Esperanza Alcántar Manquero

Expediente 419/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
419/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Esperanza Alcántar Manquero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de sobreseimiento dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. En cuanto al incidente de suspensión original y duplicado, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por lo que, una vez que transcurran seis meses, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 419/2020, promovido por *******, que le fueron enviados en cumplimiento al proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, en el que esta juzgadora se declaró legalmente impedida para continuar conociendo del presente asunto; asimismo, informa que se admitió a trámite quedando registrado bajo el impedimento 18/2020 de su índice. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta secretarial, se tiene que el veintiocho de julio pasado, el Pleno del Consejo expidió el Acuerdo General 21/2020 mediante el cual se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del citado treinta y uno de julio, ambos del año en curso. Asimismo, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. Así, se determinó que se reforman los artículos 1 y 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con vigencia a partir del uno de noviembre de dos mil veinte, para quedar como sigue: Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 15. Turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial. Las jornadas presenciales de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal serán de seis horas. Como medida para evitar la concentración del personal, los órganos de cada edificio se dividirán hasta en ocho grupos, repartidos en dos turnos, cada uno de los cuales, a su vez, tendrá cuatro horarios de entrada y salida. Es importante enfatizar que el horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad. Por otra parte, se tiene que han fenecido los plazos decretados mediante la circular SECNO/24/2020 y SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, que precisaron que los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, retrocedieran al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19. En este sentido, toda vez que el veintitrés de noviembre del presente año, se decretó la suspensión del presente asunto al no encontrarse en los supuestos previstos por el dispositivo 4º del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión decretada de este asunto y se acuerda lo siguiente: De la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO: Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: La totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativa y retroactiva, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios del transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley Abrogada, conforme a lo señalado en el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente: [.] DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: La publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 de fecha 21 de marzo de 2020, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación. Asimismo, en escrito aclaratorio recibido mediante auto de veintitrés de septiembre de la presente anualidad, el peticionario de amparo, señaló lo siguiente: [.] por lo que hago mención que los artículos violatorios ya han sido proporcionados en el capítulo correspondiente de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, sin embargo con el fin de subsanar las omisiones que se advierten y para mayor entendimiento de los actos reclamados, me permito citar en específico los artículos de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua que violan la esfera jurídica de la suscrita, los cuales son los siguientes: Los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. los cuales se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, que establecen en el mismo orden lo siguiente: [.] A virtud de que los consideró violatorio en su perjuicio de los artículos 1, 13, 14, 16, y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, en atención al acto reclamado en este contradictorio federal, esta Juzgadora se excusa para conocer y resolver el presente asunto al actualizarse una hipótesis de impedimento que me obliga a inhibirme de conocer y resolver el presente asunto. Para sustento de la determinación que antecede, es oportuno señalar que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En relación con el derecho fundamental de impartición de justicia tutelado por el indicado precepto constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, que señala lo siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De dicho criterio se colige que las notas que caracterizan la impartición de justicia, tienen las siguientes connotaciones: Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y. Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio. Así, en cuanto a este tópico, también conviene señalar que, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término, por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera; asimismo, no solo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional que en algún momento pudieran dar lugar a mermar la imparcialidad con la que el juzgador debe conducirse. En atención al mandato constitucional dirigido a los juzgadores, en el sentido de que la justicia que impartan debe ser imparcial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juzgador debe emitir una resolución no sólo apegada a derecho, sino que debe ser imparcial, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Así la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa perspectiva, las leyes permiten que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. Además, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Amparo en la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), determinó que el principio de imparcialidad, se debe entender en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, la cual, en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca -que de actualizarse, lo obligan a inhibirse en el conocimiento del negocio sometido a su jurisdicción-; y, b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. De lo expuesto se colige que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia acorde con el mandato constitucional contenido en el artículo 17 constitucional, es la audiencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo. Para salvaguardar ese principio, el legislador federal estableció una serie de causas denominadas impedimentos, por virtud de las cuales, los operadores del derecho, en caso de ubicarse en alguna de ellas debe manifestarlo y excusarse para conocer del asunto, pues ello constituye una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional, virtud que al actualizarse cualquiera de esos supuestos, lleva a presumir su parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión o incluso, un interés directo en el asunto. En esas condiciones, el impedimento se configura como un mecanismo a través del cual el legislador aspira a preservar el derecho al Juez imparcial del justiciable, así como la confianza pública en la imparcialidad judicial. Tales supuestos se enumeran en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: Impedimentos, Excusas y Recusaciones Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. En tanto, que el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala lo siguiente: DE LOS IMPEDIMENTOS ARTÍCULO 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores; II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo; IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados; V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto; VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la misma fracción I, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores; VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I; VIII. Tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador; IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos; X. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados; XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos; XII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados; XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título; XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido; XV. Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados; XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. No es motivo de impedimento para magistrado de los tribunales unitarios el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones I a IX y XI del artículo 467, y fracción I del artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; XVII. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados. Tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo; y XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores. En el caso, y como se anunció, esta Juzgadora estima que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, de íntima relación con el supuesto contenido en la fracción VII, del artículo 146, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud que mi esposo **, como titular de varias concesiones y/o permisos de transporte de personal autorizadas por el Secretario General de Gobierno del Estado y Director de Transporte en el Estado, mediante escrito de nueve de septiembre de la anualidad en curso, promovió demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen ese carácter: 1., EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio en la torre legislativa ubicada en calle Libertad número 9 e Independencia de la colonia centro de la ciudad de Chihuahua, Chih. 2., C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio ubicado en palacio de gobierno calle Aldama 901 de la colonia centro, a cargo del C. LIC. **. 3., SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio en palacio de gobierno ubicado en calle Aldama 901 colonia centro de ciudad Chihuahua, Chih., a cargo del C. LIC. **. 4., SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DE ECOLOGÍA, con domicilio en el edificio Héroes de la Revolución, mismo que se encuentra ubicado en calle Venustiano Carranza y Rosales de la colonia centro de la ciudad de Chihuahua, Chih., a cargo del Dr. **. 5., DIRECTOR DE TRANPOSTE (sic) EN EL ESTADO, con domicilio ubicado en el edificio Libra, ubicado en la calle Periférico de la Juventud y Boulevard Ortiz Mena número 4054, a cargo del C. **. 6.. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ZONA NORTE, con domicilio en eje vial Juan Gabriel y Aserraderos s/n, en el edificio administrativo, de la colonia San Antonio, en ciudad Juárez Chihuahua, a cargo de la C. Maestra **. IV.- LEY O ACTO RECLAMADO QUE SE LE RECLAMA A CADA AUTORIDAD. A.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la APROBACIÓN y EXPEDICIÓN de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por lo que respecta a la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 10, 30 al 42, 52, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 108, fracciones IV y IX, 120, 150, 153, 155, 156, 157, QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO TRANSITORIO Y SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Transporte impugnada y la derogación del artículo 1637-J del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, misma que se publicó en el periódico oficial del Estado de Chihuahua de fecha 21 de marzo del 2020. B.- DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por lo que respecta a la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 10, 30 al 42, 52, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 108, fracciones IV y IX, 120, 150, 153, 155, 156, 157, QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO TRANSITORIO Y SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Transporte impugnada y la derogación del artículo 1637-J del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, misma que se publicara en el periódico oficial de fecha 21 de marzo del 2020. C.- DEL C SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama EL REFRENDO en la APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por lo que respecta a la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 10, 30 al 42, 52, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 108, fracciones IV y IX, 120, 150, 153, 155, 156, 157, QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO TRANSITORIO Y SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Transporte impugnada y la derogación del artículo 1637-J del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, misma que se publicara en el periódico oficial de fecha 21 de marzo del 2020. D.- DEL C SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y FACULTADES, LA APLICACIÓN INMINENTE DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CONSIDERADAS COMO INCONSTITUCIONALES EN ESTE AMPARO, EN LOS ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES QUE SE APLIQUEN AL HOY QUEJOSO. E.- DEL C DIRECTOR DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y FACULTADES, LA APLICACIÓN INMINENTE DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CONSIDERADAS COMO INCONSTITUCIONALES EN ESTE AMPARO, EN LOS ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES QUE SE APLIQUEN AL HOY QUEJOSO. F.- DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA NORTE, se le reclama EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y FACULTADES, LA APLICACIÓN INMINENTE DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CONSIDERADAS COMO INCONSTITUCIONALES EN ESTE AMPARO, EN LOS ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES QUE SE APLIQUEN AL HOY QUEJOSO.". De dicha demanda correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, donde quedó registrado como juicio de amparo indirecto 387/2020, y se admitió a trámite mediante acuerdo de catorce de octubre del año en curso. De lo anterior se colige, que el señor **, cónyuge de esta Juzgadora Federal promovió demanda de amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad de varios numerales de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto No. LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintiuno de marzo de dos mil veinte. Al igual que acontece en la demanda origen de este contradictorio, por lo que se estima, existen elementos objetivos que ponen en riesgo la parcialidad de esta juzgadora al resolver el presente asunto; de ahí que se considere actualizada la hipótesis de impedimento contenida en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, obligándome a hacerlo del conocimiento de la superioridad e inhibirme en el conocimiento del mismo. Por lo que, con fundamento en los artículos 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, 37, fracción VII y 146, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase de inmediato el presente juicio al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, previo cuadernillo de antecedentes que se forme. Lo anterior, para la calificación de la causa de impedimento que se propone, solicitando tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Finalmente, dado el sentido del presente auto, este órgano jurisdiccional se reserva señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, hasta en tanto se resuelva el impedimento planteado. Notifíquese por lista electrónica, y por oficio al tribunal de alzada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veinte.Visto lo de cuenta, se tiene que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/654/2020, fechado el veintiuno de octubre del año que transcurre, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otro lado, visto el estado de autos de los que se advierte que, el nueve de noviembre del año en curso, se encontraba señalada la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con la Circular SECNO/24/2020, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se suspende la tramitación del presente juicio de amparo. Ello es así, pues de dicha circular se desprende que en sesión de treinta de octubre de dos mil veinte, la Comisión Especial, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas. De igual manera, precisó que los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, a través del diverso SECNO/STCCNO/543/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que, dicho plazo se extendió del catorce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, este Juzgado de Distrito, únicamente tramitará ocursos que sean considerados como "urgentes", independientemente de la forma de presentación; asimismo, dará seguimiento a los asuntos ya radicados que reúnan la misma naturaleza; procediendo a la suspensión de todos aquellos asuntos que no se encuentren dentro de este supuesto. De igual manera, se recibirán y tramitarán asuntos nuevos que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con la excepción de aquellos en los cuales se requiera celebración de audiencias o diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y no pueda desahogarse mediante videoconferencia o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. En ese contexto, se precisa que de conformidad con el AG 13/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, los trámites considerados como urgentes, son los siguientes: Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En el caso, la parte quejosa reclama la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., publicada en el Periódico Oficial del Estado, número veinticuatro, el veintiuno de marzo de dos mil veinte. En ese tenor, se advierte que en el presente juicio de amparo, no se reclama alguno de los actos señalados en el dispositivo legal antes transcrito; por tanto, se suspende su tramitación y se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se reanuden las labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua.Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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