, colonia Río de la Soledad, código postal 42079 en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo; se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que enseguida se reproducen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" El alcance de tales disposiciones obliga realizar algunas reflexiones en torno al contenido del término "autoridad", para los efectos del juicio de amparo. El artículo 103 constitucional, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan las esferas de la autoridad federal." Dicho precepto no define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, tampoco éste definió el vocablo mencionado, pues al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. De igual forma, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídica en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin embargo de dicho precepto se advierte que el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede realizar el acto que se le reprocha en el juicio de amparo, mas no especificó las características que deben reunir para ser considerados como actos de autoridad para la procedencia del juicio de amparo. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que por autoridad para los efectos del juicio de amparo, es aquel que tiene origen en una relación de supra a subordinación. Cabe destacar que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, consubstancial a la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de las demás materias y ramas del derecho. Del criterio enunciado también se obtiene que, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, esto es, cuando supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social y que actualicen una relación de supra a subordinación. Es pertinente destacar que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros actúan en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y el interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo que supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad respectivos. Por su parte, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para tales efectos, debiéndose resaltar que la nota distintiva de las relaciones de coordinación consisten en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De igual modo, deviene pertinente destacar que tratándose de relaciones de coordinación, en el mundo fáctico es posible que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica; lo anterior, en razón de que los contratos entre particulares se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes, concediéndose derechos y obligaciones en forma bilateral, lo que, en su caso, genera que ante el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación a favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Atendiendo a lo anterior, es factible concluir que en el caso particular la parte quejosa le atribuye el corte del suministro, por parte de Comisión Federal de Electricidad, la cual no puede ser considerada como autoridad responsable, para los efectos de juicio de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El suministro de energía eléctrica se trata de servicio público, que el Estado proporciona como medio para la realización de un fin, que es el interés general, para lo cual se auxilia de las formas contractuales con los particulares, entre otros, del corte de energía eléctrica. Así, el contrato de suministro y de adhesión es aquél en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo las condiciones que fija el proveedor, entre otros, la suspensión del servicio de energía eléctrica. Es conveniente citar el criterio sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintiocho, Volumen sesenta y siete, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que se invoca por su aplicación analógica y que dispone: "ENERGÍA ELÉCTRICA. CONTRATOS DE SUMINISTRO DE. SON DE ADHESIÓN. Aunado a lo anterior, respecto al tema, es necesario destacar que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el país, ha interpretado cuáles son las notas distintivas que caracterizan a los actos de autoridad, siendo éstas, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En apoyo de lo antes expuesto se cita la tesis número 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, del Tomo XIV, noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Sentado lo anterior, si como se vio la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en el corte de suministro de energía eléctrica, dicho acto no puede ni debe considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio constitucional, pues si bien es un acto unilateral que puede ser realizado conforme a las facultades que otorga la ley a la aludida autoridad Comisión Federal de Electricidad, también lo es que no contiene la nota distintiva para que pueda considerarse como actos de autoridad, pues debe tenerse presente que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Bajo esa premisa, el suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad, tiene su origen mediante un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a dicha prestación, por ello se afirma que el vínculo existente entre la quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que, la orden de corte de suministro de energía eléctrica, no se trata de un acto que constituya una relación entre autoridad y gobernado, sino de coordinación entre el interés del prestador del servicio y un particular. En ese contexto, la solución de una controversia derivada de la comercialización del servicio de energía eléctrica, en razón de la existencia de un contrato de energía eléctrica, debe resolverse mediante la vía mercantil correspondiente ante los tribunales competentes, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio. Es aplicable, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." En ese orden, resulta incuestionable que la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado, no es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Asimismo, por su idea jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 2a./J. 113/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos sesenta y cinco, del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.1o.A.132 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, agosto de 2016, Tomo IV, página 2522; que prevé: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS. Al resolver los precedentes de que derivaron dichos criterios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en cuenta que de las disposiciones constitucionales y legales que regulaban a la Comisión Federal de Electricidad se advertía lo siguiente: 1. Es un organismo público descentralizado; 2. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva, por lo que ninguna persona privada puede prestar esos servicios; 3. Los contratos que celebra para cumplir el mandato constitucional de brindar el servicio de energía eléctrica son administrativos; y, 4. En consecuencia, los actos que emita derivados del contrato también son administrativos y pueden ser impugnados a través del recurso de revisión, del juicio de nulidad, o bien, del juicio de amparo cuando proceda. Sin embargo, a raíz de la reforma a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014, respectivamente, dicha entidad se transformó, por ministerio de ley, en empresa productiva del Estado y se estableció la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución de energía eléctrica. Así, de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor se advierte que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza y que, excepcionalmente, aquellos que dicte en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, y serán los únicos que podrán ser impugnados a través del juicio de nulidad y, en su caso, del amparo, pues el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en esas materias, o bien, a través de los mecanismos de solución que pacten las partes. Por tanto, las tesis aisladas mencionadas, que establecían que los actos de la Comisión Federal de Electricidad eran impugnables mediante los juicios de nulidad y de amparo, quedaron sin sustento jurídico, razón por la cual no es factible tomarlas en cuenta como criterios orientadores." Conviene referir por lo antes expuesto el amparo en revisión 480/2015 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que diera origen a la tesis antes citada, en el que analizando las jurisprudencias 2a./J. 167/2011, 2a./J. 168/2011, 2a./J. 43/2014 y 2a./J. 44/2014 a determinó que la Comisión Federal de Electricidad no tiene la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que los actos que celebra con los particulares son de índole mercantil y, por ende, son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que el corte del suministro de energía eléctrica, cuantificación y el cobro indebido de por concepto de consumo de energía eléctrica; se haya o no dictado con las formalidades, pues en el caso no es factible entrar al estudio y análisis respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichos actos, pues ello implicaría considerar que dichos actos, son actos de autoridad y que a aquéllas le depara el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, lo cual, constituye un presupuesto necesario para la procedencia del juicio de amparo en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 103 constitucional, lo que, como se dijo, no ocurre en la especie. En tales condiciones y al ser esta causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Esmeralda Chavarria Alamilla. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Oscar Islas López, Miguel Ángel Callejas Islas y Eder Jair Santillán Ríos, por contar con registro de cédula profesional en el sistema computarizado de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito y a las demás personas que menciona únicamente se tienen por autorizadas en términos restringidos del propio ordenamiento, esto hasta en tanto hagan su trámite respectivo y cuenten con el registro citado. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en el escrito que se provee. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karen Juanita Pérez Muñoz, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, autorizada en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7954/2016, para fungir como encargada del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIO DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa con la Secretaria licenciada SANDRA SILVA JAIMES, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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