Ernesto Torres Velez

Expediente 1100/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1100/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2016

Partes del expediente

  • Ernesto Torres Velez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Visto el escrito signado por Ernesto Torres Vélez, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de prevención de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, pues al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: a) Mediante audiencia inicial de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, no fue resuelto nada, pues fue hasta el veintiocho de los citados mes y año que se decretó auto de vinculación a proceso en su contra; y, b) Que la situación jurídica que guarda actualmente, es que está vinculado a proceso dentro de la carpeta administrativa 0008/2016/PUEBLA. En ese sentido, si en el escrito inicial de demanda reclamó la audiencia inicial de formulación de imputación relativa a la carpeta administrativa 0008/2016/PUEBLA de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 3), y en el escrito de cuenta aclara que el veintiocho de junio del mismo año se le decretó auto de vinculación a proceso; entonces, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. El artículo referido dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.). El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Así las cosas, de los antecedentes de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, fue detenido el aquí quejoso Miguel Rosete Méndez, siendo citado el veinticuatro de junio del año en curso a la audiencia inicial en donde la representación social le formuló imputación, solicitando la duplicidad del término constitucional a efecto de que le fuera determinada su situación jurídica. Lo cual, aconteció mediante diversa audiencia de veintiocho de junio del citado año, en donde le fue formalmente vinculado a proceso. Manifestaciones que constituyen una confesión expresa y, por tanto, tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en el artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos propios aseverados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, máxime que resulta un hecho notorio para la suscrita secretaria encargada del despacho, el cual se invoca con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que el aquí quejoso promovió diverso juicio de amparo, el cual fue radicado en este juzgado bajo el número 1116/2016-I-A, en el cual reclama el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, lo cual claramente evidencia lo anterior. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al habérsele formulado imputación al quejoso por la supuesta comisión de hechos delictivos, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, ya que la situación jurídica en cuestión se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de vinculación a proceso, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, en el caso es dable afirmar que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: "SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." La tesis aislada XVII.23 P, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO." Así mismo, por analogía sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.2o.P.20 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO"

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