Ernesto Torres Velez
Expediente 349/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ernesto Torres Velez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 337 a 339), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del nueve al treinta y uno del mismo mes y año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla, consistentes en ocho discos versátiles digitales (DVD), mismos que obran en sobres cerrados agregados al presente expediente a fojas cuarenta y tres, cincuenta y tres, setenta y uno y trescientos veinticuatro; se ordena devolver dichos documentos la autoridad citada, sin que sea necesario requerirle acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda notificar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales antes descritas. Por otra parte, el citado Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla, remitió en apoyo a su informe justificado copia autorizada de diversas constancias que obran en la causa penal 8/2016/PUEBLA de su estadística, con la que se formó el anexo I en el presente juicio de amparo; y, como dicha documental está relacionada con el diverso juicio de amparo 823/2018 del índice de este juzgado; por tanto, con copia certificada del presente auto dese cuenta en el juicio de garantías mencionado para efecto de que el anexo de mérito sea integrado a ese expediente y surta los efectos legales conducentes. Así mismo, al ser innecesario conservar las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda consistente en el original el acuse de recibo del escrito presentado ante el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con residencia en Puebla (fojas 14 a 16); como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el documento aludido, apercibida que de no hacerlo éste podrá ser depurado junto con el expediente principal; el cual le será devuelto, previa identificación y constancia de su entrega.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 326 y 327), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 75 a 100), por una parte se sobreseyó en el juicio de garantías y por otra se negó la protección constitucional solicitada. Inconforme con tal resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión (foja 128 a 141), del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien lo radicó con el número de toca R-185/2018 de su índice (foja 254) y, en ejecutoria de seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 270 a 313 modificó la sentencia sujeta a revisión y concedió el amparo y protección a Ernesto Torres Vélez para el efecto de que el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla realizara lo siguiente: ".En consecuencia, procede conceder el amparo para que el juez responsable, dentro de un término prudente, y vigilando que el quejoso cuente con la defensa adecuada, dé celeridad al caso y señale fecha definitiva para la celebración de la audiencia intermedia." Por ello, en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 315 a 317), se requirió el cumplimiento del fallo protector. Así, mediante oficio JC/13787/2018 de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 322), el juez de control responsable comunicó lo siguiente: a) En audiencia de seis de junio de la presente anualidad las partes en la causa penal de origen manifestaron su pretensión de acceder a una terminación anticipada del proceso, por lo que el juez los instruyó para que comunicaran a la brevedad posible la forma en que se llevaría a cabo el trámite de dicho proceso (terminación anticipada o procedimiento ordinario); b) A solicitud del imputado, señaló el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, para celebrar audiencia de revisión de medida cautelar; y, en dicha diligencia negó la petición de modificación de la medida cautelar; c) En acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, negó la petición del imputado para revisar nuevamente la medida cautelar en que se encuentra y requirió a las partes para que se pronunciaran sobre la terminación anticipada del proceso y, ante la omisión de las partes de atender tal requerimiento, por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, señaló las catorce horas del veinticinco del mismo mes y año para la celebración de la audiencia intermedia. Así mismo, por oficio JC/13889/2018 de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 323) el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla informó que en esa fecha se celebró la audiencia intermedia dentro de la carpeta judicial administrativa 00085/2016/PUEBLA, por lo que dictó auto de apertura a juicio oral y remitió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 324 DVD). A la documental referida consistente en el disco versátil digital y oficio remitido por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable señaló fecha definitiva para la celebración de la audiencia intermedia en la carpeta judicial administrativa 0008/2016/PUEBLA, la cual llevó a cabo el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la que, previo desarrollo de las etapas procesales correspondientes, emitió el auto de apertura a juicio oral (14:33:36 a 14:40:37 DVD). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios signados por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido de los oficios y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Respecto al disco versátil digital que remitió el juez responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de pruebas documentales públicas. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto, agréguese el oficio de cuenta signado por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-185/2018 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ernesto Torres Vélez en contra de la sentencia engrosada el trece de junio de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo, así como los autos originales de dicho expediente y un tomo de prueba; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: "(.) PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías que se revisa, por la autoridad y el acto que quedaron precisados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Ernesto Torres Vélez, contra los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar sentencia en la causa penal y la excesiva prisión preventiva. CUARTO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando, la justicia de la unión ampara y protege a Ernesto Torres Vélez, contra el acto reclamado consistente en la dilación y omisión de celebrar la audiencia intermedia. QUINTO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia 2-04 de a Fiscalía de Investigación Metropolitana. (.)". Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla, para que dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son: (.) En consecuencia, procede conceder el amparo para que el juez responsable, dentro de un término prudente, y vigilando que el quejoso cuente con la defensa adecuada, dé celeridad al caso y señale fecha definitiva para la celebración de la audiencia intermedia. (.)". Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido por esta autoridad federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla, este cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
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