Erwing René Pacheco Sánchez

Expediente 2/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Erwing René Pacheco Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el catorce de febrero de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo que disponen los artículos 1º, fracción I, 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******** contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el primero de los antecedentes de esta sentencia, por los motivos expuestos en la tercera y quinta de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la sexta de las consideraciones de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2/2018-VI-A, promovido por + + + +, contra actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, residente en esta capital, y otras autoridades. ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, la quejosa + + + +, solicitó la suspensión definitiva de los actos que atribuye a los Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; Fiscal General del Estado, Director de la Policía Estatal de Investigación; Jefe del Departamento de Investigación y Mandamientos de la Policía Estatal de Investigación; Director del Departamento de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con residencia en esta capital; así como del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambas con sede en Progreso, Yucatán. SEGUNDO. En proveído de tres de enero de dos mil dieciocho dictado en el juicio principal, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, mediante proveído de esa propia fecha se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en la detención, retención y despojo del vehículo marca + + + +. SEGUNDA. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; Fiscal General del Estado, Director de la Policía Estatal de Investigación; Jefe del Departamento de Investigación y Mandamientos de la Policía Estatal de Investigación; Director del Departamento de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, todos con residencia en esta capital; así como al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambas con sede en Progreso, Yucatán, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes previos, y como la parte quejosa no aportó alguna prueba para desvirtuar dicha negativa, procede negar la suspensión definitiva, por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820, del IUS Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERA. Son ciertos los actos que la parte quejosa reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, en virtud de así haberlo reconocido expresamente al rendir su correspondiente informe previo. CUARTA. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, SE NIEGA la suspensión definitiva solicitada, toda vez que el acto reclamado ya se llevó a cabo, por lo que resulta evidente que se trata de un acto consumado contra el cual es improcedente conceder la suspensión, pues atendiendo a su naturaleza equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Es aplicable la Tesis Jurisprudencial II.3º.J/37, visible en la página 51, del Tomo 60 del mes de diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el rubro: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." QUINTA. Por otra parte, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo, esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. El interés suspensional, se encuentra acreditado con la copia certificada de la factura número + + + , de la cual se advierte la descripción del vehículo, el endoso a nombre del quejoso, que exhibió con su ocurso petitorio de amparo, a la que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues de la misma se advierte que el amparista es el propietario del bien mueble. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la Ley de la Materia. Ahora bien, previamente a determinar si se concede o no la medida cautelar solicitada, en relación a las manifestaciones que realiza el quejoso, en el sentido de que la responsable tiene retenido su vehículo, sin motivo aparente, no obstante, el Secretario de Seguridad Pública, residente en esta ciudad, manifestó en su informe previo, que dicha retención deviene de un reporte de abandono del vehículo automotor, sin embargo, de las constancias remitidas por dicha autoridad, se advierte que únicamente sustenta su dicho en un informe policial homologado, del cual se desprende la inexistencia de algún reporte de abandono, en cambio sólo existe la manifestación unilateral del elemento policial que llevó a cabo la ejecución del acto. Motivo por el cual solicita la suspensión definitiva de dicho acto, cabe decir lo siguiente: En primer lugar, respecto a la devolución del vehículo que solicita, es menester tomar en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 138 de la Ley de Amparo, cuyo texto dispone: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y..." Para lo cual es indispensable determinar que por apariencia de buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que es un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, se analice si de concederse la medida suspensional con base en esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondrían en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que sólo en esa medida se puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados; y siempre y cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho los requisitos establecidos también en el diverso numeral 128, consistentes en que la solicite el agraviado (fracción I), y no se siga perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público (fracción II). Asimismo, es importante señalar que la nueva composición de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, trajo como resultado que la suspensión del acto reclamado, pueda tener como consecuencia un EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO de conformidad con el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues de acuerdo en lo establecido en dicho precepto, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo. En tal virtud, la previsión contenida en el segundo párrafo del artículo 147 citado, encuentra estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto a que está obligado el juzgador, a fin de determinar la apariencia del buen derecho, a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de su ley reglamentaria, pero, fundamentalmente, lleva a que se analice el peligro en la demora, dada la naturaleza de la medida cautelar que corresponde a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa, debe considerarse que tal y como lo señaló bajo protesta de decir verdad la parte quejosa en su demanda de amparo, es el propietario del vehículo que asegura se encuentra retenido por la autoridad responsable, lo cual desde luego ocasiona un perjuicio en detrimento de su patrimonio, por lo que ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora del caso que nos ocupa, el suscrito juzgador estima procedente la medida cautelar solicitada para los efectos que se señalarán a continuación. En consecuencia, con fundamento, en los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado citado con antelación, para el efecto de que el Secretario de Seguridad Pública, ponga a disposición de manera inmediata del quejoso el automotor de su propiedad, esto es, + + + +. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.A.62 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Materia Común, la primera con número de 2006947, que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DISCRECIONALIDAD DE LOS JUECES Y MECANISMOS DE CONTROL Y EXCLUSIÓN DE LA ARBITRARIEDAD QUE DEBEN CONSIDERARSE CUANDO SEA NECESARIO DARLE UN EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como antecedente los de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en los cuales el Constituyente Permanente patentizó su voluntad de transformar al juicio de amparo en un instrumento de protección y restauración de derechos humanos y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento a ser congruentes con esa voluntad; asimismo, por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, fijó como premisas orientadoras de la reforma, evitar el abuso de dicha institución y los efectos perjudiciales para el interés social, al ampliar, por un lado, la discrecionalidad de los Jueces en las decisiones al respecto y, por otro, establecer mecanismos de control y exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, para que quede a cargo del Poder Legislativo, mediante la expedición de la ley mencionada, transformar al instituto suspensional, en función de las premisas señaladas. Una de las manifestaciones concretas de dichos propósitos, se proyectó en que conforme al artículo 147, segundo párrafo, de dicha ley, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado y siempre que sea jurídica y materialmente posible, tendrá el efecto de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; disposición que encuentra estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto a que está obligado el juzgador, a fin de determinar la apariencia del buen derecho a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de su ley reglamentaria, pero también del concomitante peligro en la demora, dada la naturaleza cautelar que le corresponde a la suspensión y conforme a la cual es necesario darle el efecto más eficaz para evitar, en lo adjetivo, que el juicio de amparo indirecto pierda su materia y, en lo sustantivo, que la ejecución del acto, inminente o presente, genere una afectación irremediable a los derechos del quejoso. Por tanto, para determinar los casos en que, de proceder la suspensión, es necesario darle un efecto restaurativo, provisional y anticipado, el Juez de amparo goza de la discrecionalidad que el Constituyente Permanente decidió ampliar en la reforma constitucional señalada, pero también debe considerar que, para justificar ese efecto, es necesario demostrar que, atento a la naturaleza del acto, resulta jurídica y materialmente posible dar a la suspensión el efecto pretendido, pues estas expresiones contenidas en el propio artículo 147, constituyen los elementos normativos y de control de aquel ejercicio discrecional, dispuestos en la ley reglamentaria, que excluyen el abuso de que pueda ser objeto, con efectos perjudiciales para el interés social." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE NIEGA a + + + +, la suspensión definitiva que solicita contra los actos que reclama de las autoridades señaladas en el resultando primero, en los términos precisados en la segunda y tercera de las consideraciones de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE a + + + + + la suspensión definitiva que solicita contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en la quinta de las consideraciones de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Luis Joel Escalante Pavía, Secretario que autorizó y dio fe.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a los presentes autos para los efectos legales condignos, el escrito de mérito y su anexo, signado por el quejoso ********************; y en cuanto a las manifestaciones que se realizan a manera de alegatos en su contenido, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia incidental. Por otra parte, respecto a la solicitud que realiza el quejoso en el memorial aludido, relativa a que este Juzgado de Distrito ordene a la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es aquí responsable, la devolución del vehículo a su propietario; indíquese al ocursante que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud de que su pretensión es meramente materia de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva esta incidencia, dado que de acceder a lo rogado, sería tanto como otorgar los efectos de la concesión del amparo, de acuerdo al artículo 77 de la Ley de la materia, lo cual, se reitera, es únicamente materia de la resolución definitiva. Finalmente, sin que obste a lo anterior, que el quejoso dirigió el escrito de cuenta al expediente principal de este asunto, sin embargo, de las manifestaciones realizadas en el mismo, se advierte que tiene relación directa con estos autos incidentales. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Luis Joel Escalante Pavía, Secretario del Juzgado que autorizó y dio fe.

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