Ernesto Reynaldo Vera Ricaño
Expediente 1269/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ernesto Reynaldo Vera Ricaño
- Jose Antonio Toledo Zepeda
- Audry Antonieta Vera Perez
Actuaciones
- Principal
Agréguese, a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, por el que solicita copias certificadas de la papeleta, demanda, informes justificados, sentencia de primera y segunda instancia, auto de ejecutoria, cumplimiento y demás constancias que revelen el estado procesal del juicio de amparo 1269/2017, en que se actúa. En atención su contenido, remítase copias certificadas de la papeleta, demanda de amparo y de los proveídos de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo y del diverso de veintinueve de enero del año en curso, por el que causó estado dicha determinación. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo Vigente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Audry Antonieta Vera Pérez y otros; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por por Audry Antonieta Vera Pérez, Ernesto Reynaldo Vera Ricaño y José Antonio Toledo Zepeda, por propio derecho, a la que adjuntan siete copias de la misma, contra actos que reclaman del Agente del Ministerio Público de la Mesa Determinadora Tres de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Dicho precepto autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o. J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." En el caso, los promoventes Audry Antonieta Vera Pérez, Ernesto Reynaldo Vera Ricaño y José Antonio Toledo Zepeda, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y los actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA MESA DETERMINADORA TRES DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO." ACTOS RECLAMADOS "PRIMER ACTO RECLAMADO.- LO HACEMOS CONSISTIR EN LAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 18/2563/2013 MESA TRES DE LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, YA QUE NO NOS HAN HECHO SABER DE QUÉ DELITO SE NOS ACUSA, SÓLO NOS DICE DE LO QUE RESULTEN RESPONSABLES DENTRO DE LA PRESENTE AVERIGUACIÓN, Y DADO QUE ES UN DERECHO DE TODO IMPUTADO, ACUSADO, EL SABER DE QUÉ DELITO SE LE ACUSA, PARA PODER DEFENDERSE. SEGUNDO ACTO RECLAMADO.- LO HACEMOS CONSISTIR EN LAS VIOLACIONES A LA LEY PENAL DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 14, 77, 80, 236, 282, 283, 284 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE PARA LA REGIÓN DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 25, 121, 122, 123, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBREANO DE HIDALGO. TERCER ACTO RECLAMADO.- LO HACEMOS CONSISTIR EN QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DE MANERA DOLOSA SOLO PIDE INFORMES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA QUE INFORME SI LAS CEDULAS PROFESIONALES DE LOS SUSCRITOS ESTAN REGISTRADAS EN DICHO ESTADO, ASÍ COMO LOS TITULOS DE LOS SUSCRITOS, A SABIENDAS QUE NUESTRAS CEDULAS SON FEDERALES Y NO ESTATALES Y POR TANTO NO TIENEN REGISTRO EN EL ESTADO, Y SE NOS ACUSA FALSAMENTE DE NO SER ABOGADOS LO QUE NOS CAUSA UN GRAVE AGRAVIO, NOS DIFAMA Y CALUMNIA DE MANERA DOLOSA, Y POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A ESTA AUTORIDAD QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA ORDENE AL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN DE LA MESA TRES DENTRO DE LA AVERIGUACION PREVIA NUMERO 18/2563/2013, PEDIR INFORMES A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES FEDERAL, PARA QUE LE INFORME SI EXISTEN TITULOS Y CEDULAS DE LOS SUSCRITOS QUEJOSOS, RTEGISTRADAS EN DICHA INSTITUCION FEDERAL, YA QUE LOS SUSCRITOS CUMPLIMOS CON LOS REQUISITOS QUE INDICA EL ARTICULO 5 DE LA CONSTITUCION Y DICHA INSTITUCION NOS EXPIDIO NUESTRAS CEDULAS, Y NO ES OBLIGACION REGISTRARLAS EN CADA ESTADO AL QUE SE ACUDA, PARA PODER LITIGAR Y POR TAL MOTIVO ESTAMOS EN ESTADO DE INDEFENSION. CUARTO ACTO RECLAMADO.- LO HAGO CONSISTIR EN LA ILEGAL AVERIGUACION PREVIA QUE SE NOS INICIA E INVESTIGA DE MANERA DOLOSA, POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO PARA FABRICARNOS UN DELITO PUES ESTE ARGUMENTA QUE NO SOMOS ABOGADOS PERO SOLO PIDE LA CEDULA ESTATAL Y LOS SUSCRITOS UNICAMENTE TIENEN (sic) LA FEDERAL, Y ASÍ MISMO ESTE SOLO PIDE INFORMES AL ESTADO SOLICITANDO SI EXISTE UN REGISTRO DE NUESTRAS CEDULAS FEDERALES O DE NUESTROS TITULOS, A SABIENDAS QUE NUESTROS REGISTROS Y CEDULAS SON FEDERALES, MAS NO ESTATALES, COMO LO PRETENDE HACER VALER DICHA INSTITUCION MINISTERIAL". SEGUNDO. En la especie, órgano de control constitucional considera que respecto del acto que la parte quejosa consideran les causa agravio, la acción de amparo intentada, resulta notoriamente improcedente, toda vez que no tiene sobre los aquí quejosos una ejecución que sea de imposible reparación para los efectos del amparo indirecto, lo cual será examinado atento a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, última parte, que impone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En efecto, en el caso se estima se actualiza la causa de improcedencia de la demanda de derechos, contenida en el artículo 61, fricción XXIII de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". En relación con los diversos numerales 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 107, fracción V de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto, es importante destacar que Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Atento a lo antes expuesto, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, los actos de imposible reparación, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación anterior, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo este contexto, los efectos y consecuencias de los actos reclamados, en su caso, se traducen en una violación puramente adjetiva que únicamente repercute en el procedimiento correspondiente y no genera a los involucrados una afectación material, habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse hasta el momento en que el Agente del Ministerio Público del conocimiento en su caso, realice la consignación de la averiguación previa de origen, al juez competente y que este dictaminara girar la correspondiente orden de aprehensión, lo cual evidentemente sería adverso a los intereses de la parte quejosa. En otras palabras, los efectos lesivos del acto reclamado, se actualizarán hasta que la representación social correspondiente considere que existen elementos de prueba suficientes para realizar, en su caso, la consignación de la averiguación previa relativa, ante el Juez competente para conocer de la misma y que esta resolviera emitir la orden de captura correspondiente en contra de los quejosos, pues será hasta ese momento cuando se podrá apreciar si con motivo de tal determinación se vulneraron las defensas de los quejosos y se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado del fallo. Así, dicha violación podrá ser motivo de análisis en el amparo indirecto que se promueva contra la misma, toda vez que la protección del derecho humano al debido proceso se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales en el proceso penal. Y en este sentido, es en el amparo biinstancial, en el que es posible analizar las violaciones al procedimiento cometidas en la fase de averiguación previa. Pues se insiste, la afectación que en todo caso pudiera sufrir la parte quejosa, podrá subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses, esto es, con un fallo que puede culminar en su caso, con la resolución de no ejercicio de la acción penal en la averiguación de que se trata, y como consecuencia, su archivo definitivo o en la negativa de la orden de aprehensión solicitada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 7/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 780 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro dice: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2009)" Así como el diverso criterio III.2o.P.234 P, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 2702 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia Penal, Noven Época, cuyo rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." Lo que hace evidente que por ahora, el inicio de la averiguación previa 18/2563/2013, así como las violaciones que aducen los quejosos en las que ha incurrido la autoridad ministerial en su integración, no tienen en la esfera jurídica de los promoventes una ejecución de imposible reparación. En conclusión, respecto de los actos reclamados hechos valer por los quejosos, así como las violaciones en que aducen ha incurrido la autoridad ministerial en la integración de la averiguación previa 18/2563/2013; se acredita la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la propia ley, interpretado a contrario sensu. En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede desechar de plano la demanda de derechos promovida por Audry Antonieta Vera Pérez, Ernesto Reynaldo Vera Ricaño y José Antonio Toledo Zepeda, contra actos que reclaman del Agente del Ministerio Público de la Mesa Determinadora Tres, de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de amparo al licenciado Rubén Pérez Aila por contar con registro de cedula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las demás personas que menciona, únicamente para oír y recibir notificaciones. Por último, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y al artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comuníquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las resoluciones que pongan fin al juicio, las que se dicten en un incidente de previo y especial pronunciamiento y las dictadas en cualquier recurso. Asimismo, que de conformidad con los diversos 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° de dicho reglamento, la información que resguardan los órganos jurisdiccionales es pública y cualquier persona podrá consultarla, a pesar de que no haya causado ejecutoria la sentencia o se trate de asuntos concluidos, con las salvedades establecidas. Por tanto, las resoluciones de este asunto podrán ser consultadas por el público cuando se solicite conforme al procedimiento relativo. Comuníqueseles también el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales cuando la información esté clasificada de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada Ley Federal. Igualmente, que sólo serán reservadas o confidenciales las pruebas aportadas, cuando se les atribuya tal carácter y esto se base en algún tratado internacional o ley federal o local. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente; se resuelve: RESUELVE: PRIMERO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos promovida por AUDRY ANTONIETA VERA PÉREZ, ERNESTO REYNALDO VERA RICAÑO Y JOSÉ ANTONIO TOLEDO ZEPEDA, por propio derecho, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Mesa Determinadora Tres de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. SEGUNDO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado en términos del artículo 12 al profesionista que refiere en el mismo. Notifíquese personalmente.
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