Ernesto Jose Gomez Mendoza

Expediente 156/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
156/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Jose Gomez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni documentos originales que devolver a las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés... Vista la demanda promovida por -, por propio derecho, en contra de los actos reclamados al Juez Sexto Civil de la Ciudad de Morelia; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VI-156/2023-1. ACTO RECLAMADO Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La falta de emplazamiento, o ilegal emplazamiento llevado a cabo al suscrito dentro del expediente número -, Ordinario Mercantil del Juzgado Sexto Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional reclamando, la falta de emplazamiento, o ilegal emplazamiento llevado a cabo dentro del juicio ordinario mercantil número -, del índice del Juzgado Sexto Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán, promovido por -, en contra del impetrante, controversia de cuya existencia refiere haber tenido conocimiento se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Que - promovió demanda en la vía ordinaria mercantil sumaria, en contra del impetrante, sumario que se encuentra registrado con el número - del índice del Juzgado Sexto Civil de este Distrito Judicial. 2. Asimismo, el impetrante manifiesta que no ha sido emplazado a dicho sumario, y fue informado que el mismo se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, lo que se traduce en que el juicio natural se encuentra en trámite, puesto que no se ha dictado sentencia que lo resuelva. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción V -aplicado a contrario sensu así como 172, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;" Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo rubro y texto se transcribe "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la resolución conclusiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo o indirecto -según sea el caso- que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al asunto. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que éstos, para ser calificados como irreparables, necesitan ineludiblemente producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Puntualizado lo anterior, conviene volver a señalar que el inconforme acude a esta instancia constitucional reclamando la falta de emplazamiento o ilegal emplazamiento practicado en la controversia de origen. Luego, resulta claro que no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, aunado a que no se producen efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos de ninguna de las partes, ya que no afectan los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impiden el ejercicio de algún derecho; de ahí que las consecuencias de las actuaciones reclamadas son sólo intraprocesales, toda vez que tienen el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. De ahí que las violaciones procesales que aduce fueron cometidas en los actos reclamados, pudieran quedar extinguidas con la emisión de una resolución favorable a los intereses del impetrante y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, el agraviada está en condiciones de hacerlas valer en el amparo directo que -de estimarlo pertinente- se intente contra la sentencia de segunda instancia que ponga fin al juicio. Se afirma lo anterior porque el quejosa se encuentra en posibilidad de comparecer al juicio de origen a dilucidar los derechos que estime pertinentes, ya que -según los hechos narrados en la demanda bajo formal protesta de decir verdad- se deduce que la controversia natural no ha concluido por sentencia definitiva, pues refiere que dicho sumario se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, por lo que se reitera, en caso de que la resolución que se llegue a dictar sea acorde a sus intereses, las violaciones que ahora constituyen los actos reclamados, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Y es que, el juicio de amparo únicamente procede cuando la imposibilidad de defensa deriva del estado procesal en que se encuentre el juicio natural, de conformidad con el cual no sea posible que quien resienta una lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular con motivo del acto de autoridad reclamado, acuda a ejercer de forma completa su derecho humano de defensa oportuna, pues solamente así podría considerarse que resulta afectado también en su prerrogativa de audiencia previa. Por ello, resulta evidente que si la controversia de origen no ha concluido, el quejoso está en condiciones de apersonarse ante la autoridad responsable y defender con amplitud sus intereses, donde cuenta con la oportunidad de ejercer plenamente su derecho humano de audiencia. Sustenta a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 250, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Octava Época del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, visible en la página 170, de la que dice "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber: a) Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b) Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados." En congruencia con lo anterior, y a mayor abundamiento, este juzgado considera que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, conforme al cual se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, mediante el cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De la interpretación sistemática de la fracción señalada en el párrafo anterior, se advierte que se establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que la persona que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Ahora bien, como ya se ha mencionado, en el caso a estudio se señaló como acto reclamado el ilegal emplazamiento practicado en la controversia de origen, diligencia que es susceptible de impugnarse a través de los medios ordinarios de defensa que rige el procedimiento del juicio primigenio. Lo anterior es así, ya que mediante dichos medios de impugnación el acto reclamado pudo haber sido revocado, modificado o confirmado; en ese entendido, al no haberse agotado los medios de defensa relativos antes de acudir al juicio de amparo, el acto en estudio carece de definitividad. De lo expuesto, se concluye que el acto que reclama el promovente era factible de ser modificado o revocado mediante el recurso respectivo que prevé la codificación procesal adjetiva por lo que al no haberse agotado en este caso dicho medio de defensa, no se cumple con el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. De igual forma, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el acto reclamado en la presente demanda de amparo, no se encuentra contemplado en alguno de los supuestos de excepción establecidos en los incisos a), b) o c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que el impetrante se encontraba obligado a agotar dicho medio de defensa ordinario, antes de acudir a la presente vía constitucional. Sirve de apoyo a la anterior la jurisprudencia III.1o.C.J/34, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1041, del tomo XVI, noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 185542, cuyo rubro y contenido son: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Asimismo sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37 de la Novena Época con número de registro 187016, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, visible a página 902 de rubro y texto siguiente "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También sirve de apoyo a los anteriores razonamientos la tesis XVII.1º.C.T.15K, de la Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, del tomo 3, Abril de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro IUS 2003381 del tenor siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ernesto José Gómez Mendoza. Hágase del conocimiento al promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http//www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

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