Ernesto Ramírez Casillas
Expediente 284/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ernesto Ramírez Casillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, mediante acusa recibo del diverso remitido por este Juzgado, al que se anexaron los autos del juicio de amparo 284/2019-IV, así como original y copia del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto. Asimismo, comunica que la Superioridad admitió y registró dicho medio de impugnación bajo el número 344/2019. Lo previo, acorde a lo dispuesto por el arábigo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la pieza postal respectiva al oficio 30174/2019, relativo al auto de diecinueve de septiembre del año en curso, donde se tuvo por interpuesto el recurso de revisión del quejoso. Por tanto, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días a partir de su legal notificación, remita la pieza postal relativa a tal oficio, mismo que fue enviado por correo ordinario bajo el número de registro *****, anexándole copia simple de la factura de depósito, en el entendido, que de no contar con la pieza en mención, deberá copia certificada de la misma. Se le apercibe que en caso de no acatar lo anterior dentro del periodo otorgado para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa por cien unidades de medida y actualización, equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional ($8,449.00). Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito presentado por ***********, parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintinueve de agosto del año en curso (foja 82). Con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se ordena la distribución entre las partes de las copias del recurso de referencia. Así, de conformidad con los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 284/2019-IV, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********************. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 284/2019, promovido por *******, y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, en contra de las autoridades y actos siguientes: a) De la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre: - El procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual, se determinó el "embargo", una vez que quedó a su disposición, el vehículo identificado como ******* modelo *******, color *******, con número de serie *******, respecto del cual se ostenta propietario. b) De la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad: - La orden de despojo y/o decomiso del vehículo descrito. c) De los Elementos de las Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad: - La ejecución de la orden de despojo y/o decomiso descrita. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Se admitió y se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitaron informes previos a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se celebró y se difirió respecto la autoridad foránea que no había rendido su informe previo, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia de los actos reclamados. La Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre (foja 75), al rendir su informe previo negó la existencia del acto que le atribuyó la parte quejosa; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, toda vez que al rendir su informe previo manifestó "existe un procedimiento abierto a nombre de la parte quejosa". De lo anterior, se advierte la existencia del acto reclamado a tal autoridad. Tercero. Se resuelve sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, de conformidad con el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama de la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el acto que a continuación se describe: - El procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual, se determinó el "embargo", una vez que quedó a su disposición, el vehículo identificado como ******* modelo *******, color *******, con número de serie *******, respecto del cual se ostenta propietario. Respecto a la medida cautelar que solicita la parte quejosa, resulta improcedente la suspensión solicitada, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, dado que no acreditó la titularidad del derecho que aduce afectado. Para evidenciar el anterior aserto, es conveniente establecer que de conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: a) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; b) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; c) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, d) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión definitiva se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado para efectos de la suspensión definitiva y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. A partir de esa base jurídica, como se adelantó, en el presente caso resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados que formula la parte quejosa, al no encontrarse acreditado el interés jurídico necesario para su otorgamiento. Esto es así, porque en consideración del que suscribe, con las documentales que exhibe el quejoso no demuestra tener algún interés respecto del automotor descrito, toda vez que el documento que exhibe consistente en certificado de título se encuentra redactado en otro idioma, distinto del castellano, del cual si bien anexa la traducción relativa; sin embargo, no cuenta con la apostilla necesaria, para poder informarse de su contenido auténtico, ni el correspondiente pedimento de importación que permita establecer el legal internamiento al país de ese vehículo de motor. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional. En esta tesitura, con tales documentales no se acredita, que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados, ni que el acto reclamado le haya sido dirigido a su persona, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado vehículo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en el Tomo IV, noviembre de 1996, página 431, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época: DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento. A partir de esas bases, el quejoso ******* no demostró contar con interés que sea susceptible de ser suspendido; de ahí que deba negarse la suspensión definitiva que solicitó, pues el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que cuando se reclama en el juicio de amparo el desposeimiento de un bien, el Juzgador debe partir del supuesto de que los hechos son ciertos; sin embargo, para conceder la suspensión definitiva de un acto de tal naturaleza, es necesario de forma ineludible que la parte quejosa demuestre, que tal acto le causa agravio, y con ello, cumplir con el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, lo cual no ocurre en el caso, como fue puesto de relieve. Tal razonamiento, fue plasmado en la Jurisprudencia 96/97, que aparece publicada en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Diciembre de 1997, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. En las relacionadas condiciones, al no estar demostrado que la quejosa tenga la propiedad o esté en posesión del vehículo que refiere como de su propiedad y mucho menos su legal estancia en el país, se niega la suspensión definitiva. Es aplicable al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 262 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar. Así como la jurisprudencia 2a./J. 69/2010 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Administrativa, visible en la página ochocientos cuarenta y cinco del siguiente tenor: VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO, ADEMÁS DE LA PRUEBA DE POSESIÓN O PROPIEDAD, REQUIERE LA DEMOSTRACIÓN DE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/94 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). El criterio aplicable para determinar sobre la procedencia de la suspensión de los actos reclamados por el promovente del amparo, vinculados con vehículos de procedencia extranjera, es el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 19/94, de rubro: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.", que establece que para acreditar la procedencia de la medida suspensional, en términos del artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, no basta justificar que se tiene derecho de propiedad o posesión sobre el vehículo de procedencia extranjera, sino que también debe acreditarse que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, para lo cual debe demostrarse la legal estancia del automotor en el territorio nacional, aun cuando sólo se reclamen actos de desposeimiento no relacionados con la materia de importación. Resuelve: Único. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Ernesto Mejía López313/2016
- Ernesto Mejía López889/2023
- Ernesto Mejia Lopez241/2015
- Ernesto Miguel Escarpita Monarrez541/2020
- Ernesto Octavio Ronquillo Morales61/2017
- Ernesto Parada Huerta157/2020
- Ernesto Rey Gutierrez739/2015
- Ernesto Rodríguez Rangel570/2021
- Ernesto Sepulveda Luna975/2022
- Ernesto Vargas González1077/2023
- Ernesto Vega Ortega809/2014
- Esau Hernández Méndez777/2017