Ernesto Torres Velez
Expediente 187/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ernesto Torres Velez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el recurso de queja Q-22/2017, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja de que se trata." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que informa que por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente de dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejosa Ernesto Torres Vélez en contra del auto de dieciséis de febrero del año en curso, dictado por este Juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Ernesto Torres Vélez, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictado en este juicio de amparo. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la substanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo, al no haberse dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo ríndase el INFORME JUSTIFICADO respectivo, manifestando que ES CIERTO que el dieciséis de febrero de la presente anualidad se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 187/2017-C, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio inicio al mismo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 187/2017-C. En primer término, conviene precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado del Juez de oralidad penal y ejecución de la Región Judicial Centro y a la Agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de flagrancia de la fiscalía general del estado de Puebla MARÍA MAGDALENA ORTEGA HUERTA, lo siguiente: "(.) ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAME: Reclamo de ambas responsables, la omisión de dar respuesta, trámite y notificarme respecto de la petición que le formuló mi entonces defensor particular Arcadio Gilberto Macías Torrentera, en la carpeta de investigación CDI7227216/UF1C4, a la agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de flagrancia de la fiscalía general del Estado de Puebla, María Magdalena Ortega Huerta, mediante escrito que de manera pacífica y respetuosa presentó en la carpeta de investigación referida, petición que se presentó el día veintitrés de junio de dos mil dieciséis, documento el cual adjunto a esta impetración de Amparo, como anexo número uno; ocurso mediante el cual se ofrecieron tres pruebas de interrogatorio, sin que se haya acordado la admisión y desahogo de dichas probanzas, hasta la presente fecha, ni por parte de la fiscalía, ni por parte del Juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro de la causa NIC:000872016/PUEBLA. (.)" En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el citado acto reclamado no es de imposible reparación, al no afectar algún derecho sustantivo. El contenido de los citados dispositivos es del tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." De la transcripción del citado precepto constitucional se advierte que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer la fracción V del artículo 107 Constitucional ya citado. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular, como en el caso, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, o un procedimiento seguido en forma de juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales o procedimientos seguidos en forma de juicio, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En el caso, si bien es cierto la parte quejosa aduce una violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, no menos verídico resulta que la materia de la petición (ofrecimiento de pruebas) que dice formuló a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla y que ni dicha autoridad ni el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro dieron contestación (se dice lo anterior en razón de que aun cuando el impetrante manifiesta haber anexado a su escrito de demanda tal documento, el mismo no fue anexado a la misma), no incide directamente en algún derecho sustantivo, cuya violación pudiera ser de imposible reparación, y por ende, haga procedente el amparo indirecto; sino debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, sin que la suscrita Juzgadora advierta que la omisión reclamada traiga como consecuencia la paralización total del procedimiento de origen, atendiendo a que el quejoso en dicho escrito manifiesta que con motivo de la integración de la citada carpeta de investigación le fue dictado auto de vinculación a proceso en la causa penal NIC:0008/2016/PUEBLA. Sustentan dichas consideraciones las siguientes tesis jurisprudenciales: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. No se inadvierte, que esta última jurisprudencia, establece en su parte final, que si el Juez de amparo advirtiera del contenido de la propia demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento, pues en ese caso el juicio sería procedente. En tal sentido, no se advierte abierta dilación al procedimiento de la causa de origen, pues en él, ya se dictó auto de vinculación a proceso, y contra éste el propio quejoso lo impugnó vía amparo indirecto el diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Ahora bien, es un hecho notorio para quien esto provee que en el índice de este Juzgado obra el juicio de amparo 1116/2016, promovido por Ernesto Torres Vélez, en donde se negó el amparo y protección de la justicia federal en contra del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 8/2016/PUEBLA, sentencia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante ejecutoria de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca 1368/2016, por lo que se ordena glosar copia certificada de la impresión de SISE de dicho juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior, se concluye que la causa penal 8/2016/PUEBLA, se está tramitando en sus etapas procesales y no existe dilación alguna que violente los derechos fundamentales del hoy quejoso. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 107 fracción V, a contrario sentido, del mismo ordenamiento, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de mérito, por ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia anotada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizados, con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, pues no obstante que la parte quejosa manifestó que es su deseo autorizarlas en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los profesionistas que indica cuentan con su cédula de licenciados en derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. Lo anterior, sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, podrá autorizarlos en los términos que pretende. Por otra parte, respecto a la petición de que se autorice la toma de fotografías de las constancias que integran el presente controvertido, se acuerda procedente dicha solicitud, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a las demás partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y I.13o.T.15 K (10a.) del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyos rubros y texto son: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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