Ernesto Javier Fuentes Diaz

Expediente 494/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
494/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2018

Partes del expediente

  • Ernesto Javier Fuentes Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo II-494/2018-1del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de cinco de julio pasado, se desechó por notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto por-, contra el auto de seis de junio de dos mil dieciocho, citado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente copia del escrito de cuenta, signado por -, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del auto dictado el seis de junio pasado, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación, se ordena distribuir entre las partes copia de los agravios respectivos y, una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa con las constancias de notificación a las partes del auto recurrida y del presente acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada con el original del escrito de agravios y una copia para el Representante Social de la Federación de su adscripción, dentro del término de tres días que dispone el precepto citado en último término. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondientes y fórmese cuaderno de antecedentes con las copias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Asimismo, se hace del conocimiento a la superioridad, que mediante proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, al haber fenecido el termino de cinco días que establece la ley para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el proveído de seis de junio de la presente anualidad, dicho proveído causo estado; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de seis de junio de la presente anualidad, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por-, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Deneb Esparza Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número II-494/2018-1 y fórmese el cuaderno respectivo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". Se reclama en esta instancia constitucional, la resolución dictada con fecha 11 once de mayo de 2018 dos mil dieciocho, dentro del toca civil de apelación I-123/2018 mediante el cual resolvió como infundados e inoperantes los agravios hechos valer dentro del recurso de apelación interpuesto por el suscrito -, coheredero reconocido en el subyacente, contra el auto dictado el 5 cinco de marzo del presente año, dictado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, por tanto, confirma en sus términos el referido auto, lo cual resulta ilegal a todas luces puesto que el albacea carece de personalidad y personería para actuar como lo hace, lo que se advertirá en el apartado correspondiente." Acto, respecto del cual, la suscrita estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, y es de texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Luego, si como ya quedó precisado, el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el once de mayo de la presente anualidad, dentro del toca civil de apelación I-123/2018, en la que el Magistrado responsable declaró infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el aquí quejoso, contra el auto dictado el cinco de marzo del año en curso, en el que aduce que el albacea carece de personalidad y personería, en el juicio intestamentario donde se le designo como albacea provisional; se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en ese procedimiento; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa obtiene resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. Por tanto, resulta evidente que los autos reclamados, no constituyen un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, virtud a que hasta este momento, no es posible determinar si el sentido en que se resuelva sobre la revisión y en su caso la modificación de la medida cautelar alimenticia provisional, va a causarle un perjuicio, la cual no tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio de garantías; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 8/2015, de la Primera Sala del Máximo Tribunal, localizable en la página 478, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Así como la diversa tesis jurisprudencial número 48/2016, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese orden de ideas, se determina que el acto aquí reclamado, no es de aquéllos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que como quedó anotado el acto que reclama la parte quejosa, se trata de la suspensión de la celebración de la audiencia especial sobre revisión o modificación de la medida cautelar alimentaria provisional y el desechamiento del recurso de apelación contra la suspensión de dicha audiencia; lo que evidencia que no es de aquellos actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento y tiene como consecuencia una ejecución de naturaleza adjetiva, cuyos efectos pueden destruirse si obtiene resolución favorable sobre dicha solicitud, con lo cual las consecuencias de la posible violación, se extinguirían en la realidad sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del impetrante de garantías y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es aplicable por las razones que la informan, la diversa jurisprudencia 24/92, Octava Época, emitida por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Gaceta, visible en la página 11, que es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.

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