Ernesto Mejía López
Expediente 889/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ernesto Mejía López
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el fracción IV, del Artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante ***, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.spm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda de cuenta, sin firma del quejoso ********************, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y realizase la anotación en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo ********************/2023-VII. Desechamiento. Analizando el escrito de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por actualizarse un motivó de improcedencia indudable y manifiesto. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 5° fracción l, y 6° del ordenamiento invocado, pues para la admisión y tramitación del juicio es indispensable que en la demanda se exprese la voluntad de quien solicita el amparo a través de la signatura relativa. Conforme lo anterior, se tiene que dicha causa de improcedencia versa en el sentido de no permitir que se promueva un juicio sin expresar la voluntad de la persona que peticiona el amparo y la protección de la Justicia de la Nación, o de la que promueve en su representación, a través de la firma respectiva, por lo que al tratarse de una acción constitucional continúa estando sujeta su promoción a la expresión de la voluntad que al respecto realice la persona que suscribe la demanda de amparo, ya sea en nombre propio o en representación de otra. Por lo que de no realizarse no es dable jurídicamente tramitar el procedimiento relativo. Efectivamente, debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades, que de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o de cualquier persona, en los casos en que esta ley lo permita expresamente. Ahora bien, del contenido de la demanda de cuenta, se destaca que se presentó el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en cuya boleta de recepción y turno, se asentó que no contaba con firma. En este supuesto, tratándose de la presentación de las promociones a través de los buzones judiciales, debe sujetarse a lo dispuesto por el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, y que resulta vigente para los hechos aquí analizados, contenido en el capítulo quince, sección décima primera, titulado "DE LOS BUZONES JUDICIALES", el cual después de establecer la forma en que debe usarse dicho sistema, prevé en el numeral 52, lo siguiente: "Artículo 52. Es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que depositen en los buzones judiciales estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los tribunales de Circuito o juzgados de Distrito a los que presta servicio la oficina de correspondencia común de que se trate". Es decir, se establece que es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que se depositen se encuentren debidamente firmados, lo cual resulta comprensible porque no existe intervención alguna por parte del personal de esas oficinas para poder verificar el punto 8 del Manual de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, respecto las funciones atribuidas a los oficiales de partes, esto es, denegar las promociones que no correspondan a los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación de su ámbito de servicio, así como aquellas que no cumplan con los requisitos de Ley. En ese contexto, si como se dijo, la demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad -como consta en el la boleta de recepción y turno relativa-, y no se verificó que dicho ocurso estuviera debidamente requisitado; es decir, la demanda de amparo carecer de firma autógrafa, lo que no demuestra la voluntad de la parte interesada, ni la autenticidad del documento; entonces, se acredita la causal de improcedencia anteriormente referida, al no demostrarse la voluntad de la parte promovente, que constituye una formalidad esencial que permite corroborar la autenticidad de la instancia elevada ante la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.7 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 2154, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009142, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." No resulta impedimento señalar que, tal es la trascendencia de la firma a efecto de evidenciar la voluntad de las partes en los documentos que la contienen, que el artículo 3º de la Ley de Amparo, además de señalar que las promociones deben hacerse por escrito, establece la obligatoriedad del uso de la firma electrónica para los escritos, que no exhibidos en forma impresa, sean presentados mediante el empleo de las tecnologías de la información (electrónicamente). Aunado a lo referido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al resolver la Contradicción de tesis 112/2005-PS, en relación con el tema, en lo que interesa, que: ".debe mencionarse que en el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, existe disposición expresa sobre el particular, al establecer lo siguiente: Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salvo la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción. En ese orden de ideas, se debe entender, entonces, que la firma de la demanda de amparo, se debe plasmar al pie del escrito, expresión que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene dos acepciones que son las siguientes: Parte final de un escrito. Espacio en blanco que queda en la parte inferior del papel, después de terminado. Como se puede observar, la significación del término empleado en el numeral transcrito, determina en un primer plano, que el pie del escrito es la parte final del mismo, sin especificarse que deba ser inmediatamente después de terminada la redacción del texto o en las páginas subsecuentes; sin embargo, la segunda acepción determina que debe ser en la parte inferior del papel, después de terminado." De la transcripción que antecede se tiene que es preciso que conste la firma auténtica en un documento, en especial la demanda de amparo como es el caso, a fin de demostrar la voluntad de la parte correspondiente, que concurre ante la presencia judicial a hacer valer sus derechos, en tanto que esa expresión de voluntad de la parte promovente constituye una formalidad esencial que permite corroborar la autenticidad de la instancia elevada ante la autoridad, ya que no es admisible que un escrito sin firma, se pueda otorgar autenticidad al no estamparse dicha firma, pueda ser considerado como una promoción que cumpla con los requisitos de ley, en tanto que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, sin que con posterioridad a su presentación pueda ser subsanada, al constituir el requisito indispensable de existencia y admisibilidad de la misma para instar el ejercicio de la acción constitucional, ya que no se trata de una deficiencia, irregularidad u omisión de las comprendidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, susceptible de ser corregida, pues al no haberse exhibido con firma carece de toda validez, traduciéndose en un acto inexistente que no es susceptible de convalidación. Al respecto, se invoca por analogía la tesis aislada, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con página 213, Tomo VII, Enero de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". De ahí que, si como se dijo, al momento de depositar la demanda de amparo de amparo en el buzón judicial el interesado no verificó que el escrito de referencia estuviera debidamente requisitado, al haberlo presentado sin firma, se considera que se acredita la causal de improcedencia analizada, por carecer de la firma autógrafa, pues como se ha sostenido en la presente determinación, no demuestra la voluntad de la parte interesada, ni la autenticidad del documento. Luego, se considera que no se satisfizo el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, el cual se traduce en que dicha acción nunca procede oficiosamente, sino por iniciativa del afectado. En consecuencia, al quedar evidenciada la causa de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Autorizados y domicilio Con independencia de lo anterior, se tiene en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************,********************y********************, toda vez que se encontraron inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos del citado numeral, es decir, únicamente para para oír y recibir notificaciones a las demás personas que cita. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, como lugar para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma *************, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ****************, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda de cuenta, sin firma del quejoso ********************, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y realizase la anotación en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo ********************/2023-VII. Desechamiento. Analizando el escrito de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por actualizarse un motivó de improcedencia indudable y manifiesto. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 5° fracción l, y 6° del ordenamiento invocado, pues para la admisión y tramitación del juicio es indispensable que en la demanda se exprese la voluntad de quien solicita el amparo a través de la signatura relativa. Conforme lo anterior, se tiene que dicha causa de improcedencia versa en el sentido de no permitir que se promueva un juicio sin expresar la voluntad de la persona que peticiona el amparo y la protección de la Justicia de la Nación, o de la que promueve en su representación, a través de la firma respectiva, por lo que al tratarse de una acción constitucional continúa estando sujeta su promoción a la expresión de la voluntad que al respecto realice la persona que suscribe la demanda de amparo, ya sea en nombre propio o en representación de otra. Por lo que de no realizarse no es dable jurídicamente tramitar el procedimiento relativo. Efectivamente, debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades, que de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o de cualquier persona, en los casos en que esta ley lo permita expresamente. Ahora bien, del contenido de la demanda de cuenta, se destaca que se presentó el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en cuya boleta de recepción y turno, se asentó que no contaba con firma. En este supuesto, tratándose de la presentación de las promociones a través de los buzones judiciales, debe sujetarse a lo dispuesto por el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, y que resulta vigente para los hechos aquí analizados, contenido en el capítulo quince, sección décima primera, titulado "DE LOS BUZONES JUDICIALES", el cual después de establecer la forma en que debe usarse dicho sistema, prevé en el numeral 52, lo siguiente: "Artículo 52. Es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que depositen en los buzones judiciales estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los tribunales de Circuito o juzgados de Distrito a los que presta servicio la oficina de correspondencia común de que se trate". Es decir, se establece que es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que se depositen se encuentren debidamente firmados, lo cual resulta comprensible porque no existe intervención alguna por parte del personal de esas oficinas para poder verificar el punto 8 del Manual de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, respecto las funciones atribuidas a los oficiales de partes, esto es, denegar las promociones que no correspondan a los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación de su ámbito de servicio, así como aquellas que no cumplan con los requisitos de Ley. En ese contexto, si como se dijo, la demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad -como consta en el la boleta de recepción y turno relativa-, y no se verificó que dicho ocurso estuviera debidamente requisitado; es decir, la demanda de amparo carecer de firma autógrafa, lo que no demuestra la voluntad de la parte interesada, ni la autenticidad del documento; entonces, se acredita la causal de improcedencia anteriormente referida, al no demostrarse la voluntad de la parte promovente, que constituye una formalidad esencial que permite corroborar la autenticidad de la instancia elevada ante la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.7 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 2154, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009142, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." No resulta impedimento señalar que, tal es la trascendencia de la firma a efecto de evidenciar la voluntad de las partes en los documentos que la contienen, que el artículo 3º de la Ley de Amparo, además de señalar que las promociones deben hacerse por escrito, establece la obligatoriedad del uso de la firma electrónica para los escritos, que no exhibidos en forma impresa, sean presentados mediante el empleo de las tecnologías de la información (electrónicamente). Aunado a lo referido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al resolver la Contradicción de tesis 112/2005-PS, en relación con el tema, en lo que interesa, que: ".debe mencionarse que en el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, existe disposición expresa sobre el particular, al establecer lo siguiente: Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salvo la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción. En ese orden de ideas, se debe entender, entonces, que la firma de la demanda de amparo, se debe plasmar al pie del escrito, expresión que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene dos acepciones que son las siguientes: Parte final de un escrito. Espacio en blanco que queda en la parte inferior del papel, después de terminado. Como se puede observar, la significación del término empleado en el numeral transcrito, determina en un primer plano, que el pie del escrito es la parte final del mismo, sin especificarse que deba ser inmediatamente después de terminada la redacción del texto o en las páginas subsecuentes; sin embargo, la segunda acepción determina que debe ser en la parte inferior del papel, después de terminado." De la transcripción que antecede se tiene que es preciso que conste la firma auténtica en un documento, en especial la demanda de amparo como es el caso, a fin de demostrar la voluntad de la parte correspondiente, que concurre ante la presencia judicial a hacer valer sus derechos, en tanto que esa expresión de voluntad de la parte promovente constituye una formalidad esencial que permite corroborar la autenticidad de la instancia elevada ante la autoridad, ya que no es admisible que un escrito sin firma, se pueda otorgar autenticidad al no estamparse dicha firma, pueda ser considerado como una promoción que cumpla con los requisitos de ley, en tanto que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, sin que con posterioridad a su presentación pueda ser subsanada, al constituir el requisito indispensable de existencia y admisibilidad de la misma para instar el ejercicio de la acción constitucional, ya que no se trata de una deficiencia, irregularidad u omisión de las comprendidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, susceptible de ser corregida, pues al no haberse exhibido con firma carece de toda validez, traduciéndose en un acto inexistente que no es susceptible de convalidación. Al respecto, se invoca por analogía la tesis aislada, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con página 213, Tomo VII, Enero de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". De ahí que, si como se dijo, al momento de depositar la demanda de amparo de amparo en el buzón judicial el interesado no verificó que el escrito de referencia estuviera debidamente requisitado, al haberlo presentado sin firma, se considera que se acredita la causal de improcedencia analizada, por carecer de la firma autógrafa, pues como se ha sostenido en la presente determinación, no demuestra la voluntad de la parte interesada, ni la autenticidad del documento. Luego, se considera que no se satisfizo el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, el cual se traduce en que dicha acción nunca procede oficiosamente, sino por iniciativa del afectado. En consecuencia, al quedar evidenciada la causa de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Autorizados y domicilio Con independencia de lo anterior, se tiene en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************,********************y********************, toda vez que se encontraron inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos del citado numeral, es decir, únicamente para para oír y recibir notificaciones a las demás personas que cita. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, como lugar para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma *************, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ****************, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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