Ernesto Sepulveda Luna
Expediente 975/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ernesto Sepulveda Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintitrés de enero del año que transcurre, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de ******************** de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 975/2022-V, promovido por ********************, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado en misma fecha a este órgano jurisdiccional, ********************, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cuarto Civil por Audiencias y la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares, ambos del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, a quienes les reclamó: (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- de la autoridad señalada como responsable ordenadora CUARTO CIVIL POR AUDIENCIAS reclamo Resolución emitida en el juicio Ordinario Civil, que llevo bajo número de expediente ********************, del día ******************** de ******************** del 2020. De la autoridad señalada como responsable ejecutora, se reclama la ejecución de la sentencia, así como todas las notificaciones de autos o citas que nunca me hicieron, afectándome a mi defensa y dejándome en completo estado de indefensión, afectando mis garantías individuales. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de ******************** de ******************** de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 975/2022-V, se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; luego, el seis de ******************** de dos mil veintidós, se emplazó al tercero interesado ********************. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de ******************** de dos mil veintidós (foja 25), se ordenó notificar mediante lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de ******************** de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/20******************** y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el inmueble que el quejoso reclama como de su propiedad, se encuentra dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La transgresión al derecho de propiedad que aduce tener el disconforme respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, esto es, el ubicado en calle ********************número ********************, colonia********************, en esta ciudad; al no haber sido oído, ni vencido dentro del juicio oral ordinario (acción elevación de escritura) ********************, del índice del Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, respecto del que se ostenta tercero extraño por equiparación, y del que reclama su falta de emplazamiento, así como la sentencia condenatoria de ******************** de ******************** de dos mil ********************; y, actos de ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil ********************, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en razón de que, al rendir su informe justificado, aceptó categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Por su parte, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, manifestaron que no son ciertos los actos que se les endilgan; sin embargo, su negativa se se ve desvirtuada a través de lo comunicado por la Juzgadora de origen. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió la Juez del proceso, relativas al juicio oral ordinario radicado bajo el expediente ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, en el que se reclamó que se otorgara la firma de la escritura definitiva de compra venta respecto del terreno y finca identificado como lote ********************, manzana ********************, de la calle ********************número ********************, colonia********************, en esta ciudad, entre otros. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, ********************0, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 268439, Sexta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Volumen XVIII, Tercera Parte, página 34, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA DE. Si bien es cierto que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos proceden, también lo es que, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal, de tal manera que lo hecho constar en un documento público puede ser desvirtuado por otras pruebas que, en c********************pto, del juzgador, sean plenas para contradecir lo asentado en aquel documento. Así como la jurisprudencia ********************8, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley citada en segundo término. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 35, Volumen XCIII, Sexta Época, registro digital 257792, Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, página 35, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA. ES DE ORDEN PÚBLICO. La improcedencia en los juicios de amparo en revisión es una cuestión de orden público que puede examinarse de oficio. Causa de improcedencia respecto del emplazamiento reclamado. En relación al acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio natural al quejoso -el quejoso lo citó como falta de emplazamiento-, esta resolutora estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En términos de esas disposiciones y para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este c********************pto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta, acorde al criterio que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 280, tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Apéndice de 2000, Novena Época, registro 196932, que es del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este c********************pto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ahora, a efecto de corroborar el criterio adoptado por este juzgado, se considera conveniente narrar los antecedentes del acto reclamado los cuales son los siguientes: 1. En su escrito de demanda, el quejoso ********************, indicó que el cuatro de octubre de dos mil veintidós, acudió al Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, a efecto de revisar todo lo actuado en el expediente ********************, percatándose que se le estaba demandando el ejercicio de la acción de elevación de escritura respecto del contrato de compra venta del inmueble marcado con el número ******************** (********************) ********************, de la calle ********************colonia********************, en esta ciudad, señalando de manera expresa -del cual el quejoso no soy el legítimo propietario y mucho menos firme-, toda vez que el reside en la casa marcada con el número ******************** (********************), de la citada calle y colonia (fojas 2 a 5). Por otra parte, de las constancias que remitió la Juez señalada como responsable, se desprenden los datos siguientes: 2. El ******************** de ******************** de dos mil ********************, la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, radicó el juicio oral ordinario (acción elevación de escritura), bajo el número ********************, en el que ******************** demandó a ********************, la firma de la escritura definitiva de compra venta que celebró con el demandando, respecto del terreno y finca identificado como lote ******************** (********************), manzana ******************** (********************), de la calle ********************número ******************** (********************), colonia********************, en esta ciudad (fojas 39 a 48). 3. El ******************** de ******************** de dos mil ********************, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, llevó a cabo el emplazamiento del demandado ******************** (foja 49). 4. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el ******************** de ******************** de dos mil ********************, compareció a juicio ********************, dando contestación a la demanda interpuesta en su contra y ofreciendo las pruebas de su intención, escrito que fue acordado el veinti******************** de los mismos (fojas 50 a 86). 5. El ******************** de ******************** de dos mil ********************, se celebró la audiencia de juicio; y el ******************** de ******************** del citado año, en continuación de audiencia de junio, se dictó sentencia, en la que se condenó al demandado, aquí quejoso, a la elevación de escritura pública del documento privado de ******************** de ******************** de ********************, que contiene el contrato de compra venta celebrado entre el actor y el demandado, respecto del terreno y finca identificado como lote ******************** (********************), manzana ******************** (********************), de la calle ********************número ******************** (********************), colonia********************, en esta ciudad; fallo que causó ejecutoria el ******************** de ******************** del citado año (fojas 117 a 119; 123 a 1******************** y 129). 6. El ******************** de ******************** de dos mil veintiuno, en rebeldía del aquí quejoso, se ordenó otorgar la escritura pública, por lo que se enviaron los autos a la Notaría Pública Número ********************y el ******************** de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al citado Notario comunicando que había quedado protocolizada la escritura (fojas ********************2 y ********************4). En el presente caso, como se puede advertir de los antecedentes narrados, sobre todo del destacado en el punto cuatro, el ahora quejoso ********************, en su carácter de demandado, mediante escrito, compareció al juicio oral ordinario ********************, seguido en su contra ante el Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Así pues, es indudable que queda evidenciado que el quejoso compareció a juicio y estuvo en posibilidad de defender sus derechos, puesto que tuvo conocimiento del juicio tramitado en su contra, al comparecer mediante escrito presentado el ******************** de ******************** de dos mil ********************, lo cual conlleva a determinar que es sabedor del proceso iniciado en su contra. Aunado a lo anterior, se tiene que dicho actuar -contestación de la demanda-, no fue controvertido por el aquí quejoso, no obstante que en proveído de ******************** de ******************** de dos mil veintidós, este Juzgado ordenó correrle traslado con el informe justificado y anexo presentado por la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, de las que destaca el emplazamiento llevado a cabo el ******************** de ******************** de dos mil ********************, el escrito por medio del cual compareció a juicio y la sentencia emitida el ******************** de ******************** de dos mil ********************, lo que genera una presunción de su validez. En ese sentido, es evidente que no puede atribuirse al quejoso el carácter de persona extraña con el que se ostenta en el presente asunto, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte demandada que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 39/2001, página 93, con número de registro 189916 que dispone lo siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En atención a la jurisprudencia transcrita, resulta inconcuso que basta la comparecencia al procedimiento de origen para desvirtuar el carácter de aquella persona que se ostenta como tercero extraño por equiparación en un juicio de amparo, es decir, que al haber acudido el quejoso al juicio de origen, no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación; esto es, que siendo parte demandada no haya sido llamada a hacer valer sus derechos. Al respecto cobra aplicación la tesis IX.2o.6K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 537, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, registro digital 201160, que dice: EMPLAZAMIENTO. SI SE CONOCE LA EXISTENCIA DEL JUICIO DEL QUE DERIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Conforme a la jurisprudencia P./J.18/94, publicada en las páginas 16 y 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 78, con la voz "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION", para que proceda el juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento, por irregularidades en su práctica, es necesario que el promovente tenga un desconocimiento total del juicio del que emana dicho emplazamiento, pues de no ser así, no puede equiparársele a un tercero extraño. Como en el caso de que la persona que pide amparo contra un emplazamiento que estima irregular, tiene conocimiento con mucha anticipación del juicio en el cual se llevó a cabo, por haber manifestado en un escrito firmado por ella misma, dirigido a la autoridad que conoce del caso, el número del juicio y el nombre del demandante, así como el hecho de ser la parte demandada; lo que no deja lugar a dudas de su conocimiento del juicio y de que estuvo en posibilidad de acudir al juicio ordinario a defender sus intereses, en lugar de promover el juicio de amparo indirecto. Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1181, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, registro 172********************0, que dispone: TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia. En efecto, si el quejoso compareció mediante escrito al juicio ********************, es claro que no le asiste el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le permitió tener conocimiento de las prestaciones reclamadas y oponer las excepciones pertinentes. Lo que no deja lugar a dudas sobre los alcances e interpretación que este órgano jurisdiccional otorga al referido criterio jurisprudencial, es decir, que al tener la parte quejosa conocimiento y comparecer al procedimiento, extingue cualquier posibilidad de que se le pueda considerar persona extraña. En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que el solicitante de amparo no tiene la calidad de persona extraña al procedimiento, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Consecuentemente, como quedó plenamente justificada la causa de improcedencia en examen, contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado señalado en este apartado, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que torna imposible entrar al estudio de los c********************ptos de violación formulados por el quejoso. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos dictados dentro de juicio y de ejecución de sentencia, por no haberse impugnado por vicios propios. II. Sobreseimiento que se hace extensivo a la sentencia definitiva de ******************** de ******************** de dos mil ********************, al no ser reclamada por vicios propios, sino en vía de consecuencia del emplazamiento, atento a las consideraciones esgrimidas en la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164073, Novena Época, Materia Laboral, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 9, que reza: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los c********************ptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los c********************ptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los c********************ptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Lo anterior es así, pues una vez que el Juez de Distrito ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los c********************ptos de violación en contra de la sentencia, se deben diferenciar dos supuestos: a. Que las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, carezcan de definitividad. b. Que sean resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. Pues bien, cuando se trata de procedimientos en los cuales la ley que rige el acto reclamado exige que el quejoso haya agotado previamente al amparo el principio de definitividad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que debe regir la jurisprudencia P./J. 121/2005, con registro digital 177010. Ahora bien, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de c********************pto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal establece la procedencia genérica del amparo tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos y del trabajo. Así, establece que procede el amparo cuando se reclaman sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Como es indicado por el numeral en comento, atendiendo al acto reclamado, el Constituyente ha distinguido la procedencia del amparo en vía directa o uniinstancial, cuando se trata del amparo promovido contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que ponen fin al juicio; a su vez, la fracción V, inciso c) del numeral en comento, establece: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.) Como muestra la disposición reproducida, corresponde conocer al Tribunal Colegiado de Circuito cuando se reclaman sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, respecto de las cuales no c********************da la ley algún recurso. La procedencia del juicio de amparo directo se condiciona a que se reclamen resoluciones definitivas, respecto de las cuales no c********************da algún recurso la ley secundaria para modificarlo o revocarlo, en términos de la fracción V del artículo 107 constitucional; y al respecto, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer c********************ptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. El artículo reproducido revela que las sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no c********************dan recurso ordinario. En el amparo, el principio de definitividad exige que el quejoso haya agotado previamente al amparo la interposición del recurso establecido para tal efecto. De no ser el caso, el juicio será improcedente. Ilustra al respecto la jurisprudencia P./J. 17/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, de julio de 2003, página 15, con registro digital 183862 DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no c********************den recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no c********************den recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. A la luz de las anteriores consideraciones, el Pleno de la Corte estimó que cuando en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito estime que el emplazamiento fue legal, enseguida, deberá analizar si se trata de un laudo o sentencia definitiva. En el supuesto de que se determine que no se trata de una sentencia definitiva, debe subsistir la jurisprudencia en cuanto a que deberá declarar inoperantes los otros c********************ptos de violación, expresados contra los actos posteriores al emplazamiento, incluso en contra del laudo, toda vez que al haberse determinado la legalidad de aquél, debe también considerarse que el impetrante de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En contrapartida, si el Juez de Distrito advierte que se trata de una sentencia definitiva, en consecuencia, deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Con motivo de lo expuesto, se advierte que, una vez que el Juez de Distrito ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, se deben diferenciar dos supuestos: a. Que se trate de sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, que carezcan de definitividad. b. Que se reclamen resoluciones definitivas respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. Al respecto, esta resolutora considera que por lo que hace a la sentencia de ******************** de ******************** de dos mil ********************, dictada en el expediente ********************, por la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, se está en el supuesto contemplado en el inciso a), y por ello, el quejoso se encontraba constreñido a agotar el principio de definitividad. Lo anterior es así, acorde a lo establecido en los numerales 168, 365, fracción II, 624, 625, 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que a la letra dicen: 168. Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda. 365. Causan ejecutoria por declaración judicial: (.) II. Las sentencias contra las que hecha notificación en forma, no se interponga recurso en el término señalado por la ley; y, 624. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. 625. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo o en el suspensivo, pudiendo ser el primero de tramitación inmediata o conjunta con la sentencia, según sea el caso. 626. Cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, las resoluciones judiciales solo serán apelables si el importe de aquel excede de 500 Unidades de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo el importe del negocio se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de este código. Las sentencias que fueren recurribles conforme al primer párrafo de este artículo, serán apelables en efecto suspensivo. Sólo serán apelables los autos e interlocutorias si la sentencia fuere susceptible de apelación o lo disponga la ley. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. De los numerales en estudio se desprende que cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, las resoluciones judiciales solo serán apelables si el importe de aquel excede de 500 unidades de medida y actualización; y que para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda. En este caso, la parte actora en el proceso de origen, reclamó la acción de elevación de escritura del documento privado de ******************** de ******************** de ********************, que contiene el contrato de compra venta celebrado entre el actor y el demandado, respecto del terreno y finca identificado como lote ******************** (********************), manzana ******************** (********************), de la calle ********************número ******************** (********************), colonia********************, en esta ciudad; así, en el citado contrato que obra a fojas cuarenta y dos a cuarenta y cuatro del sumario, se asentó que el comprador pagó al vendedor la suma de ******************** pesos moneda nacional. Luego, atendiendo a lo establecido en la página electrónica UMA (inegi.org.mx), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se tiene que el valor diario de la unidad de medida y actualización en el año calendario dos mil ********************, equivalía a la suma de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional; por lo que multiplicados por quinientas veces, que es el límite establecido en el ordinal 626 de la codificación civil en cita, arroja un total de cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ******************** pesos moneda nacional, la que evidentemente resulta ser menor a la suma establecida en el contrato de compraventa exhibido por el aquí tercero interesado (******************** pesos moneda nacional); de ahí que en contra de la determinación de ******************** de ******************** de dos mil ********************, dictada en el expediente ********************, por la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, procedía el recurso de apelación, medio de impugnación que no se hizo valer por el aquí quejoso, según quedó asentado en auto de ******************** de ******************** dos mil ********************, en el que se declaró que dicho fallo había causado ejecutoria. Atento a lo anterior, existe un impedimento técnico para el análisis de la sentencia que puso fin al juicio, al soslayarse el requisito de procedibilidad, al no haberse agotado el principio de definitividad, siendo competente esta resolutora para decidir sobre este acto, en términos de la jurisprudencia citada en líneas precedentes. Cobra aplicación la tesis P. XXVI/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, de ******************** de 1997, página 122, registro digital 199464, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. En la jurisprudencia publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION." (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se c********************de a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la c********************sión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se desprende que para el seis de enero del año en curso, se encontraba señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, la misma no pudo celebrarse ya que como se hizo del conocimiento del público mediante oficio 2/2023, signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados y Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito, ambos del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, se decretó la suspensión de términos y actividades presenciales del viernes seis de enero de dos mil veintitrés; de conformidad con lo establecido en los artículos 9, fracción XIII y 10, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, se señala nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, fijándose las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes quejosa, tercero interesada y agente del ministerio público adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se desprende que para el seis de enero del año en curso, se encontraba señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, la misma no pudo celebrarse ya que como se hizo del conocimiento del público mediante oficio 2/2023, signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados y Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito, ambos del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, se decretó la suspensión de términos y actividades presenciales del viernes seis de enero de dos mil veintitrés; de conformidad con lo establecido en los artículos 9, fracción XIII y 10, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, se señala nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, fijándose las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes quejosa, tercero interesada y agente del ministerio público adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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