Ernesto Toxqui Gamez
Expediente 1059/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ernesto Toxqui Gamez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Como según certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de octubre del año en curso, en la que desechó la demanda de garantías promovido por -, por sí y en cuanto Presidente de la institución educativa denominada -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO...EL AUTO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS... Agréguese a sus autos, el escrito de cuenta, signado por -, por sí y en cuanto Presidente de la institución educativa denominada -, por medio del cual cumple con las prevenciones formuladas en auto de seis de octubre en curso; por tanto, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Reclamo de la autoridad señalada como responsable en contra del auto de fecha-, que fue notificado dentro de los autos del Juicio Laboral número -, que se reclama el pago de indemnización constitucional por despido injustificado y otras prestaciones laborales, ante Junta Especial número 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de este Distrito Judicial". El suscrito advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, segundo párrafo del precepto 107 de la misma codificación, que amerita desechar la presente demanda de amparo, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El artículo 61 fracción XXIII, y el diverso 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es así, pues tomando en consideración el contenido de la demanda que se analiza, se pone en relieve que dentro del juicio laboral número -, presenta los antecedentes siguientes: En laudo dictado el veintidós de abril del dos mil veinte, se condenó a los codemandados -, la escuela primaria y secundaria con denominación comercial -a pagar a favor del actor la cantidad de $69,132.21; además se absolvió al codemandado físico -, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en este juicio por el actor. En auto de diecinueve de agosto del dos mil veintidós, y toda vez que la parte demandada no dio cumplimiento en forma voluntaria con el laudo, se despachó ejecución en contra de -, la escuela primaria y secundaria con denominación comercial -" Y CON RAZÓN SOCIAL -". Posteriormente, del acta levantada el cinco de septiembre del año en curso, por la Actuaria adscrita a la Junta responsable donde se determinó dar cumplimiento a diversos autos dictados dentro del juicio laboral de origen -, relativos al requerimiento de pago y/o embargo; deriva de la ejecución del laudo ahí dictado, firme y declarado como cosa juzgada, en la cual dicha diligencia fue entendida con quien dijo llamarse -, quien se ostentó como subdirectora, y en la cual la Fedataria se cercioró que fuera el domicilio de -, la escuela primaria y secundaria con denominación comercial -, acto emitido en un juicio en el que el quejoso es parte. Finalmente en proveído de nueve de septiembre del año en curso, se dijo que al apoderado del quejoso que se tenía por hechas las manifestaciones en términos de su escrito presentado y que se estuviera a lo acordado en los diversos autos dictados el diecinueve de agosto y el requerimiento de cinco de septiembre del año en curso. (acto aquí reclamado) Todo ello emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia. De los antecedentes descritos con antelación se aprecia claramente que el auto que constituye el acto reclamado fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, y éste no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de la Materia, esto es, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, la cual podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Máxime que no se advierte que el quejoso -, haya resentido afectación alguna en su esfera jurídica con motivo de los actos que ahora reclama, y de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, tampoco se desprende que dichos requerimientos repercuta en alguno de sus derechos fundamentales, pues si bien manifiesta que como persona física fue absuelto en el laudo dictado, lo cierto es que quien resulto condenada es la codemandada moral -; en ese sentido, tiene expedito su derecho para promover nuevamente en cuanto presidente de la moral citada ante la Junta responsable y que provea lo procedente respecto a la ejecución y cumplimiento del laudo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues los autos que son tendientes a realizar el cumplimiento del laudo emitido dentro juicio laboral número -, no son actos ajenos a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución; por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Al respecto, son de citarse la jurisprudencia número 108/2010, publicadas en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por -, por sí y en cuanto Presidente de la institución educativa denominada LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA CON DENOMINACIÓN COMERCIAL -,, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacan, dieciocho de octubre de dos mil veintidos. Agréguese a sus autos, el escrito de cuenta, signado por -, por sí y en cuanto Presidente de la institución educativa denominada -, por medio del cual cumple con las prevenciones formuladas en auto de seis de octubre en curso; por tanto, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Reclamo de la autoridad señalada como responsable en contra del auto de fecha-, que fue notificado dentro de los autos del Juicio Laboral número -, que se reclama el pago de indemnización constitucional por despido injustificado y otras prestaciones laborales, ante Junta Especial número 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de este Distrito Judicial". El suscrito advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, segundo párrafo del precepto 107 de la misma codificación, que amerita desechar la presente demanda de amparo, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El artículo 61 fracción XXIII, y el diverso 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es así, pues tomando en consideración el contenido de la demanda que se analiza, se pone en relieve que dentro del juicio laboral número -, presenta los antecedentes siguientes: En laudo dictado el veintidós de abril del dos mil veinte, se condenó a los codemandados -, la escuela primaria y secundaria con denominación comercial -a pagar a favor del actor la cantidad de $69,132.21; además se absolvió al codemandado físico -, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en este juicio por el actor. En auto de diecinueve de agosto del dos mil veintidós, y toda vez que la parte demandada no dio cumplimiento en forma voluntaria con el laudo, se despachó ejecución en contra de -, la escuela primaria y secundaria con denominación comercial -" Y CON RAZÓN SOCIAL -". Posteriormente, del acta levantada el cinco de septiembre del año en curso, por la Actuaria adscrita a la Junta responsable donde se determinó dar cumplimiento a diversos autos dictados dentro del juicio laboral de origen -, relativos al requerimiento de pago y/o embargo; deriva de la ejecución del laudo ahí dictado, firme y declarado como cosa juzgada, en la cual dicha diligencia fue entendida con quien dijo llamarse -, quien se ostentó como subdirectora, y en la cual la Fedataria se cercioró que fuera el domicilio de -, la escuela primaria y secundaria con denominación comercial -, acto emitido en un juicio en el que el quejoso es parte. Finalmente en proveído de nueve de septiembre del año en curso, se dijo que al apoderado del quejoso que se tenía por hechas las manifestaciones en términos de su escrito presentado y que se estuviera a lo acordado en los diversos autos dictados el diecinueve de agosto y el requerimiento de cinco de septiembre del año en curso. (acto aquí reclamado) Todo ello emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia. De los antecedentes descritos con antelación se aprecia claramente que el auto que constituye el acto reclamado fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, y éste no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de la Materia, esto es, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, la cual podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Máxime que no se advierte que el quejoso -, haya resentido afectación alguna en su esfera jurídica con motivo de los actos que ahora reclama, y de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, tampoco se desprende que dichos requerimientos repercuta en alguno de sus derechos fundamentales, pues si bien manifiesta que como persona física fue absuelto en el laudo dictado, lo cierto es que quien resulto condenada es la codemandada moral -; en ese sentido, tiene expedito su derecho para promover nuevamente en cuanto presidente de la moral citada ante la Junta responsable y que provea lo procedente respecto a la ejecución y cumplimiento del laudo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues los autos que son tendientes a realizar el cumplimiento del laudo emitido dentro juicio laboral número -, no son actos ajenos a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución; por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Al respecto, son de citarse la jurisprudencia número 108/2010, publicadas en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por -, por sí y en cuanto Presidente de la institución educativa denominada LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA CON DENOMINACIÓN COMERCIAL -,, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO...EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por-, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-1059/2022-1; ahora bien, previo a proveer lo que en derecho proceda, y atendiendo a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, 114 y 217 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos. Y como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que del contenido de la demanda de garantías del capítulo de antecedentes en el punto único el quejoso manifestó: "Se condena a los codemandados -, la escuela primaria y secundaria con denominación comercial "-.".Se absuelve al codemandado físico -, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en este juicio por el actor." Mientras que en el apartado conceptos de violación, refirió: "Que el 05 de septiembre del año 2022 dos mil veintidós; y aproximadamente a las 10:00 diez horas en que se constituyó el ciudadano Actuario y en Funciones de Ministro Ejecutor adscrito a este Tribunal Laboral Actuante. realizó un embargo indebido.Ya que el impetrante de garantías soy el PRESIDENTE de la institución educativa denominada LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA CON DENOMINACIÓN COMERCIAL "-". no hay razón lógica o jurídica ya que el dueño de la institución educativa en comento es el ahora quejoso." Por tanto, deberá realizar lo siguiente: 1. Si la presente demanda de garantías la promueve únicamente por sí, o también en representación de la institución educativa a que alude, y en su caso, acredite la representación que afirma tener respecto de dicha institución. 2. En caso de promoverla en cuanto representante de la citada institución educativa, manifieste desde cuando es presidente, o dueño de la misma. 3. Exhibir o transcribir los acuerdos dictados el diecinueve de agosto, cinco y nueve de septiembre del año en curso, así como sus respectivas notificaciones, o bien, como le fueron notificadas las mismas. Por otra parte, el promovente solicita la suspensión de los actos reclamados, para lo cual deberá: 4. Exhibir o transcribir la diligencia de embargo realizada el cinco de septiembre del año en curso, a efecto de estar en condiciones de proveer sobre la misma. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 23/2009, visible en la página número 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y textos siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Asimismo, atendiendo a la obligatoriedad de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común de once de noviembre de dos mil dieciséis, con número de registro 2012992, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Asimismo, deberá exhibir tantas copias sean necesarias, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Apercibido que de no cumplir con la prevención realizada en el término concedido, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del mencionado numeral 114 del ordenamiento legal invocado. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento al promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio parar oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizados para tal efecto a las personas que indica, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -, virtud a que según constancia secretarial de cuenta se advierte que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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