Ernesto Javier Alpuche Molina

Expediente 629/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
629/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Ernesto Javier Alpuche Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, de donde se desprende que el promovente Pedro Ricardo Domínguez Casanova, no dio cumplimiento al requerimiento efectuado por acuerdo de trece de mayo de dos mil diecinueve; esto es, acreditara con la documentación idónea su carácter de asesor jurídico con el que se ostentó y lo facultara como tal. En consecuencia, habiendo transcurrido el término de cinco días concedido para tal efecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO que dio origen a este expediente. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMDIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Ricardo Domínguez Casanova, quien se ostenta como asesor jurídico de la víctima Ernesto Javier Alpuche Molina, contra el acto que reclama del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito sin detenido de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La falta de integración y seguimiento de la carpeta de investigación 170/M-2/2018, y en consecuencia emitir la resolución correspondiente. Al respecto, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese con el número 629/2019-V-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110, 114, fracción I y 108 fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del improrrogable término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído: - Acredite con la documentación idónea su indicado carácter de asesor jurídico con el que se ostenta y lo faculte como tal, pues fue omiso en exhibir documento alguno al respecto. Sin que a lo anterior se oponga, la manifestación que realiza en el sentido de que está debidamente nombrado en autos de la carpeta de investigación de origen, por lo siguiente: El artículo 11 de la Ley de Amparo, si bien señala que en materia penal bastará la afirmación en ese sentido, esto es, que el promovente aduzca tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, para que sea admitida la calidad con que se ostente. Lo cierto es que el mismo debe interpretarse de manera sistemática con el diverso 14 de la ley de materia, ya que éste prevé que en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. Dicho en otras palabras, la interpretación sistemática de ambos arábigos, en tratándose de la materia penal, la única excepción para dejar de acreditar su personalidad con alguna constancia y atender a la manifestación del promovente rendida bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que tiene el carácter de defensor del quejoso, es precisamente para el defensor del imputado (quejoso). De ahí que, en el caso no se actualice la excepción para tener por reconocida la representación con la sola afirmación del promovente del amparo, ya que la demanda no la promovió el Defensor de un imputado, sino por el contrario, se trata del representante de la parte agraviada. Consecuentemente, al no serle extensiva la excepción antes prevista, pues de haber sido la intención del legislador secundario así se hubiera acotado en la Ley de Amparo, entonces resulta procedente prevenirlo para que acredite estar legitimado para acudir a la instancia constitucional. Apoya a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Penal, Tesis: XXVII.3o.68 P (10a.), Página: 2958 y Registro: 2019175, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR EL ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PARA SU ADMISIÓN SE REQUIERE QUE AQUÉL DEMUESTRE SU CALIDAD CON ALGUNA CONSTANCIA, AL NO ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO PRIMERO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO, PARA TENER RECONOCIDA SU REPRESENTACIÓN CON LA SOLA AFIRMACIÓN EN ESE SENTIDO. El artículo mencionado alude a la representación que cualquier persona tiene reconocida ante la autoridad responsable, por lo que ha participado ante ella a favor de otro, que es la parte material en el asunto; y para que en el juicio de amparo se reconozca esa representación, es menester que quien la aduzca, lo demuestre, lo que se hace con las constancias del expediente, en las que debe obrar el poder o documento con que se acredita ser apoderado o, de alguna forma, representar al quejoso o al tercero interesado. Ahora bien, el hecho de que la última parte del párrafo primero de dicho precepto señale que en materia penal bastará la afirmación que haga el promovente en ese sentido, debe interpretarse sistemáticamente en relación con el diverso 14 de la propia ley, donde la única excepción para dejar de acreditar su personalidad con alguna constancia y atender a la manifestación del promovente rendida bajo protesta de decir verdad, es cuando se ostenta como defensor del imputado (quejoso), mas no para los abogados de la víctima u ofendido a quienes se identifican como asesores jurídicos, pues de haber sido ésa la intención del legislador, los hubiere mencionado y no delimitar la excepción sólo al defensor -del imputado- para el trámite de su admisión, que además incluye la solicitud de que se remita una certificación, la posibilidad de multa para el promovente y la orden de ratificación. Al margen de que de extender este derecho a los abogados de los agraviados, surgiría un desequilibrio procesal y rompería el principio de imparcialidad, entendido como el deber de los Jueces de ser independientes frente a las partes". Así como, la Jurisprudencia visible en la página 373, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Epoca) números 19-21, con los títulos de 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES ILEGAL' y 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuando para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo requerido anteriormente, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de mérito, como lo dispone el segundo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia. Asimismo, hágasele saber que deberá igualmente adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda, así como del documento con el que acredite su indicada personalidad; lo anterior, para cada una de las demás partes en este asunto, que los son, la autoridad responsable, la parte tercero interesada y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como autorizado únicamente para imponerse de autos, a Cristina de Fátima León Cauich. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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