Ervin de Jesús Chávez Ceballos

Expediente 1520/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1520/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Ervin de Jesús Chávez Ceballos

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es destruíble. Lo anterior, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la cuenta que antecede, se desprende que hasta la presente fecha la Presidenta Municipal y el Cabildo, ambos de Seyé, Yucatán, no han remitido la copia certificada del acta de Cabildo de diecisiete de marzo del año en curso, en la que se sesionó lo relativo a la aprobación de la propuesta para solicitar al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, que a cuenta del Municipio realice el pago del laudo con cargo a las participaciones que en ingresos federales correspondan; lo anterior, no obstante los múltiples requerimientos que se les han realizado en ese sentido. Por tanto, toda vez que el acta de Cabildo en comento en atención a lo acordado anteriormente, resulta fundamental para poder realizar los actos subsecuentes y necesarios a efecto de dar debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en estos autos; con fundamento en los artículos 197 de la Ley de Amparo, 93, fracción V, 161, 163 y 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia; se comisiona a dos de los actuarios de la adscripción a fin de que se apersonen en las instalaciones del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, a efecto de llevar a cabo una inspección en los archivos municipales y den fe de la existencia de la referida acta de Cabildo; debiendo levantar la razón correspondiente, de manera pormenorizada, debiendo obtener registro fotográfico de dicho documento. Diligencia que deberán entender de preferencia con la Presidenta Municipal, de no ser así con el Síndico o Tesorero Municipales, o en su defecto, con cualquier funcionario municipal. En tal virtud, se señalan las doce horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre del año en curso, para el desahogo de dicha diligencia de inspección documental. Para efecto de lo anterior, prevéngase al Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, por conducto de la Presidenta Municipal, para que otorgue todas las facilidades necesarias a los actuarios de la adscripción, y puedan dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Lo anterior, con el apercibimiento para dicho Ayuntamiento, que de no otorgar las facilidades necesarias para el desahogo de la diligencia, o bien, de NO EXHIBIR EL ACTA DE CABILDO de mérito, con fundamento en el numeral 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE TENDRÁ POR CIERTA LA EXISTENCIA DE DICHO DOCUMENTO, con todas las consecuencias legales que ello implica; y sin que por ello se releve a las autoridades municipales de la responsabilidad que les resulte derivada del procedimiento de ejecución de sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la Presidenta, Síndico, Tesorero Municipal y a cada uno de los integrantes del Cabildo, una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27Y 29 DE LA LEY DE AMPARO---Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Ervin de Jesús Chávez Ceballos, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Quinto de oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 262/2023, en la que se fijó a su cargo provisionalmente como concepto de pensión alimenticia de su menor hija la cantidad de $2,178.00 (dos mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), así como el pago de una garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), para el debido cumplimiento de la obligación alimentaria. Al efecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1520/2023-VII-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El precepto legal aludido en la fracción invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. Por lo tanto, si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que la ley rectora del acto prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En el caso, se advierte que la parte quejosa no observó el citado principio previamente a la presentación de la demanda de amparo, ya que contra el acto reclamado, procede el recurso de apelación a que se refiere el artículo 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Tenemos que los artículos 421 al 428 del código adjetivo citado, establecen lo siguiente: Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación. Artículo 422. Los recursos no son renunciables. Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige el procedimiento en los juicios del orden familiar, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de dichos numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y en contra de las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se desprende que contra la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 262/2023, en la que se fijó a su cargo provisionalmente como concepto de pensión alimenticia de la menor de iniciales M.S.C.D., la cantidad de $2,178.00 (dos mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), así como el pago de una garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), para el debido cumplimiento de la obligación alimentaria, procedía el recurso de apelación, tomando en consideración que no resultaba revocable, al tratarse de una resolución que puso fin a la controversia que culminó con la fijación provisional de la pensión alimenticia al que fue condenado. Ello, porque de conformidad con el citado artículo 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el recurso de apelación ordinario tiene por objeto el que el Tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto de la referida resolución reclamada, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de apelación. Además, debe decirse que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, ya que se trata de la parte actora de acuerdo a su dicho bajo protesta de decir verdad y de las constancias que adjuntó a su demanda. Además de que aún, de considerarse de imposible reparación el acto, ello no constituye una excepción al principio de definitividad ya que la irreparabilidad del acto y el citado principio se tratan de presupuestos distintos y autónomos que se rigen por aspectos diferentes, en tanto que la ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto y su transcendencia en la esfera jurídica del quejoso y la definitividad se refiere a la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa legal antes de acudir juicio de amparo con independencia de la naturaleza del acto, salvo los casos expresamente establecidos en la ley. Se invoca de manera ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro 2017117, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Finalmente, cabe señalar que de estar inconforme el quejoso con dicho monto de alimentos, se encuentra en aptitud de tramitar su reducción de conformidad con los numerales 710 a 712 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, a través de la vía incidental que demarcan, así lo permite. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193379, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************COMUNICACIONES NO PROCESALES En cuanto al señalamiento del correo electrónico y número telefónico que refiere la parte quejosa, se tienen por proporcionados únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias; sin que haya lugar a tenerlos como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, pues las notificaciones se practicarán con base en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, personalmente y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano