Ernesto Cortes Torres
Expediente 1128/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2023
Partes del expediente
- Ernesto Cortes Torres
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al que transcribe el proveído de diez de octubre del año en curso, dictado en el recurso de queja ********************, de ese índice, del que se advierte, en lo conducente, que se admitió el medio de impugnación interpuesto por el quejoso ********************, en contra del auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito suscrito por el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra de la determinación de doce de septiembre de dos mil veintitrés, y expresa los agravios de su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa; por tanto, intégrese a los autos una copia del escrito exhibido. De igual forma, se ordena remitir el escrito original de expresión de agravios y copia de éste, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno; así como el informe correspondiente en el que deberá precisarse que es cierto el acto impugnado, toda vez que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, por los motivos expuestos, se desechó la demanda interpuesta. Remítase copia certificada de las constancias que integran este cuaderno hasta la fecha de interposición del recurso, a fin que el órgano colegiado se encuentre en aptitud de sustanciar el aludido medio de impugnación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que, en su oportunidad, haga disponible el expediente electrónico del presente juicio al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del citado medio de impugnación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Ernesto Cortes Torres, contra actos del Área de reclutamiento del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, y de otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1128/2023-G. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez examinada la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán: De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Interpretados dichos conceptos a contrario sensu, es válido sostener que el juicio de amparo resulta improcedente contra normas generales, actos u omisiones que no provengan de autoridad. En ese contexto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5° antes transcrito como a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 394/2016, se puede concluir que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó esencialmente, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgarse el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. En términos muy similares, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), localizable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia(s): Común, Página 4389 del tenor siguiente: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." En ese sentido, debe señalarse que a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Considerando las notas características de los actos de autoridad, se estima que el Director y la Coordinadora de Reclutamiento y Vinculación Ciudadana, Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, ambos del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California y la Fiscalía General del Estado de Baja California, no cuentan con el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo al no encontrarse en un plano de supra a subordinación respecto del impetrante de derechos humanos. Para corroborar lo anterior, resulta oportuno establecer la naturaleza del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el proceso de ingreso a la misma. Los artículos 28 y 29 fracción XIII, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Baja California disponen: "Artículo 28.- El Instituto es una unidad administrativa de la Secretaría que tiene por objeto la formación de los aspirantes a miembros de Instituciones Policiales en el Estado y de la Agencia Estatal de Investigación, de conformidad con el Programa Rector que establece la Ley General y esta Ley. Asimismo, promoverá, facilitará, desarrollará y coordinará la profesionalización de los miembros de las Instituciones Policiales a cargo de la Secretaría y de los demás servidores adscritos a la misma. "Artículo 29.- El Instituto tendrá las funciones siguientes: . XIII.- Emitir las convocatorias para el ingreso al servicio de los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado y de la Agencia Estatal de Investigación; [.]". De la lectura de los preceptos antes transcritos, se obtiene que el Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es la responsable de elaborar y aplicar los programas de capacitación, instrucción y formación de los miembros de las instituciones policiales del Estado de la Agencia Estatal de Investigación, promover y prestar servicios educativos en las instituciones policiacas, llevar a cabo los procedimientos de reclutamiento y selección de aspirantes de los cuerpos de policía, expedir constancias de acreditación de las evaluaciones y conocimientos adquiridos por los integrantes de las instituciones policiales del Estado, entre otros. Es decir, el Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria, es el organismo perteneciente a la administración pública desconcentrada que se encarga del ingreso, formación y capacitación de los aspirantes a miembros de Instituciones Policiales en el Estado y de la Agencia Estatal de Investigación, con facultades y atribuciones establecidas en una ley estatal. Por su parte, los artículos 57, fracción XIII y XV, y 61, fracciones I, II, III y V, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California y los numerales 31, 109, 113, 114, y 116 apartado A, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, y 186 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Baja California ordenan: Artículo 57. El Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria tendrá las atribuciones siguientes: . XIII. Aprobar y expedir las convocatorias para el ingreso al servicio de los Miembros de las instituciones policiales del Estado y de la Agencia Estatal de Investigación; . XV. Expedir documentos comprobatorios a Miembros, cadetes y alumnos de conclusión satisfactoria de los estudios y capacitación correspondiente en el Instituto [.]". Artículo 61. El Departamento de Reclutamiento y Vinculación Ciudadana tendrá las atribuciones siguientes: I. Proponer las convocatorias para el ingreso a las instituciones policiales y la Agencia Estatal de Investigación del Estado; II. Desarrollar el programa de convocatorias para el reclutamiento de aspirantes a ingresar a las instituciones policiales y la Agencia Estatal de Investigación del Estado; III. Diseñar y actualizar las políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación; . V. Realizar las entrevistas pertinentes de preselección a los aspirantes que deseen integrarse a las Instituciones Policiales y la Agencia Estatal de Investigación del Estado; [.]" "Artículo 31.- El Instituto será responsable de aplicar el Programa Rector de Profesionalización que establece la Ley General, tendrá las siguientes funciones: . XI. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación; . XIII. Proponer las convocatorias para el ingreso a la Fiscalía General, en los cargos de Agentes del Ministerio Público, Peritos y Agentes de la Policía Ministerial; XVII. Supervisar que los aspirantes, Miembros de las Instituciones Policiales, Agentes del Ministerio Público y Peritos se sujeten a los programas de formación; [.]" XVIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables." "Artículo 109.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales. SECCIÓN SEGUNDA SELECCIÓN "Artículo 113.- La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales. Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias correspondientes sobre los aspirantes aceptados. SECCIÓN TERCERA INGRESO Y PERMANENCIA "Artículo 114.- El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo con el Certificado Único Policial que obtenga al terminar la etapa de formación inicial o capacitación que impartirá el Instituto, el período de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley. "Artículo 116.- Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes: A. De Ingreso: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad; II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; III. No tener antecedentes penales por delito doloso en el país o por aquellos que se consideren como tales en el extranjero, ni estar sujeto a proceso penal por delito doloso; IV. No estar sujeto a investigación, averiguación previa V. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; VI. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente; b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica; VII. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; VIII. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables; IX.- Contar con la residencia mínima en el Estado que exijan el reglamento de la Academia; X. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; XI. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; XII. No ser afecto al consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; XIII. No padecer alcoholismo; XIV. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; XV. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; XVI. No haber sido inhabilitado, separado o removido del cargo de la misma u otra institución policial; XVII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma; XVIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. [.]" "Artículo 186.- En ningún caso procederá la reincorporación, restitución o reinstalación en el servicio del Miembro, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiera promovido. El Miembro que llegare a obtener resolución que considere injustificada la separación remoción, baja o cualquier otra forma de terminación del servicio o separación definitiva por falta de requisitos de permanencia o por responsabilidad administrativa, recibirá el pago de la indemnización y de las condiciones del servicio que de manera proporcional le correspondan, lo que incluirá el pago de la remuneración diaria, beneficios, recompensas, estipendios, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el Miembro por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. La indemnización consiste en la cantidad equivalente a tres meses de la remuneración que gozaba hasta antes de su separación definitiva o remoción del cargo." De la lectura de los preceptos antes transcritos, se obtiene que el procedimiento de selección e ingreso al servicio de carrera policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, el cual se compone de las siguientes fases: i. Reclutamiento. Es el procedimiento a través del cual se busca atraer aspirantes idóneos para su selección a fin de que ocupen un puesto dentro de la carrera policial. Inicia con la publicación de la convocatoria aprobada por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y para su inscripción es necesario presentar la solicitud correspondiente y los documentos requeridos para cada uno de los aspirantes. ii. Selección. Es el proceso consistente en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado la etapa de reclutamiento, a quienes seleccionarán para ingresar a los cuerpos de seguridad pública. En esta fase se determinará si el aspirante cumple con los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, físicas, intelectuales y de conocimiento conforme al perfil del grado por competencia a cubrir, mediante la aplicación de diversas evaluaciones, entre las que se encuentra el no haber sido inhabilitado, separado o removido del cargo de la misma u otra institución policial. De lo antes sintetizado, se concluye que es en esa etapa -de selección- que el aspirante adquiere el derecho a recibir el adiestramiento necesario para formar parte del cuerpo policiaco, así como las obligaciones contenidas en el reglamento, es necesario que se encuentre inscrito en el curso de formación inicial. En el caso concreto, al no haber satisfecho los requisitos documentales previstos en la convocatoria respectiva, de conformidad con el numeral 186 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, se determinó improcedente la continuidad del trámite de ingreso bajo la modalidad de asimilación a la Agencia Estatal de Investigación, ya que se dijo, fue removido por haber incurrido en responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones, con independencia del resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido en contra de dicha remoción. En ese orden de ideas, se corrobora que el promovente se encontraba en la primera fase de reclutamiento y selección para ingresar al Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, nunca obtuvo la calidad de miembro. Por tanto, se estima que al no haber concluido satisfactoriamente el procedimiento de selección para el ingreso bajo la modalidad de asimilación a la Agencia Estatal de Investigación, no fueron incorporados al quejoso los derechos de estudiante o "miembro" del citado centro de formación y capacitación, de ahí que se corrobore que únicamente contaba con una expectativa de derecho que no se concretó al no haber sido admitido por autoridad competente en el referido instituto. En ese tenor, se estima que la relación existente entre el Director y la Coordinadora de Reclutamiento y Vinculación Ciudadana, Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, ambos del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, no es de supra a subordinación, sino de coordinación, ya que el solicitante no logró incorporar a su esfera jurídica derechos y obligaciones con relación a ésta, al incumplir con los requisitos correspondientes para ser considerado como "miembro" o estudiante de dicho centro. Similares consideraciones rigen respecto de la autoridad que el quejoso denomina Fiscalía General del Estado de Baja California, lo anterior porque de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, no se encuentra dentro de sus atribuciones determinar en relación con el proceso de aspirante como asimilado de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General Estatal. Por lo expuesto, se considera que la relación existente entre la Fiscalía General del Estado de Baja California y el promovente, tampoco es de supra subordinación, pues como se ha explicado el promovente de la protección constitucional nunca formó parte del cuerpo policiaco u obtuvo la calidad de miembro. En este orden de ideas, el juicio de amparo de que se trata es improcedente, pues se estima que las actuaciones del Director y la Coordinadora de Reclutamiento y Vinculación Ciudadana, Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, ambos del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California y la Fiscalía General del Estado de Baja California, no son actos de autoridad para efectos del juicio constitucional, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, a contrario sentido, ambos de Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso concreto por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 180/2005, emitida por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en el Tomo XXIII, Enero de 2006, en su página: 1261, que es del rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios." De igual forma, se cita como apoyo a lo determinado, por lo que informa, la tesis I.7o.A.813 A (9a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 160519, Décima Época, consultable en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3835, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto del tenor literal siguiente: "PERITOS PROFESIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INCLUIR A UN ASPIRANTE EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA INGRESAR AL CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIAL RELATIVO (GENERACIÓN 2010), IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. En los casos en los que la litis del juicio de amparo se refiera a la determinación de no incluir a un aspirante en el proceso de reclutamiento y selección para ingresar al Curso de formación y capacitación inicial para peritos profesionales, generación 2010, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en tanto que dicha actividad académica forma parte del procedimiento para acceder al concurso de ingreso por oposición para obtener el cargo respectivo en la Procuraduría General de la República, el análisis de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 12/2002, 2a./J. 125/2005 y 2a./J. 180/2005, de rubros: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO."; "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LOS ALUMNOS DEL CURSO PARA INGRESAR A ESA INSTITUCIÓN TIENEN INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO SU BAJA O SEPARACIÓN." y "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XV, marzo de 2002, XXII, octubre de 2005 y XXIII, enero de 2006, páginas 320, 781 y 1261, respectivamente, así como de la convocatoria respectiva, permiten determinar que la calidad de aspirante no genera vínculo alguno con la mencionada procuraduría, en tanto que al registrarse para acudir a las evaluaciones sólo se adquiere ese derecho, es decir, la posibilidad de ser evaluado; de resultar seleccionado, participar en el curso y, en caso de aprobarlo, acceder al concurso de ingreso por oposición, de suerte que al no lograr el grado de alumno, sino sólo el de aspirante, no se incorporan a la esfera del quejoso los derechos y obligaciones inherentes a su ingreso al curso y, por ende, no se genera una relación de supra a subordinación, la cual es necesaria para calificarlo como acto de autoridad; de ahí que, en la hipótesis inicialmente señalada, el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso numeral 11, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia." Por tanto, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Ernesto Cortes Torres, contra actos del Área de reclutamiento del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, y de otras autoridades. Domicilio y autorizados. Como se advierte de la certificación de cuenta, al consultar el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró cédula profesional registrada a nombre de Rodolfo Valverde Ocaña, Elizabeth Revilla Gualito y Rodolfo Valverde Revilla; por tanto, únicamente se les autoriza en los términos restringidos establecidos en el último párrafo del numeral 12 de la ley de Amparo; asimismo, se tiene como domicilio procesal el señalado en el escrito que se atiende. Solicitud acceso al expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículos 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento a la promovente que para autorizar el acceso al expediente electrónico deberá proporcionar su nombre de usuario, en la inteligencia de que con independencia de si la demanda se presentó por la vía física o electrónica, la parte legitimada para tal fin, podrá hacer dicha solicitud de acceso en cualquier momento, de conformidad con el numeral 40 del citado Acuerdo General Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y numeral 258 del Acuerdo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" para consultar expedientes . Comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se toma nota del número telefónico y correos electrónicos proporcionados por el promovente, a efecto que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Erkebai Uulu Imatali614/2023
- Erna Martha Salazar Nuñez32/2020
- Ernestina Payan Murillo491/2023
- Ernestina Ruiz Tejeda461/2021
- Ernestina Ruiz Tejeda542/2023
- Ernesto Arquieta Landeros172/2020
- Ernesto Eduardo Villaseñor Sandoval497/2022
- Ernesto Guadalupe Orozco Jaimes945/2022
- Ernesto Jesus Armenta Sanchez240/2022
- Ernesto Jesús Armenta Sánchez792/2021
- Ernesto Molina Arenas472/2021
- ERNESTO OSORIO CHAVEZ y Otros.1350/2023